...y perdona nuestras deudas...

El tema de los morosos, la deuda privada impagable, la imperiosa e imprescindible necesidad de rescatar a los que tomaron deuda, no es nuevo en el país. Al contrario, se viene repitiendo desde hace décadas, con causas diversas y no siempre precisas ni siempre justificables. 

Por ejemplo, hace 40 años el autor publicó, en otro medio, una nota titulada No hay deuda que no se pague. El refrán martinfierrista indicaba, obviamente, que trataba de una cuestión similar, pero en aquella oportunidad los morosos o “perjudicados” eran muchos que ahora posan como grandes empresarios, inversores y salvadores de la patria. Y otros que eran simplemente avivados. Durante el período de Martínez de Hoz, y tratando de dejar conforme a todo el mundo, en especial a los criterios divergentes de las tres Fuerzas Armadas, se confluyó en un sistema financiero absolutamente delirante. 

Por el mismo, cualquier inversión que se hiciera en una financiera era garantizado por el Banco Central, no importaba el monto ni la tasa. La tasa de interés en ese momento llegó a ser del 200% anual dentro de ese sistema. Pero como al mismo tiempo la banca oficial prestaba al 14% anual, nació lo que se podría llamar la primera bicicleta financiera. Quienes tenían acceso a esos créditos oficiales tomaban préstamos al 14% anual y prestaban ese dinero a una financiera al 200% anual. ¡No era menester analizar la solvencia de la Compañía Financiera porque el Banco Central garantizaba cualquier depósito! Nada más que de esas operaciones se hicieron fabulosas fortunas. A su vez, esas financieras prestaban a sus clientes a esos niveles siderales de tasas de interés, que subían cada día. 

Cuando, como era previsible, el sistema colapsa, quiebran todas las compañías financieras y algunos bancos, y quedan tambaleantes muchos otros. Con el nuevo gobierno, el Central paga todos los préstamos a los inversores en las financieras. Pero los deudores de esas entidades quebradas pasaron a ser deudores del Central, que se había hecho cargo de pagar todos los plazos fijos. 

Ante semejante situación, “que ponía en peligro a todo el sistema financiero y poco menos a la humanidad” según los dichos exagerados de entonces, esas deudas de los tomadores de préstamos quedan en el limbo y todos los que habían tomado préstamos irresponsablemente jamás pagaron ni tuvieron proceso alguno de ningún tipo. Posteriormente, durante el gobierno de Carlos Menem, el Central y sus 200 abogados, inadvertidamente, dejaron caer los plazos procesales, con lo que esos tomadores jamás pagaron ni fueron sancionados. Algún petrolero de los que ahora salvan al país, metido a bancario, fue uno de los principales beneficiados. 

El pacto Nosiglia-Manzano

La prensa no suficientemente odiada esta vez se puso de la vereda de enfrente y transformó en víctimas tanto a los que habían participado en la infernal calesita (tomar crédito al 14% del Estado, colocarlo en una financiera de morondanga al 200%, usar esas ganancias de intereses como colateral para volver a tomar crédito del estado y así sucesivamente hasta la quiebra de las financieras y posterior cobro del seguro del Central), como los que habían tomado créditos de esas financieras a una tasa de más de 250 %, que nunca pagaron.

 Para explicar el fenómeno -según el periodismo nunca lo suficientemente odiado- se imaginó o se difundió el pacto real o inventado que la maledicencia popular llamó Nosiglia–Manzano, (El monje negro radical en nombre de su partido y el ahora rey del gas menemista en nombre de la Corona) por el cual el radicalismo nunca denunciaría judicialmente a un peronista por esos actos de piratería y viceversa. Por rara coincidencia, hasta el día de hoy ese acuerdo parece tener vigencia. El país perdió una cifra inimaginable en ese proceso. Nada más que los créditos cuya cobranza el Central abandonó alegremente sumaban un estimado de 20 mil millones de dólares de ese momento. 

Se trata de un caso especial, pero es una muestra de las atrocidades que se pueden cometer por impericia o por ineficacia. O por razones peores. Pero si se trata de analizar casos que involucraban a la población en general, es fácil encontrar en la historia de los últimos 50 años situaciones en que los tomadores de créditos, como en el caso de la vivienda, se enfrentaron a situaciones inflacionarias, de sistemas de ajuste o de tasas de interés que no podían pagar, y donde se esgrimieron estos mismos argumentos. La inflación que había llevado a esas situaciones de crisis también sirvió para licuar el problema, o para ocultar el costo de los rescates, refinanciaciones, aportes del estado y demás. 

Como es sabido, por muchos años rigió el criterio, tanto entre las empresas como entre los individuos, de que tomar crédito era toda una política financiera rentable, ya que la inflación tapaba todo, como la creciente oculta todas las piedras de un río. También es sabido que cuando alguien recurre a tomar un préstamo celebra el haberlo obtenido, pero de inmediato considera que quien le prestó es un usurero a nivel de Shylock, el arquetipo shakesperiano. Lo que ha cambiado ese rentable endeudamiento fue la práctica de indexar por inflación los préstamos o las tasas, lo que se agrava cuando los ingresos no siguen el ritmo inflacionario. 

Sin descartar los casos puntuales de usura que siempre existen y existirán, que están tipificados en la ley argentina, no se puede dejar de lado el hecho de que, si no existiesen esas cláusulas de ajuste, ningún banco, financista ni entidad alguna prestaría un centavo. Con lo que no habría problema de endeudamiento y morosidad, pero tampoco habría crédito. 

La pesificación asimétrica

Otro caso colectivo dramático fue la famosa pesificación asimétrica del 2001, donde los acreedores prestaban en dólares que no tenían a tomadores que deberían pagar indexado al valor de la divisa, lo que parecía genial hasta que el Estado decidió cambiar el tipo de cambio por decreto. Pasó en Uruguay también, y los efectos persisten hasta hoy y son más que conocidos. 

El título de esta nota, un ruego final del Padrenuestro reformado en la década del 80, debería ser parte de la Constitución, según la óptica de muchos deudores, o de muchos sensibles. Curiosamente, la Iglesia cambió “deuda” por “ofensas” –aun contra el original griego de los Evangelios, para no aparecer mostrando a un Dios usurero y despiadado como en Mary Poppins. Que Dios se lo pague, la extraordinaria película de Luis César Amadori de los 40, podría ser también el lema nacional. 

En el caso de los préstamos para compra de inmuebles, en todos los casos de quejas por los ajustes (más la ignorancia deliberada del sistema de amortización francesa, que es absolutamente justo), los deudores han omitido siempre tomar en cuenta el valor actualizado de la propiedad comprada frente a la cuota que está pagando. Es mejor acusar de usura al que prestó el dinero. Y más rendidor. 

El caso actual es más amplio, generalizado y complicado que las otras situaciones. En primer lugar, por lo generalizado del problema. Luego por el freno en las paritarias y en las jubilaciones, algo que, si bien es cierto tiene justificativo amplio dentro de la teoría económica, castiga de otro modo cuando se percibe desde el punto de vista de un individuo. Se agrega el desempleo y también que la tasa de interés del mercado es muchas veces elevada no como resultado de la oferta y demanda, sino como consecuencia de su uso como ancla o regulador del sistema cambiario o monetario impuesto por el Banco Central. 

El deudor, que no siempre es un experto, y no siempre quiere aceptar la realidad, percibe como usura cualquier ajuste por inflación o aumento en las tasas, pero se trata del sistema legal en vigor, que se aplica a toda la sociedad, sin que ello implique que el sistema sea bueno. Tampoco es seguro que alguien quiera prestar en condiciones más benévolas, o a pérdida. El anatocismo, o sea el cobro de intereses sobre intereses que se capitalizan, tampoco está consentido por la ley, pero sí los intereses punitorios. Aunque debe recordarse que nadie presta pensando en que no le pagarán. 

Endeudarse por desesperación

Hay un hecho de fondo que justifica y agrava el tema. En muchos casos el deudor ha tomado el crédito irresponsablemente porque no tenía ninguna seguridad sobre sus ingresos futuros. Pero lo hizo por desesperación. El individuo, porque al ajustarse los servicios esenciales no puede prescindir de ellos, y entonces tiene que sobrevivir. Las pymes porque debe mantener su estructura, su personal, cumplir sus obligaciones impositivas y con los proveedores y sufre ajustes que no puede trasladar, mientras sus ventas bajan. La desesperación, la necesidad de supervivencia, no es siempre un hecho económico, pero es una cuestión sociopolítica de extrema importancia y de graves efectos. También lo es el otorgamiento de préstamos o financiación a quien se advierte que no puede pagarlos. 

En 2000 y 2008, frente a situaciones no exactamente como la que enfrenta el país, pero de igual efecto en el sistema financiero, la Fed emitió y prestó esos fondos adicionales a los bancos con el único objetivo de que aumentaran su encaje para seguir siendo viables como entidad. 

Cuando se habla de la necesidad de reestablecer los precios relativos, se están respetando los principios elementales de toda economía sana. Pero cuando la sociedad se acostumbró a un esquema de subsidios y ha reemplazado consumos en base a los precios relativos –manoseados o no, determinados con intervención o no- cambiar ese esquema produce un shock masivo en la sociedad. Nadie guardó los fondos que ahorraba en gas o electricidad por si algún gobierno futuro sensato reestablecía un esquema de precios relativos determinados por el mercado. 

Lo que vuelve a llevar al tema del ajuste asimétrico. La casta, integrada por políticos, la jerarquía burocrática, los empresarios con acuerdos, contratos y prebendas con el gobierno, los bancos, los sindicalistas, la justicia, no han hecho su contribución al ajuste, pese a todo lo que se declame. Por lo pronto, no ha cesado el robo y la corrupción generalizada. Y no se trata de migajas. Se puede tomar dimensión del problema cuando se advierte que personajes secundarios o terciarios exhiben por descuido o abiertamente patrimonios groseros, y no se trata del caso Adorni, una minucia. 

Cada dólar que se roba implica que se ha permitido robar a terceros un valor mucho mayor. Una obra o un contrato que genera un 10% de coima a un funcionario (Tarifa mínima) está permitiendo a quien la abona una ganancia adicional dos o tres veces mayor. O directamente se está haciendo un gasto inútil. A su vez, Y aun en los casos en que no hay un accionar venal, la sola acción de las burocracias tiene contenido un porcentaje muy alto de desperdicio, impericia e ineficiencia. Ciertamente eso se agrava en los ámbitos provinciales. 

Todo ese gasto inútil y sin ninguna función social ni de gobierno ni de necesidades básicas cae sobre la cabeza del individuo y las Pymes, que navegan solitarias y desprotegidas en un mar embravecido. El peso es enorme y sistemático. Casi cruel. Y hay un hecho sociológico que pone una enorme carga sobre la economía, finalmente una sumatoria de la acción humana. Un sector mayoritario de la sociedad actuó convencido de que su sacrificio valdría la pena. De que estaba ante un cambio que volvería a poner el país en su camino de grandeza. 

En pos de ese ideal, no necesariamente por lealtad a un partido o a un líder, soportó el esfuerzo y el peso del ajuste. Primero con sus ahorros, (el gobierno se equivoca cuando cree que los dólares en el colchón son de la clase media-media, que ya los ha consumido), luego con endeudamiento para subsistir que no podía devolver, con solidaridad intrafamiliar y finalmente con privaciones. Le queda ahora la deuda y una esperanza que se debilita. Por eso empieza a mirar alrededor a buscar un nuevo manosanta milagrero, por eso empiezan a aparecer los vendedores de ilusiones. Por eso los políticos y aspirantes a serlo exploran alianzas a veces vomitivas. 

El punto es cómo arreglar ese endeudamiento en mora, que suma alrededor de 2.500 millones de dólares e involucra a 5 millones de personas.  No ya - como sostiene una rama de opinión – para que consigan más crédito, una utopía que entra en el delirio, sino alguna forma de alivio. Las entidades financieras que prestaron -y lo que es todavía más grave, sus ahorristas – enfrentan una pérdida importante, que para muchos será terminal. Es cierto que los bancos formales o las tarjetas han venido cobrando a los usuarios que cumplen tasas que contemplan la mora, pero el golpe es muy duro. La solución más simplista es la que promueve el ministro de economía: “es un problema privado”. O sea, que pierda el que tiene que perder, acreedor o deudor. 

Del otro lado, varios millones de morosos que no tienen demasiadas posibilidades, aunque se los rehabilite, o se les perdone parte de la deuda o sus intereses. No pueden pagar ni aún con quita y plazo. Tampoco es posible pensar en cinco millones de juicios o en la misma cantidad de negociaciones individuales. Y una pregunta adicional sería: ¿A quién se estaría salvando en caso de intervención del Estado: al deudor insolvente o al acreedor bancario? Cada caso es distinto. ¿Y qué pensarán aquellos que tomaron crédito y cumplen?

Sería un grave retroceso

Simultáneamente, sería un grave retroceso que el Estado sacrificara recursos que ha venido saneando con tanto dolor y sufrimiento del modo más irracional, impensable y  contra todos los principios que hacen a la confianza en el sistema. Basta imaginar la reacción del gran auditor, el FMI ante semejante panorama. También es inviable transferir estos costos al resto de la sociedad, ya agobiada por impuestos, costos, sacrificios y pérdida de competitividad. 

Como ha sostenido varias veces esta columna, el RIGI y SúperRIGI, una innecesaria cesión de recursos en favor de industrias extractivas de recursos no renovables empeora la situación al perpetuar la imposibilidad de rebajar impuestos a toda la sociedad. Los empleos que se prometen por esas ventajas, como en toda la historia de exenciones o regímenes de promoción, son relativamente pocos y no es muy probable que se concreten a esos niveles.

¿Cómo haría el sistema para agregar el costo de condonar, perdonar, refinanciar o “patear” la deuda?
Las elecciones ponen una cuota de urgencia en el tema que amenaza con transformarse en más deuda del estado, que no es exactamente lo que hace falta. Como si se necesitasen más condimentos, surge como siempre el sentimiento de solidaridad de la sociedad, que se conmueve por razones probablemente valederas, pero de solución casi siempre imposible. 

La frase completa del Padrenuestro antes de la reforma rezaba: “Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores”.  Ahí se acaba la solidaridad. El dilema es: ¿cuánto cuesta perdonar la deuda? ¿Cuánto cuesta no perdonarla?