Un nuevo proyecto de ley busca mejorar el acceso al tratamiento de la obesidad
La evidencia científica global es unánime: la obesidad es una enfermedad compleja, crónica y multifactorial. Sin embargo, en la Argentina de 2026, la brújula sanitaria y política parece haberse estancado o, peor aún, distraído intencionalmente. Mientras la epidemia crece de forma exponencial y silenciosa, las políticas públicas miran hacia otro lado, demorando los proyectos de ley que buscan garantizar un acceso real y moderno al tratamiento.
El doctor Jorge Harraca, expresidente de la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad (SACO) y uno de los impulsores de la iniciativa, advierte sobre la gravedad de esta parálisis legislativa. El debate expone una grieta peligrosa entre lo que dicta la ciencia y lo que en la práctica actual deben atravesar quienes padecen obesidad antes de acceder al tratamiento oportuno.
El letargo parlamentario tiene fechas y consecuencias concretas. En noviembre de 2024, ingresó al Senado un proyecto para abordar la obesidad de manera integral. Un año después, en noviembre de 2025, el proyecto perdió estado parlamentario simplemente porque no fue tratado.
Hace unos meses se presentó un nuevo proyecto superador, que actualiza al año 2026 una legislación obsoleta de 2008. Esta nueva propuesta incorpora el manejo responsable de las terapias farmacológicas recientes (aprobadas por la ANMAT) y exige un abordaje multidisciplinario. No obstante, el destino de este nuevo texto vuelve por el momento a chocar con la misma pared institucional.
"Parece existir un temor a que esta ley se traduzca en un mayor gasto para el Estado y, al mismo tiempo, la problemática no encuentra lugar en la agenda pública de la Salud, distraída quizás en otras cuestiones", sostiene el Dr. Harraca.
Estas "distracción" hacia otras problemáticas deja entrelíneas una realidad alarmante: tratar la obesidad no es una urgencia. El foco se desvía, y al “esconder esta crisis debajo de la alfombra”, se perpetúa un daño directo sobre millones de argentinos que ven negado su derecho al tratamiento, al tener que cumplimentar requisitos que solo agravan la enfermedad y sus consecuencias.
EL DISFRAZ DEL AHORRO
Harraca explica que el nudo del conflicto radica en una definición técnica que cambia por completo el acceso a la salud. Hoy, en la Argentina se reconoce a la obesidad apenas como un "factor de riesgo" y no como una enfermedad.
“Este enfoque permite visualizar la problemática como un gasto en prevención y no como una obligación de garantizar tratamientos médicos, quirúrgicos o farmacológicos”, argumenta el expresidente de la SACO.
Mientras que el enfoque actual concibe a la obesidad como un simple factor de riesgo y se la considera un “trastorno de la voluntad o alimentario”, anclado en una visión desactualizada, el nuevo proyecto de ley respaldado por la ciencia la define como una enfermedad metabólica compleja, reconocida por presentar alteraciones en los mecanismos hormonales que inhiben la saciedad.
Según detalla Harraca, bajo esta mirada equivocada, el tratamiento es percibido como un gasto y por lo tanto se aborda la enfermedad mediante intervenciones esporádicas y desordenadas. En contraposición, el enfoque científico plantea que tratar la obesidad es una verdadera inversión que ahorra recursos a mediano plazo, exigiendo un abordaje multidisciplinario que garantice el uso racional de los recursos del sistema de salud.
Uno de los aspectos más graves de no actualizar la legislación es que se sigue operando bajo un paradigma falso: “creer que la obesidad es un problema de voluntad o una mera psicopatología”, insiste el especialista. Exigirles a las personas con obesidad simplemente que "coman menos" carece de sustento médico, asegura Harraca, quien añade: "Es como si le estuviéramos pidiendo a una persona asmática que para darle medicamento respire mejor. No le pidamos a la gente que haga cosas que no puede, esto es una enfermedad que necesita acceso a tratamiento".
GASTAR MÁS Vs. GASTAR MEJOR
La evidencia demuestra que ignorar la enfermedad es infinitamente más caro que tratarla oportunamente.
De acuerdo con una tesis de maestría del Instituto Di Tella (2018), la Argentina ya gastaba más de 9.000 millones de dólares anuales en obesidad. A pesar de esa inyección de dinero, la epidemia no se detuvo, lo que demuestra que los recursos se están utilizando de manera ineficiente y desordenada, apunta Harraca, quien pone de manifiesto que los costos directos de la obesidad, derivados de comorbilidades asociadas como la diabetes, los problemas cardiovasculares y la hipertensión, generan un enorme gasto hospitalario crónico, que parece no ser tenido en cuenta a la hora de hacer números.
A esta situación se le suman los costos indirectos, donde el lucro cesante, el altísimo ausentismo laboral y la pérdida de productividad impactan severamente en la economía del país.
“Sin embargo, frente a este panorama de egresos constantes, existe un ahorro comprobado al abordar la problemática adecuadamente: tratamientos como la cirugía bariátrica demuestran ser costo-efectivos a partir del año y medio, lo que permite convertir el ‘gasto’ inicial en un ahorro sostenido para el sistema de salud a mediano y largo plazo”, asegura el profesional de la SACO.
"No queremos venir a ‘gastar más’, sino a gastar mejor. No puede ser que sólo se enfoquen en que cierren los números, es necesario que velen porque la gente esté cada vez más sana, no peor", subraya el especialista.
El proyecto de ley no se limita a procurar el acceso al tratamiento, sino que entre sus objetivos aboga también por: la prevención de la obesidad mediante la promoción de hábitos saludables en la población; la educación sobre los riesgos asociados a la obesidad; y la capacitación de los profesionales de la salud con un enfoque multidisciplinario, con el objetivo de impulsar la detección temprana de la enfermedad.
EL PELIGRO DE DAR LA ESPALDA
Según enfatiza Harraca, retrasar el acceso al tratamiento de la obesidad no mantiene el status quo; lo empeora. Se traduce en mayor morbilidad, mayor mortalidad y complicaciones que, en muchos casos, son irreversibles.
“Oponerse a tratar este tipo de proyectos de ley con un criterio economista y simplista cuando la máxima evidencia científica exige acción, ya no es un error de cálculo: es generar daño activo a la población”, sentencia el experto.
La pregunta que cabe plantear es inevitable: ¿Hasta cuándo vamos a seguir dándole la espalda a la obesidad? “Esconder el problema bajo la alfombra ya no es una opción cuando lo que está en juego es la vida de millones de argentinos”, concluye el expresidente de la SACO.