Usos políticos del escándalo
Las denuncias sirvieron para movilizar a la opinión pública en contra del gobierno de Isabel Perón.
Corrupción y dictadura
Por Martín Astarita
Fondo de Cultura Económica. 295 páginas
“Cuando la crónica de estos días se convierta en historia, por el transcurso del tiempo, quizás el antecedente más significativo para formar un juicio estricto sobre esta época sea el caso Aluar”, editorializaba el diario La Prensa el 5 de octubre de 1975, evidenciando la escalada del escándalo por corrupción que alcanzó la contratación por parte del Estado de la empresa privada para el desarrollo local de la industria del aluminio.
Otro de los escándalos que marcó profundamente al tercer peronismo (1973-1976) fue la histórica nota periodística al diputado del PJ, Raúl Lastiri -para la revista Gente- exhibiendo en 1976 un placard con más de 300 corbatas en medio de la severa crisis económica que atravesaba el país. Se suma a los anteriores, entre otras, la “Cruzada de la Solidaridad”, la fundación benéfica creada en 1973 que quedó cubierta por denuncias de corrupción y desvío de fondos.
Si bien la corrupción política existió y sigue existiendo, hay una delgada línea entre la lucha contra la corrupción como concepto moral, parte esencial del bien común de una sociedad, y su aprovechamiento para fines políticos o ideológicos.
Este último concepto es el que analiza Martín Astarita -Licenciado en Ciencia Política (UBA); Magister en Economía Política (Flacso) y Doctor en Ciencias Sociales (UBA)- en esta sólida y muy bien documentada investigación.
Un editorial del New York Times (25 de marzo de 1976) anticipaba con exactitud la campaña anticorrupción que la última dictadura militar (1976-1983) instauraría contra el tercer gobierno peronista de Juan Perón e Isabel desde el mismo día del golpe del 24 de marzo. El artículo decía: “Los militares que ahora controlan la Argentina pretenden impulsar estas investigaciones como una forma de movilizar a la opinión pública contra el régimen peronista, al que consideran responsable de la crisis económica y política de Argentina”.
Efectivamente la Junta Militar elaboró una batería de medidas y acciones para materializar dicho propósito. También pergeñó un marco normativo para dar cobertura legal a su campaña anticorrupción que incluyó denuncias judiciales y encarcelamiento de políticos, exfuncionarios y sindicalistas por causas de defraudación y enriquecimiento ilícito. Los objetivos declarados del Proceso de Reorganización Nacional serían, entonces, combatir la subversión marxista y la corrupción.
La investigación de Astarita no solo aporta un abundante material inédito sobre este aspecto de la última dictadura no abordada por la historiografía (su campaña anticorrupción) en base a un trabajo de archivo majestuoso, sino que invita a reflexionar acerca del mito del peronismo corrupto como estrategia de poder contra el populismo tanto en dictaduras como en democracia.
En este marco, en cuanto al uso político de la corrupción, pone en análisis el concepto del especialista en cuestiones religiosas estadounidense William Doty (1939-2017): la mitopoiesis. Es decir, “la capacidad de los mitos políticos para mantener un núcleo narrativo constante y, a la vez, variar y transformarse para poder conferir sentido a un presente en perpetuo movimiento”. Es poner a la corrupción como sinónimo de engaño para desnaturalizar cualquier vinculo representativo entre el líder y su masa o la sociedad. Algo que ocurrió tras el golpe del 30, del 55 y del 76 y en casos recientes desde el retorno de la democracia.
La existencia de hechos corruptos es innegable y condenable, no admite ninguna clase de discusión, pero también existe, como queda demostrado en esta valiosa investigación, su utilización política como estrategia de poder.