Sabotaje previsional

La media sanción de la reforma previsional escondida tras el concepto de “modificación al sistema de actualización jubilatoria” tiene varias consecuencias e interpretaciones que tiene sentido enumerar y analizar. 

La primera y más simple es que se trata de una irresponsabilidad muy parecida en ese aspecto a la reforma que el ahora comunista Frente Amplio está tratando de plebiscitar en Uruguay. Se disponen en la ley diversos cambios e incremento de beneficios sin precisar el modo en que los mismos serán financiados, lo que va contra otras leyes presupuestarias vigentes. 

Cualquiera fuere el camino que el Gobierno eligiese para cumplir con estas disposiciones legales tendrá efectos ruinosos para la población. Si elige el camino de subir o crear más impuestos o aportes, se dañará la inversión, el crecimiento y el empleo, lo que no sólo lastimará al propio Gobierno sino que golpeará a toda la sociedad. 

Si en cambio se elige bajar otros gastos para mantener el criterio de reducir el gasto o al menos el déficit o la emisión, se continuará haciendo padecer el costo del ajuste solo a los individuos, los cuenta propistas, los autónomos y las Pyme, ya que al no haberse votado la ley Bases continuarán intocables los distintos grupos de poder y dinero que Milei agrupó bajo el común denominador de “la casta”: políticos, sindicatos, empresas prebendarias, empresas del estado, gerenciadores de la pobreza, burocracia siempre inútil y cara. Aunque rentable para algunos. 

Y si eligiese emitir para satisfacer el gasto, se estaría retrocediendo al lugar catastrófico en que la improvisación aventurera de Sergio Massa dejó al país el 9 de diciembre pasado, con lo que todo el sacrificio hecho hasta ahora sería vano y representaría una frustración mayúscula de efectos imprevisibles. Una jugada maestra del mal. Una disyuntiva de hierro que no tiene finales felices. 

Los hipócritas del año

También contiene una dosis muy alta de hipocresía. El peronismo y su aliado apenas disimulado, el radicalismo, más otros aliados menores menos disimulados, han sido los autores, cómplices o beneficiarios de los despojos y estafas a los jubilados que supuestamente se quieren corregir ahora. 

Habrá que recordar una vez más que Cristina Kirchner jubiló de oficio a 4 millones de personas sin aportes plenos o directamente sin aportes mediante una generosa moratoria que se opone a cualquier criterio actuarial, con lo que destrozó el concepto de “sistema de reparto” y lo transformó en un mecanismo de dádivas costeado por 3.3 millones de jubilados con aportes plenos, un robo directo que quitaría toda autoridad moral a los legisladores de los partidos involucrados para siquiera opinar sobre el problema, tras haberlo quebrado deliberadamente. Sin olvidar el aborto de las jubilación privada, una afrenta a la burocracia millonaria.

Buena parte del déficit previsional se debe a estas dádivas, a lo que hay que agregar los pagos por diversos beneficios y subsidios, por ejemplo la AUH y las garrafas, para no aburrir con el listado. Por supuesto que todas garantías inventadas por el peronismo en sus diversos disfraces y sus socios. 
No se intenta aquí determinar si esas decisiones fueron justas o no, sino puntualizar que se escondieron como costo jubilatorio gastos sociales que debieron agruparse en otras partidas y rubros, no cargarse al sistema jubilatorio, donde siempre pagan esos costos los aportantes. 

También es una gran hipocresía elegir uno de los peores momentos de Argentina para conceder a los litigantes contra la Anses el derecho a cobrar los juicios ganados, que desde la década de 1990 el peronismo decretó no abonar en contra de todas las sentencias de los jueces, obligando así a realizar dos o tres juicios adicionales de varios años para lograr con suerte el cobro desvalorizado de sus reclamos, si la deuda no se zanjaba antes con la muerte del beneficiario, esperanza contenida en la demora deliberada. Ese criterio fue mantenido por todos los gobiernos por más de 30 años, para decidir ahora arrojar la granada retroactiva en un claro intento de crear otra disyuntiva de imposible solución. Y no se opina acá sobre la justicia o no contenida en la decisión, sino sobre la perversidad del momento elegido. 

Igualmente el aumento en la actualización por inflación es hipócrita, cuando fue un gobierno peronista el que minimizó primero ese ajuste y luego lo reemplazó por un método que no tenía en cuenta la inflación. Aunque se presente como un acto de justicia, es en realidad un acto oportunista, que probablemente no se pueda pagar.  

Al disponer un aumento diferencial para los jubilados con la jubilación mínima, se está siendo injusto una vez más con los jubilados con haberes mayores, que los han logrado también con aportes mayores, lo que por supuesto no tiene importancia para el progrepopulismo woke nacional. 
Por el mismo precio, como los jubilados sin aportes plenos o sin aporte ninguno cobran la jubilación mínima, son los beneficiarios principales de esa limosna obligatoria que se fuerza a dar a los jubilados legítimos a su costa. Una típica igualación para abajo con desprecio por el ahorro, el derecho, la justicia y la matemática.

La medida será otro impedimento para la regularización de la masa de trabajadores en negro y otro factor para ahuyentar la generación de empleo, un nuevo obstáculo deliberado que conspira no sólo contra el bienestar del crecimiento, sino contra el propio sistema jubilatorio. 

Sistema de dádivas

No se debe confundir, como viene confundiendo la hoy oposición desde hace varias décadas, el concepto de “sistema de reparto” con el de sistema de dádivas que pagan los propios jubilados. Para ponerlo en términos técnicos, un sistema de reparto es intergeneracional. El sociopopulismo nacional lo ha transformado en un sistema intrageneracional, o sea que es el propio jubilado el que costea una serie de dádivas y regalos que benefician a quienes no hicieron su misma contribución y su mismo aporte. Y le obligan a pagar beneficios que nada tienen que ver con el retiro. El concepto intrageneracional destroza cualquier sistema jubilatorio en cualquier economía. 

Hoy se sigue cayendo deliberadamente en el mismo error. Suponiendo generosamente que se trate de un error, repetido y aumentado por décadas.
Una prueba más de que lo que se intenta es crear un caos y un desmadre presupuestario disfrazado de solidaridad es que cuando algunos legisladores aún sensatos sugirieron que para algunos de los gastos adicionales creados por la semisancionada ley se usara el Fondo de Seguridad previsional creado con las inversiones robadas a las AFJP y sus afiliados, la idea fue repudiada y desechada de inmediato. ¿Tal vez porque los fondos del Fondo de Seguridad ya no existen? 

Esta súbita y sorprendentemente veloz iniciativa puede ser interpretada también como un mensaje del Congreso al Gobierno: “Lo que pagaron y sacrificaron para que les aprobáramos el dictamen era sólo el peaje para que se tratara la ley, no para que se aprobara”. Ahora el juego empieza de nuevo. El político y el de toma y daca. Habrá que repensar la catarata de elogios prodigados al jefe de Gabinete y ministro del Interior Guillermo Francos, a quien la prensa aclamó como el gran negociador capaz de conseguir el dictamen en 36 horas. Quizás lo hayan engañado. 

Declaración de guerra

Se trata también de una declaración formal de guerra. Al introducir armamento nuclear en la discusión presupuestaria la oposición está enfrentándose no ya al Gobierno, sino a la sociedad, que espera que la inflación sea domeñada, que el país crezca, que se pueda volver a soñar con un trabajo, que se eliminen o reduzcan las ventajas de todos los mafiosos de la casta. El Congreso es hoy, para usar los términos de Milei, más casta que nunca. El Gobierno ha digerido ya la posibilidad de que un veto sea rechazado por los dos tercios que fija la Constitución. 

Se recordará la prédica iniciada por los exégetas de la mafia, que bregaban porque las leyes fueran discutidas, negociadas, consensuadas, menos ambiciosas, y hasta aquellos que hoy mismo sostienen hipócritamente que “el Presidente necesita una ley” pero que luego defienden todo lo contrario, o piden consensos que nunca habrá. Como se ve, se trataba de excusas para demorar cualquier iniciativa oficial, buena o mala. ¿Acaso Diputados negoció con alguien esta ley? ¿Con quién negociará y consensuará Senadores el proyecto?

Mientras, la Ley de Bases se sigue demorando indefinidamente, encogiendo y minimizando hasta la anemia. Una vez más, cabe explicar de un solo modo tanto el voto por Milei como la tolerancia y popularidad de que goza: es lo único que hay.