Un fallo judicial suspende por seis meses la disolución de Vialidad Nacional y el Gobierno apelará
La Justicia suspendió por seis meses el cierre de Vialidad Nacional, al hacer lugar a una medida cautelar del gremio Sevina, mientras que el Gobierno anticipó que apelará el fallo.
La jueza en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín Martina Forns hizo lugar parcialmente a la cautelar de no innovar y ordenó al Estado Nacional y al Poder Ejecutivo que se abstenga de “ejecutar cualquier acto administrativo, que derive” del decreto 461/2025 del 8 de julio pasado, que dispuso la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad.
El gobierno de Javier Milei, de acuerdo a la resolución, no podrá disponer “reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas a la Dirección Nacional de Vialidad”.
“Teniendo en cuenta que en esta etapa preliminar del proceso, donde se verifican circunstancias graves y objetivas, permiten justificar el dictado de una medida cautelar de no innovar, a fin de evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”, afirmó la sentencia.
La magistrada argumentó que tanto la Constitución Nacional como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “con jerarquía constitucional -en particular los Convenios N.º 87, 98 y 151- impiden al Estado, en su rol concurrente de empleador y regulador, alterar de manera unilateral condiciones de trabajo que han sido establecidas por norma colectiva con plena vigencia”.
Horas después de conocido el fallo, el vocero presidencial Manuel Adorni anticipó, en un breve mensaje en sus redes sociales, que el Gobierno “apelará la suspensión del decreto que determina la disolución de Vialidad Nacional”.
El propio Adorni había anunciado la semana pasada en la Casa Rosada el cierre “definitivo” de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial, organismos que fueron definidos como el eje de “la corrupción en la obra pública”.
En aquel momento, el vocero explicó que la Secretaría de Transporte y otras áreas del Ministerio de Economía absorberán las funciones vinculadas al diseño y planificación de la infraestructura vial, mientras que el control de concesiones pasará a la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
Vialidad Nacional fue el organismo técnico encargado de diseñar, construir, conservar y fiscalizar la red vial en Argentina. Su misión principal era garantizar la conectividad territorial a través de rutas seguras, eficientes y transitables, tanto en las principales vías de circulación como en corredores estratégicos para el transporte productivo y turístico.
A partir de la publicación del decreto, el Gobierno libertario también modificó la estructura de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que pasó a denominarse como Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte.
En tanto, el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina, que conduce Graciela Aleñá, celebro el fallo pero sostuvo que la agenda sobre el rechazo debe continuar en el Congreso para que “no se atrevan más a venir a privatizar, hacer negocios y destruir las rutas nacionales, hoy desfinanciadas por el desvío del Impuesto a los Combustibles”, aclaró el gremio en un comunicado.