Por Aldo A. Lorenzzi Bolaños
Desde Lima – Especial para La Prensa
Este inicio del 2024 nos ha sorprendido a todos los latinoamericanos con los hechos violentos perpetrados por organizaciones de crimen transnacionales en varios países de la región. El suceso más destacado ocurrió en Ecuador, una sociedad pacífica que, hasta hace algunos años, permitía transitar sin sobresaltos.
Pero ¿cuál es el problema central de esta situación de desbordamiento de criminalidad en nuestra región y qué ocasiona esta situación? Existen ciertas pistas que podríamos mencionar en esta nota sobre el problema neurálgico de la inseguridad ciudadana.
Quizá muchos nos hemos hecho esta pregunta, y considero que el problema principal ha sido la precariedad de las instituciones. En todos los países de la región, los operadores de justicia carecen de vocación, las fuerzas policiales carecen de preparación, los gobiernos son débiles, y hay indiferencia por parte de los legisladores para concertar ideas y propuestas de soluciones entre los poderes del Estado en beneficio de los ciudadanos.
Esta situación se ha mantenido durante muchos años, y en algún momento, la situación se volvería incontrolable, volviéndose más evidente en los últimos días.
Un estudio internacional de CID Gallup señala a Perú, Ecuador, Argentina, Colombia y Venezuela como los países con mayores índices de criminalidad en el 2023. Estos países comparten problemas como la pobreza extrema, sistemas de salud quebrados, autoridades corruptas, cuestionamientos a las autoridades y procesos judiciales, y problemas en el sistema de Administración de Justicia, entre otros, que han generado la indignación de los ciudadanos.
Esta situación ha sido un caldo de cultivo para que las ideas y organizaciones de izquierda con propuestas autoritarias ganen espacio y tengan la posibilidad de ganar elecciones, lo cual ha ocurrido en gran parte de la región. Hemos tenido gobiernos socialistas
que, en lugar de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, han buscado instaurar nuevas condiciones para el pacto social en sus países, agudizando situaciones de pobreza y falta de condiciones para mejorar la calidad de vida.
Estas condiciones han visibilizado con mayor énfasis problemas sociales como la inseguridad ciudadana, recesión económica, informalidad laboral, entre otros, que hoy en día están desbordando a los países de la región.
Los sistemas de justicia en la región han sido fuertemente golpeados por la corrupción, lo que ha desgastado por completo la confianza en la justicia. Los poderes judiciales en nuestra región son los más afectados debido a factores como la falta de preparación de los operadores de justicia, la carga procesal descomunal, la desigualdad en la administración de justicia, el exceso de burocracia y las malas condiciones de la infraestructura, entre otras situaciones.
LA REACCION
Para la izquierda latinoamericana, fue crucial ganar la batalla cultural para debilitar las instituciones públicas y lograr en muchos casos el control sobre ellas. En estos últimos años, la derecha latinoamericana ha reaccionado pero para algunas sociedades, puede ser demasiado tarde, y ya se había trazado el camino hacia la construcción de un estado de servidumbre, como diría el pensador Hayek.
Pero más allá del problema existente en las instituciones públicas que deberían estar al servicio del ciudadano, también se puede dar una lectura de los protagonistas y actores cruciales en una democracia saludable: la familia como formadora de ciudadanos con valores y los partidos políticos donde se forman, exponen y promueven gestores políticos con una ideología clara. Esto último es algo que gran parte de los sistemas de partidos carecen en la actualidad, ofreciendo programas mercantilistas y a corto plazo que resultan en muchos casos en debilidad al llegar al poder.
FRACASADOS
Debemos considerar que incluso el más acérrimo defensor del socialismo y de la izquierda debe entender que el modelo progresista y socialista, que busca lograr un colectivismo mediante la distribución igualitaria de la riqueza y oportunidades, ha fracasado en todos sus ámbitos. La única forma de combatir la pobreza es mediante la creación de empleo, el fomento del emprendimiento y un Estado que brinde estabilidad jurídica, formalidad laboral y seguridad ciudadana. Además, la promoción del autoempleo será la única receta que permita construir una nueva institucionalidad basada en un Estado menos burocrático y más receptivo a las demandas sociales. Ideologizar más el Estado solo generará mayor precariedad institucional y cero eficiencia, y la experiencia de Bukele podría arrojar luz sobre esta visión de un neoestado policíaco moderno.
Otra vertiente es la de Argentina, con el presidente Milei al mando, que aboga por un Estado más pequeño para un mayor desarrollo de la nación. Su visión libertaria podría ser una guía para nuestra región. Por otro lado, el presidente Novoa en Ecuador, en 18 meses, enfrenta el desafío de recuperar el principio de autoridad en su país, una tarea difícil después de los últimos acontecimientos.
Pero ¿realmente estos enfoques serán los catalizadores del cambio en la región? ¿Garantizarán mayores oportunidades para las personas y evitarán que el Estado busque recaudar más impuestos para sostener una burocracia débil y tapar su frágil gobernanza?
Es una pregunta que podremos abordar a medida que observemos los distintos resultados: menos pobreza, menos corrupción, menos crimen organizado, menos violencia. Aunque aún es prematuro afirmarlo, esperamos ver los primeros resultados en pocos meses.
Confiamos en que la región y todos sus países encuentren esa luz al final del túnel, siempre y cuando logremos construir una visión de un Estado que promueva la libre empresa, considere a la familia como pilar de la sociedad y adopte el estado de derecho como principio fundamental de convivencia. Esto será esencial para construir una nueva institucionalidad en la región y superar la situación actual.
* Abogado, escritor y analista internacional
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