Trabajadores de ATE ocuparon OSFA y la Policía de la Ciudad los obligó a firmar un acta por violación de domicilio
Empleados nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ingresaron por la fuerza, este jueves, a la sede central de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA/ex-IOSFA), situada en el barrio porteño de Balvanera, y la Policía de la Ciudad los obligó a firmar un acta por violación de domicilio.
En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, fuentes de ATE indicaron que ingresaron efectivos a la reunión que mantenían los gremialistas con las autoridades de la entidad y "armaron una causa": "Están diciendo que podrían sacarlos esposados a los dirigentes", informaron desde el sindicato.
Al finalizar el encuentro, fuentes del sindicato informaron que se negaron a firmar el acta y que tuvieron que hacerlo de manera obligatoria para poder ser liberados; entre los firmantes se encontraban Ruben López y Ana López, delegados de ATE OSFA; Flavio Vergara, secretario Convenios Colectivos; y Claudia Rey, secretaria general - ATE Mar del Plata.
El motivo que impulsó la protesta fue el posible cese de actividades de unos 600 empleados en todo el país; sin embargo, indicaron que, por el momento, "no hay despidos", pero que existe "una intimidación" al respecto y, por eso, convocaron el próximo miércoles 30 a una nueva asamblea.
"Cuando llegaron había un superávit de $25.000 millones y ahora hay una deuda de más de $500.000 millones. ¿Qué hicieron con la guita? Se la robaron toda. Hoy se escondieron en el baño de una oficina. ¿En serio ustedes van a ser los que van a defender las Malvinas?", cuestionó el gremialista.
El Gobierno Nacional disolvió el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), en febrero de este año, mediante el DNU 88/2026, y separó la cobertura médica en dos nuevas entidades: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).
Actualmente, el ex-IOSFA se encuentra en proceso de liquidación y arrastra una deuda estimada entre $213.000 millones y más de $500.000 millones con prestadores de todo el país.
Por ese motivo, el ministro de Defensa, Carlos Presti, solicitó la renuncia del administrador y liquidador del organismo, el coronel mayor retirado Ariel Guzmán, en medio de complicaciones financieras y administrativas.
Distintos gremios cuestionaron y se pronunciaron en contra del Gobierno Nacional por el futuro incierto de las prestaciones médicas, farmacias propias y el destino de 13 hoteles, recreos y residencias turísticas que dependían de la obra social.