Ruleta rusa judicial
Señor Director:
Sería un grave error llevar el petróleo de Malvinas a un tribunal arbitral internacional. El Gobierno evalúa demandar al Reino Unido ante un tribunal arbitral internacional por la explotación del yacimiento Sea Lion en Malvinas. La intención parece patriótica. El resultado puede ser catastrófico. Estamos a punto de rifar 193 años de reclamo soberano por una medida de impacto electoral de corto plazo. El Reino Unido no reconoce a esos Tribunales. Nosotros quedaríamos atados de pies y manos ante una resolución adversa.
Desde hace 70 años, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tiene una doctrina oficial: no se somete a ningún tribunal internacional que discuta su soberanía territorial. Lo hizo en 1956 ante la Corte Internacional de Justicia y lo ratificó en 2003 ante el Tribunal del Mar. Presentó un escrito que dice textual: excluyo cualquier arbitraje sobre soberanía y delimitación marítima. Esto significa que si ellos quieren se presentan al Tribunal o directamante no van. Si Argentina va sola, quedamos atrapados. Si ellos aceptan ir solo para discutir petróleo, es porque ya saben que pueden ganar sin arriesgar las islas. ¿Quiénes son los jueces? No lo sabemos y no hay apelación posible ante una sentencia desfavorable.
Un tribunal arbitral no es la Corte de la ONU. Son cinco abogados privados elegidos de una lista de La Haya. Argentina no los conoce, no sabe qué intereses petroleros o geopolíticos tienen y no los puede recusar fácilmente. Su fallo es definitivo. No hay cámara de apelaciones, no hay órgano superior que lo controle. Si fallan contra Argentina, es cosa juzgada internacional. Para siempre. ¿Cual es la razón de cambiar una causa nacional que nos dio la derecha en la ONU desde 1965 mediante la Resolución 2065 que reconoce la disputa y obliga a negociar, postura que se mantuvo con múltiples declaraciones y resoluciones hasta el día de hoy, poniendola a merced de la opinión de cinco personas? Podemos perder todo sin ganar nada.
Hoy Argentina tiene razón jurídica, geográfica e histórica. La Resolución 31/49 de Naciones Unidas prohíbe a las dos partes innovar unilateralmente en recursos mientras dure la disputa. Cada licencia que otorga Londres en Sea Lion es ilegal ante la ONU. Pero nunca sometimos la soberanía a un juicio. La mantuvimos viva. Si vamos voluntariamente a un arbitraje y perdemos, el tribunal dirá: "El Reino Unido es el administrador legítimo que puede licenciar petróleo". Ese papel, aunque no hable de soberanía, en el mundo petrolero vale como un título de propiedad. Rockhopper y Navitas, que hoy no consiguen financiamiento por el riesgo legal argentino, saldrían a buscar 1.800 millones de dólares con un laudo bajo el brazo. Y nosotros no podríamos, por carecer de legitimidad, ir más a la ONU a decir que hay una disputa. Nosotros mismos habríamos aceptado que un tercero decidiera. Es lo que en derecho se llama estoppel: si vos pediste el arbitraje, después no te podés quejar del resultado; o la teoría de los actos propios: Nadie puede alegar su propia torpeza.
La historia reciente nos avisa: ¿que pasó en Chagos? Mauricio recuperó el archipiélago de Chagos no arbitrando soberanía, sino denunciando daño ambiental y descolonización incompleta. Nunca le preguntó a un tribunal "de quién son las islas". Le preguntó si el proceso de descolonización fue legal. El Reino Unido perdió y tuvo que negociar. Pero nunca aceptó que un tribunal le quite soberanía por la fuerza.
Si nosotros preguntamos "¿quién puede explotar el petróleo de Malvinas?", le estamos regalando al tribunal la posibilidad de que diga "el que hoy lo explota". No necesitamos una ruleta rusa. Tenemos herramientas sin riesgo: Mantener la denuncia en Naciones Unidas por violación a la Resolución 31/49. Demandar por daño ambiental en el Atlántico Sur ante tribunales del mar, sin discutir soberanía, sino falta de estudio de impacto ambiental compartido. Juicios en terceros países contra las petroleras que operan sin permiso argentino, como se hizo contra empresas que explotan el Sahara Occidental. Empezar a ocupar nuestro mar y costa como política de estado. La soberanía no se litiga en un arbitraje petrolero. Se defiende con 200 años de constancia, con presupuesto y decisión política, no con 6 meses de campaña electoral. Llevar Malvinas a un tribunal que el enemigo no reconoce, con jueces que no conocemos y sin apelación, dejando de lado toda la estrategia y argumentos que claramente ratifican la propiedad y soberanía de las islas, no es defender la Patria. Es ponerla en juego.
CARLOS LIONEL TRABOULSI
Fundador y Presidente de la Fundación y la Agrupación Argentina Azul.