Suman ya un millar los militares que murieron procesados por los años 70

Un millar de integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad y funcionarios civiles del último gobierno militar fallecieron ya privados de su libertad o bajo alguno de los procesos judiciales que se instruyen por la guerra revolucionaria que ensangrentó al país en los años setenta, mientras que no hay un solo combatiente de las organizaciones terroristas procesado o privado de su libertad.

Los integrantes de los grupos insurgentes que fueron investigados, procesados o condenados en la década del 70 por la Cámara Federal, y los juzgados durante el gobierno de Alfonsin, siguen amparados por leyes de amnistía e indultos nunca anulados, a diferencia de lo que ocurrió con las FF.AA.

Las cifras de militares fallecidos hasta hoy varían entre los 1.261 reportados por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, y los 993 que ha confirmado hasta ahora la Unión de Promociones (UP), que lleva su propio conteo en base al aporte de los propios familiares y a la información que surge de los expedientes judiciales.

La diferencia en los cómputos se debe a que la Procuraduría, según los acusados, contabiliza entre los imputados fallecidos incluso a personas cuyo deceso se produjo antes de que se abriera una causa. Esto es así porque, cuando la Procuraduría realiza una investigación por victimas detenidas y desaparecidos, imputa a todo el cuadro de organización que tenía en esa época la unidad militar investigada, lo que incluye desde el jefe hasta el último cabo. Entonces cada fallecido pasa a ser un “muerto impune”.

EN MENDOZA

El último deceso reportado por la UP fue el del agente (r) Teodoro Alejo Galigniana Oros, de la Policía de la provincia de Mendoza, fallecido el 4 de agosto a los 75 años mientras se encontraba privado de su libertad.

El número de fallecidos ha venido escalando con cada gobierno desde el regreso de la democracia y no parece que esto vaya a moderarse. Actualmente hay 519 militares, policías y civiles privados de su libertad, según el último informe de la Procuraduría, dado a conocer en junio pasado.

De ese total, son más de un centenar los que nunca fueron condenado y deberían ser considerados inocentes. Sin embargo, se los mantiene igual privados de su libertad bajo una prisión preventiva que se ha prolongado más de lo que permite la ley.

La legislación fija un plazo máximo de prisión preventiva de dos años, prolongable solo uno más. Por lo tanto, los casos que exceden ese límite constituyen una violación de los derechos y garantías de los detenidos. Pero el tiempo pasa y eso no se corrige.

La situación es más llamativa todavía si se tiene en cuenta que nada menos que el 82,87% de los fallecidos no tenía sentencia firme, según la UP.

Pero todo parece indicar que, cuando se trata de militares, las prisiones preventivas pueden extenderse sin que nadie reaccione. Según el último relevamiento de la UP, hay 105 personas que llevan entre 3 y 6 años de detención; 128 que permanecen privados de libertad desde hace 6 a 10 años; 176 con entre 11 y 15 años de reclusión; y otros 33 que llevan más de 16 años confinados.

Muchos cumplen ese arresto en domicilio. En esa situación hay 440 de los 519 privados de su libertad, según la Procuración. Pero otros casi ochenta se encuentran detenidos en distintas instituciones penitenciarias del país, y eso a pesar de que muchos tienen más de 70 años de edad y graves afecciones físicas.

Un hábeas corpus presentado en diciembre de 2024 por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, en representación de otras diez organizaciones, sacó a la luz la problemática relativa a la frágil situación de esos detenidos en función de sus edades y estados de salud en el ámbito carcelario. Ese recurso judicial puso en evidencia que estos ancianos son los únicos detenidos en unidades penitenciarias, pese a que están amparados por la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las personas mayores, que tiene jerarquía constitucional. Y expuso el estado de abandono y crueldad de los jueces, que retienen en prisión a personas con cáncer, incontinencia, demencia senil, bolsas de colostomía y recién operados de tumores.

Este tipo de recursos exige un trámite urgente y sin embargo, luego de pasear de un tribunal a otro, se encuentra en la Corte Suprema de Justicia a la espera de una resolución, mientras los ancianos siguen muriendo. Es difícil no considerar que hay una intención deliberada de dejarlos morir en prisión.

MAS CAUSAS

En paralelo, las causas siguen aumentando. Actualmente hay 13 juicios en curso que se desarrollan en simultáneo en distintas provincias. En ellos, hay cerca de 300 militares o policías imputados.

Además, hay otras 61 causas elevadas a juicio que esperan el inicio de su debate oral, donde 283 militares o policías están procesados.

A esto se suman 281 expedientes judiciales que se encuentran en etapa de investigación preliminar, donde los militares o policías imputados por el Ministerio Público Fiscal suman 510, otros 76 están siendo indagados y aún aguardan la definición de su situación procesal tras haber prestado declaración y otros 175 fueron declarados con “falta de mérito”, lo que significa que no están procesados ni desvinculados definitivamente. Es conveniente recordar, una vez más, el notable contraste que revela la ausencia total de terroristas en esas condiciones tras haber desatado la guerra revolucionaria.

Hacia adelante hay, por lo tanto, más de 1.100 militares y policías cuyo destino está por definirse en estos juicios, que según algunos querellantes como Pablo Llonto podrían prolongarse todavía una década, aunque podría ser más tiempo también si se atiende a que, para ello, han bajado con los procesamientos hasta el rango de cabos.

Desde 2006, la Procuraduría contabiliza un total de 365 sentencias dictadas. En esas causas, los imputados fueron 1.495 militares, policías o civiles y, por supuesto, ningún integrante de organizaciones armadas de izquierda. La situación procesal de los imputados se resolvió así: 1.245 fueron condenados y 250 absueltos. Es decir que mientras el índice de condena para militares y policías es del 83,28%, se garantiza la impunidad de los terroristas. Una asimetría convalidada por la Corte Suprema hasta ahora. Y a esto se lo quiere llamar memoria, verdad y justicia.