Todo el ajuste del gasto debe empezar al mismo tiempo

Hay que privatizar las ideas y la gestión. La sociedad debe participar en la reconstrucción de la confianza nacional

La columna prometió meterse más a fondo en el gasto, y lo hará, aun con plena conciencia de que tal intento aburrirá profundamente a los lectores, sobre todo a los jóvenes, (si tiene alguno) que odian los detalles de ponerse a trabajar con disciplina y constancia en semejante misión, y que tienen clarísimo que la solución al problema de fondo del país pasa por alguna pócima mágica instantánea. 

Pocos temas más áridos y de tantas simplificaciones como el del gasto. Cuando se habla de bajarlo, tanto quienes quieren hacerlo como quienes les enrostran la imposibilidad de lograrlo por la resistencia política, social, sindical y popular de una sociedad hipócrita que quiere parar la inflación pero que no le toquen el gasto que es su “derecho adquirido” - como se ha explicado aquí - utilizan recursos que se podrían llamar de grandes números. 

Así, se habla de que el gasto social o el previsional representan una cifra tan alta del presupuesto o del déficit que claramente hay que cortar por ahí urgentemente para resolver el punto. No muy distinto de lo que hace el candinistro Sergio Massa, vía la desaforada inflación que hunde a la clase media y de la que se intenta salvar a las clases más bajas con medidas no solo desesperadas sino que más inflacionarias todavía. (Alguien se ocupará algún día de denunciar este verdadero sabotaje a la sociedad y a la Nación, que bordea el terrorismo económico)

Tampoco muy distinto de lo que insinúan muchos de los cuestionamientos de los entrevistadores y conductores, cuando preguntan “¿qué hará con los ñoquis?”, o “va a dejar en la calle a dos millones de personas de un día para el otro?” 

Hay dos claves para no caer en la injusticia o en la carnicería. La primera es tener la paciencia, la dedicación, el conocimiento y la fortaleza de analizar en detalle cada partida, cada payroll, cada repartición, cada dirección, cada oficina. Cualquiera que alguna vez hizo auditoría de gestión en una empresa grande, conoce un recurso muy usado en esos casos: empezar por una simple planilla de cálculo con el personal de cada área listado en orden decreciente de sus ingresos totales. Y concentrarse en el análisis del 10% más elevado. 

JUBILACIONES DE PRIVILEGIO

Se encontrarán allí, cualquiera fuera el área, la jurisdicción o la rama de Poder que se prefiera, no sólo el porcentaje más alto del gasto, sino el porcentaje más alto de acomodados de varios gobiernos, las famosas capas geológicas, que no solamente insumen una parte importante del gasto en salarios, sino que generan negocios, decisiones, compras, licitaciones y otros gastos que son más altos que todos sus ingresos remunerativos. 

Eso incluye el costo de la ignorancia, la desatención, la burocracia, el pésimo rendimiento del gasto del estado, la politización y participación de cuánta actividad lleve a cabo el estado y la ineficiencia generalizada.  De paso, el peso de jubilaciones inmerecidas, siempre de privilegio. Sobre ese 10% hay que poner el ojo. Porque los resultados serán importantes y significativos. Hablar de dos millones es un modo de esconder a los 100,000 que efectivamente deberían ser despedidos de inmediato, no importa su filiación política ni sus padrinos. 

Ciertamente eso requiere mucha gente, mucho conocimiento, mucho tiempo, pero sería más rápido que salir a echar gente al voleo para terminar en una maraña de conflictos inmanejables, y probablemente de poca relevancia. 

Por la letra de la Constitución los empleados del estado tienen derechos acordados, que no tiene el común de los mortales, (aunque no deben llenar requisitos para su ingreso ni de idoneidad de ningún tipo) de modo que habrá que esperar la avalancha de juicios, que se deberán responder con puntualidad y con contundencia, (no dejarlos perder, como se hace habitualmente) y también las reacciones sindicales, que, curiosamente, se dedicarán a hacer huelgas piquetes y otras lindezas para defender a la clase alta de la administración.  Cavallo, como se mencionara en este espacio, sabe muy bien cómo enfrentar esos casos. Liendo, su alter ego jurídico, también. 

Seguramente, habrá que conseguir la aprobación de leyes que declaren a buena parte del gasto y la acción del estado como esencial (con lo cual el recurso de huelga estaría acotado). Debe recordarse que justamente es esa esencialidad la que ha servido para justificar la imperiosa necesidad de que el estado intervenga en tantos temas, esencialidad desvirtuada por los sindicatos estatales cuando se les da la gana. 

Esto no significa que el resto de los gastos en subsidios, sueldos, pensiones, estipendios, viáticos, burocracia y demás deba ser olvidado. Oportunamente la columna analizará esa situación. Sólo se trata de usar los recursos donde más efectos rindan, sin crear un problema del mismo nivel del que se trata de superar. Por supuesto que el tema jubilaciones y beneficios colgados de ese sistema también deberá ser estudiado. 

Pero no lo debe ser basado en la solidaridad de entrecasa de Sergio Massa, sino respetando a los aportantes, y también el valor de las palabras.  La mitad de los jubilados lo son legalmente, con 30 o cuarenta años de aportes. En una situación de dramática emergencia, se deben respetar sus derechos. Ellos tienen una jubilación. La otra mitad tiene un subsidio, una pensión, disfrazada de jubilación. Por encima de la justicia social que se esgrime con tanta facilidad, debe estar La Justicia. Y sobre todo el derecho. No es el mismo derecho el de quien aportó toda su vida que el de quien consigue un subsidio del estado. Confundir el valor de las palabras es el primer principio de desorden jurídico. 

Por eso este régimen jubilatorio vergonzoso debe ser revisado en la ley y en la práctica. Justamente esa falta de respeto, esos ajustes voluntaristas y discrecionales, son los que han convertido al país en un interlocutor mentiroso, en el que nadie cree. 

Estos dos casos no son el todo. Son apenas dos ejemplos de que no se trata de una tarea declarativa, declamatoria ni de fácil gestión. Ni se pueden resolver al estilo Georgieva, una suerte de medio oficial albañil intentando hacer una tarea de ingeniero, o de arquitecto. Con todo el respeto que merecen los medios oficiales albañiles, que suelen ser muy versados. El daño adicional que están haciendo ella y su subordinado Massa ha agregado obstáculos de un peso insoportable al futuro nacional, que no serán fáciles de remover. 

El punto siguiente en el proceso de bajar el gasto tiene que ver con una cuestión ética, con efectos en la vida diaria. El nuevo gobierno debe promover mil causas de los cuadernos. 

Por supuesto que, al mismo tiempo hay que evitar que un capanga piquetero use su poder de mafia para recaudar casa por casa el diezmo por lo que cree la justa retribución de su tarea. O que tenga en su poder la tarjeta de débito de sus “afiliados” y lindezas de Don Corleone por el estilo. Pero habría que tener mucho estómago para echar a un ñoqui de 100,000 pesos mientras al mismo tiempo mantiene plena vigencia el escandaloso contubernio entre el estado y los privados en cada licitación, contrato, concesión, tercerización, (el robo del funcionario medio pelo pero que suma billones). 

EMPRESARIOS ESTATISTAS

El juicio de YPF, exagerado y sospechable en la justicia woke de Biden, es emblemático por el monto y el reflejo de la corrupción alevosa, ignorante y rampante. Pero hay miles de juicios que se pierden deliberadamente día a día por esa complicidad entre el estado y los empresarios. No es casualidad que ante la mención de la postergación de la obra pública, el sindicalismo, socio de los prebendarios siempre, salga a hacer paros en nombre de la falta de trabajo. 

Tal vez sea una sorpresa para muchos, pero ese robo centenario y creciente también es gasto público. No solamente lo es el del ñoqui o el de los amantes sublimados de la administración de Observatorios. También lo es ese concubinato entre los empresarios estatistas, como el de los medicamentos, que tal vez sea más difícil de combatir. No se puede ignorar que esas empresas, incluyendo las petroleras y afines, también son casta. También son gradualistas, también son sindicalistas. Y también contribuyen fuertemente a las campañas políticas. La lucha será dura. Siempre en nombre de la patria, claro. 

Esa es una de las razones por la que el ajuste debe empezar al mismo tiempo para todos, aunque no finalice al mismo tiempo. Todos los contratos, adjudicaciones, licitaciones, concesiones. tercerizaciones de todos los estados de todas las jurisdicciones deben ser revisados, respetando el mismo criterio de orden de acuerdo a la importancia y significancia. También los juicios, donde los haya. Eso incluye los cambios de criterio posteriores a la licitación, si la hubiera, o las prórrogas sin licitación, otra aberración. Esa tarea incluye a todos los acuerdos no prescriptos penalmente y a los vigentes. Para denunciarlos, para buscar resarcimiento donde correspondiere, para anularlos donde haya habido maniobras.

APORTE PROFESIONAL Y UNIVERSITARIO

¿Cómo se hará eso?  El costo y el tiempo pueden ser enormes. Una idea, a perfeccionar es utilizar el concepto probono, como en muchos países. Es decir, profesionales especializados a los que se les adjudique la auditoría de una o dos contrataciones, excluyendo a los Estudios de élite, que suelen ser empleados de los investigables. Coordinados bajo un Auditor Nacional, también ad honorem. De ahí surgirían las conclusiones que permitirían perseguir un resarcimiento o una sanción penal. No es posible que la impunidad de Cristina Fernández se extienda a toda la casta contratista, sean o no sus socios. 

Seguramente se objetará que esta tarea puede llevar a una nueva corrupción, como si hasta ahora se hubiera hecho algo ejemplar y confiable para combatirla, salvo fomentarla. Los profesionales y las Universidades tienen mucho para aportar y deberían ser convocados a esta tarea. Por supuesto que también el proteccionismo es una forma disimulada de robo al consumidor, como también lo es el control cambiario, el cepo, la emisión y otros recursos que se ven usarse con profusión en los últimos meses, o días. Eso debe ser tema principal en la agenda económica, que no debería hacer demasiadas concesiones a los aspectos monetarios porque esas demoras serían mucho más caras para la sociedad, como ya se ha visto.

Estas ideas pueden ser objetadas y refutadas, y no es intención de la columna rebatir las críticas como si fueran mandamientos. Pero la sociedad debe ser convocada y debe comprometerse de algún modo en esta tarea. Es mucho mejor que tirar piedras y hacer piquetes. Y ayuda más a generar confianza y a la tarea de persuasión. 

Cuando la comunidad comience a advertir algún resultado positivo en estas tareas, el esfuerzo, casi el sacrificio que deberá hacerse puede cobrar sentido. Y la sociedad encontrar en estos mecanismos el modo de mensurar el daño económico y social que se le está infiriendo.

Para seguir en la lógica socrática de los entrevistadores, queda siempre flotando el temor a las reacciones populares que puedan originar cualquiera de estas tareas, que no son nada más que mecanismos de juego limpio, en todos los protagonistas. Cabe preguntar si alguien realmente cree que hay alguna medida sensata que pueda tomar el futuro gobierno que no vaya a generar un caos en las calles y en la vida del argentino. Mucho más las que tiendan a cortar el robo generalizado. Esa será la tarea central del nuevo presidente. 

Claro que quedan muchos temas pendientes que requieren meter a fondo el bisturí, no necesariamente la motosierra. La columna los seguirá mostrando con alguna propuesta o idea de tratamiento, no con el afán de imponerlos como un paper infalible, sino como un modo de mostrar que hay muchos recursos que se pueden usar, y que en todos ellos debe comprometerse e involucrarse a la sociedad. Y justamente por eso, por esa necesidad de recurrir a tanto trabajo, a tanto talento, a tanto pensamiento lateral, es que aquí se sostiene la necesidad de que se aprovechen todos los talentos del universo no populista. 

Es justamente lo que hizo Suecia, después de quebrar con su socialismo a la violeta.