Torpeza e intransigencia en el destino de la ley ómnibus

Javier Milei cierra  enero con un sentimiento de frustración cuyos efectos, como suele ocurrir, han recaído sobre algunos subordinados.

El jefe libertario alentaba la ilusión de  conseguir esta misma semana la media sanción de la llamada ley ómnibus en la Cámara de Diputados, previo a lo cual quería que las comisiones que la venían debatiendo engendraran el martes 23, antes de la demostración cegetista del día siguiente, un dictamen satisfactorio. No pudo ser. Ahora las esperanzas se han trasladado al próximo martes 30 o el miércoles 31, cuando sesionaría el plenario de Diputados. Pero todavía persisten varias y disímiles dudas.

Duros y blandos

Martín Menem, el presidente de la Cámara baja y Guillermo Francos, el ministro de Interior –dos figuras dialoguistas- soportaron la impaciencia presidencial. Milei privilegió en Diputados el contacto con José Luis Espert, coordinador de las comisiones que analizan el kilométrico proyecto de ley elaborado por el influencer Federico Sturzenegger  y varios prominentes estudios jurídicos. El presidente parece admirar los modales bastos de Espert, como si para tratar con opositores y hasta con aliados potenciales prefiriera, antes que negociadores sutiles, mazorqueros verbales.

A fuerza de presión, poco antes de las 2 de la madrugada del miércoles el presidente de la comisión de Legislación General anunció el parto de un dictamen de mayoría, construido por el oficialismo y bloques aliados que habían recaudado 55 firmas.  Al menos una buena noticia para el Presidente.

Sin embargo, se trataba  de un dictamen invisible. Nadie pudo acceder en la mañana de ese miércoles al contenido del acuerdo. Este había sido –así lo describió Laura Serra, la periodista acreditada de La Nación en el Congreso- “un dictamen aprobado con fórceps entre gallos y medianoche con más disidencias que apoyos” . En efecto, el despacho de mayoría terminó juntando 34 firmas en disidencia y solo 21 a favor. Los bloques aliados, procurando que el gobierno no sufriera tan pronto su primera derrota en el Legislativo, decidieron contribuir a la aprobación en general una vez que los negociadores del gobierno admitieron una serie de recortes y enmiendas (el ministro de Interior los llama “clarificaciones”) propuestas por los gobernadores de lo que fue Juntos por el Cambio y acordadas  (fuera del ámbito parlamentario) con autoridades de los bloques dialoguistas. El gobierno, que no admite  haber negociado, hizo un centenar concesiones pero se negó a hacer las que los gobernadores estiman  prioritarias; pese a ello, la oposición firmó de buena fé y se decidió exponer las diferencias en el tratamiento en particular en la Cámara.

Cómo se pide

El despacho mantuvo su invisibilidad porque, aunque  estaban las firmas, el texto no sólo no incluía los desacuerdos explícitos, sino que tampoco había incorporado las diferencias que  fueron aceptadas en  las negociaciones con gobernadores y legisladores. La relación entre el oficialismo  y la oposición amable se tensaron. Los bloques ligados a los gobernadores  señalaron que el oficialismo no tiene posibilidades de hacer aprobar  la ley sin  escuchar los reclamos de las provincias.  

Utilizando el método Milei, el ministro de Economía amenazó a los gobernadores: les advirtió que si no era aprobado  alguno de los artículos económicos de la ley ómnibus se recortarían “inmediatamente” las partidas a las provincias.

Si se ha optado por postergar la sesión de diputados hasta el martes es porque existe alguna chance de que se llegue a un acuerdo. Pero Caputo no quiere ceder ni  en el tema de las retenciones ni en el previsional  (cláusula de actualización de jubilaciones y destino del  Fondo de Sustentabilidad,  que el gobierno  quiere  tomar completo para el Tesoro).

Se sabe que los gobernadores de Córdoba, Santa Fé y Entre Ríos consideran casus  belli  la suba de las retenciones industriales y a la producción agrícola pampeana.  Desde el radicalismo el jefe del bloque de diputados, Rodrigo de Loredo,  dejó claro que no avalarán “una suba de retenciones ni un ajuste a los jubilados (…)la gente no votó un ajuste a los jubilados ni un aumento de retenciones”. Esa postura es compartida por buena parte de lo que resta del Pro, por el bloque federal que coordina Miguel Pichetto  y también por el partido de Elisa Carrió, así como por fuerzas de arraigo en determinadas provincias. Parece obvio que, como escribió Laura Serra en La Nación, “la ambiciosa Ley de Bases que envió el presidente Javier Milei al Congreso tiene pronóstico reservado”, a menos que  el gobierno se avenga a aceptar las condiciones de la oposición dialoguista o ésta –gobernadores y parlamentarios- se amedrenten ante  la intransigencia y los modales ásperos del Presidente y su entorno.

También hay DNU

Si la batalla de la Ley Sturzenegger se libra por el momento en Diputados, el Senado se prepara para discutir en plenario el DNU 70/2023 que firmó el Presidente y que está por el momento  vigente (salvo en ciertos capítulos qyue han sido suspendidos por amparos de la Justicia). Se ha vencido ya el plazo para constituir la Comisión Bicameral  que dictamine sobre su aprobación o rechazo, y ahora las Cámaras pueden tratarlo en plenario si cinco legisladores lo solicitan. Esto ocurrió en el Senado: la iniciativa fue de los bloques justicialistas, que suman la mayor cantidad de senadores. Ahora la vicepresidenta Victoria Villarruel debe cerrar la fecha  de la sesión. El DNU seguirá vigente si no es rechazado por las dos cámaras o detenido por la Justicia, en definitiva, por la Corte Suprema.

Ciencias exactas

Mientras estas pulseadas tienen como teatro  el Palacio Legislativo, el miércoles último  el movimiento obrero puso en funcionamiento otro escenario: la calle. El paro de medio día (con el transporte en funcionamiento) fue apenas el prólogo para la demostración que, en la Capital, se dirigió al Congreso. La multitud llegó marchando o en transporte público: no se vieron los clásicos colectivos de color naranja. El Estado proveyó a los canales más importantes imágenes de la concentración en sus momentos preparatorios. Esas imágenes (que los canales disciplinadamente ,mantuvieron hasta la noche en sus programas de noticias) ofrecieron una sensación  de escualidez de la marcha quesería elocuentemente desmentida con imágenes del mediodía. El gentío tomaba densamente dos cuadras de Callao/Entre Ríos (entre  Bartolomé Mitre e Hipólito Yrigoyen) , frente al Congreso y se extendía a lo ancho hasta SáezPeña/Paraná y aún hasta Uruguay/San José. Pueden calcularse unos 70.000 metros cuadrados, que se ocupan, promedio (entre tramos más concentrados y tramos más sueltos) a razón de 2 personas y media por metro cuadrado. Ese cálculo permite evaluar en unas 170 a 180 mil personas presentes. No hace falta ir a Ciencias Exactas.

Repetida en muchas ciudades del país, la marcha es una señal que el gobierno debería atender. No lo está haciendo: ha preferido  descalificar las objeciones, algunas  de las cuales (no todas, por cierto)  coinciden con las que se están verbalizando desde la oposición dialoguista. Los trabajadores sindicalizados son clase media organizada. Una franja muy ancha de la sociedad, en la que coexisten  votantes de Milei y partidarios de otras divisas, sufre por la inflación y también por la terapia  elegida, que la amplifica (o “la transparenta”, como quiere Milei) y la amenaza de una muerte súbita. La CGT ha procurado dar voz a esas sensaciones, que es una manera de canalizarlas pacíficamente.

Desde el arsenal propagandístico oficial  se apela para descalificar  a los sindicatos tanto a munición largamente elaborada por la ultraizquierda (“burócratas”) como a argumentación  elaborada por los regímenes tiránicos. Se afirma, por caso, que los trabajadores  están coercitivamente adheridos a sus organizaciones; con ese subterfugio justifican algunos puntos de legislación propuestos y bochados por la justicia, como el rechazo al descuento de la cuota sindical por planilla.  La excusa fue empleada por el último gobierno dictatorial. Con la firma de Jorge Videla y su ministro de Trabajo, Horacio Liendo,  el 17 de febrero de 1977  se dio a conocer el  Decreto Nacional 385/77 que obligaba a los trabajadores a reafiliarse y derogaba las normas que permitían  a los gremios cobrar las cuotas por planilla. El argumento  aducía que las contribuciones así cobradas eran  una carga no aceptada libremente.La norma daba 40 días para concretar las reafiliaciones, que debían formalizarse tanto ante el sindicato como en las oficinas de personal de los lugares de trabajo. Con esos condicionantes –y en medio de la atmósfera opresiva  impuesta por el régimen- los gremios consumaron la reafiliación que en muchos casos (la Unión Obrera Metalúrgica, por caso) les permitió superar el padrón anterior.

Por algún motivo que finalmente emergerá, Milei  cambió puntos de su programa de campaña (por ejemplo, sobre los sindicatos sólo proponía cambios en el régimen de indemnizaciones) y ahora parece haber optado por una línea más agresiva en ciertos puntos (y más negligente en otros).  Lo que  está a prueba ahora  es el grado de  eficacia  que le pueden otorgar esos cambios. Y cuánto tiempo tiene para experimentar.