El Gobierno quiere promover que la gente use libremente sus ahorros sin persecuciones del Estado. El diagnóstico de partida es que la voracidad controladora del Estado -al punto de distorsionar el principio de inocencia en el sentido de convertir a todos los ciudadanos en sospechosos hasta que demuestren lo contrario- tortura a la gente con mucha burocracia de información y muy baja eficacia para combatir la evasión y los delitos.
En esta dirección se dispuso eliminar una serie de regímenes de información que se aplicaban para determinadas compras y se limitan los que están a cargo de los bancos eximiéndolos de hacerlo cuando se trata de montos de menor envergadura. También se estableció que a partir del próximo ejercicio la ARCA será la responsable de determinar el impuesto a los ingresos de las personas y, de no mediar cuestionamiento del contribuyente, no se solicitará más información sobre variación de patrimonio ni de consumos.
La consecuencia de haber desplegado esta actitud persecutoria puede medirse, por ejemplo, con el destino que los argentinos le dieron a sus ahorros. Según datos del Ministerio de Economía y del Banco Central para todo el período 2003-2024 se observa que:
* Las exportaciones agropecuarias acumularon un total 1,3 billones de dólares actualizados por inflación de Estados Unidos.
* Los ahorros que los argentinos acumularon en dólares en el exterior o en el colchón de manera formal ascienden a 330 mil millones de dólares.
* Es decir que 1 de cada 4 dólares que produjo el campo se fueron al exterior o se quedaron debajo del colchón.
FUERA DEL SISTEMA
De los dólares generados por el campo, principal fuente de dólares en Argentina, luego del pago de importaciones, turismo en el extranjero e intereses de deuda, el remanente no se invirtió en el país sino que se acumuló fuera del sistema.
El fenómeno tiene impactos muy negativos sobre la economía. Las causas por la que los argentinos no invierten en proyectos productivos son varias, pero no cabrían dudas de que la actitud persecutoria del Estado -sospechando de delincuentes a los ciudadanos- la profundizó.
Abandonar la idea de que la evasión y el delito se combaten con controles burocráticos es un paso en el sentido correcto. Esto debería ser complementado con controles inteligentes. Aprovechar la enorme masa de información que cuenta el Estado para detectar y combatir los delitos.
Para esto es imprescindible reconvertir las agencias del Estado. La más trascendental es la ARCA. Se trata de un organismo con un enorme presupuesto (recibe de la recaudación más recursos que 18 provincias por la coparticipación) y gasta el 83% en sueldos y otro 8% en gastos asociados a sus empleados (limpieza, seguridad, etc). El remanente para inversión en tecnología es marginal.
La reconversión también debe alcanzar a la Unidad de Información Financiera (UIF) que es la que debe detectar el lavado de activos y el fondeo del terrorismo según reglas internacionales.
Junto con eliminar regímenes de información que torturan e intimidan a la población con muy baja eficacia hay que migrar a controles inteligentes de los organismos de control. El desafío no es solo eliminar trámites, sino también mejorar la vigilancia. Una forma es focalizar los controles internos del Estado en las personas con antecedentes penales y calificadas de alto riesgo financiero por las regulaciones del Banco Central.
Estas reformas deben ser parte de una transformación más integral del sector público enfocada en la simplicidad y la empatía con el ciudadano. Un principio fundamental que debe regir la gestión pública es que la información del ciudadano que está disponible dentro de otros organismos del Estado debe estar prohibido solicitarla nuevamente. Hoy el Estado solicita innumerables veces por distintas ventanillas los mismos datos y documentos emitidos y aprobados por el mismo Estado (copias de DNI, pasaportes, vacunas, estatutos sociales, etc.). Eliminar la tortura del Estado a los ciudadanos exige más reformas simplificadoras.