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El Gobierno presentó un recurso para suspender la Ley de Financiamiento Universitario y evitar un impacto de $2,5 billones que comprometería el equilibrio fiscal. Mientras la Justicia ya falló en contra en dos instancias, crece el malestar en las universidades por la caída de fondos y el deterioro salarial, y se prepara una nueva marcha federal.