Ricardo Gil Lavedra: “Es un límite intolerable”

El jurista anunció una inminente demanda judicial contra el Poder Ejecutivo si no revierten la parálisis judicial.

"La conducta del presidente de la república con relación a la cobertura de las vacantes judiciales llegó a un límite intolerable e inadmisible", señaló Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, durante un evento por la celebración por el Día del Abogado y el 40º aniversario de la ley de creación de la institución que preside.

Ante unas 700 personas que colmaron la sede de la Avenida Corrientes, el ex camarista que juzgó a los comandantes de la última dictadura detalló que "casi el 35 por ciento de los cargos en materia de jueces, fiscales y defensores se encuentran vacantes".

Agregó que hay 278 propuestas de nombramientos que están retenidas por el Poder Ejecutivo Nacional. "Desde que asumió el actual presidente no se envió ni un solo pliego", subrayó Gil Lavedra que agregó que “Esto compromete seriamente la administración de justicia. No puede funcionar una justicia con un porcentaje de vacantes de tal magnitud".

Para ilustrar la gravedad de la situación, especificó algunos casos críticos como "La Cámara Comercial tiene menos de la mitad de sus miembros; la Cámara Civil tiene un tercio de sus vacantes; y la Cámara Penal Económica, dos jueces sobre seis".

Debido a esta parálisis, Gil Lavedra anunció medidas concretas. "El presidente de la república está incumpliendo el mandato que le confiere la Constitución en el artículo 99, inciso 4", afirmó ante el público presente.

"Por esa razón, junto con la presidenta del Colegio de la Ciudad y el presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, vamos a presentar un reclamo administrativo al presidente que si no es satisfecho en tiempo oportuno, vamos a demandar judicialmente que se cumpla la Constitución". La declaración fue recibida con una ovación y sostenidos aplausos.

En otro tramo de su discurso, Gil Lavedra expresó su inquietud por la "falta de certeza que hay respecto al mega decreto número 70". En este sentido, reclamó una pronta intervención del máximo tribunal al señalar que "Es necesario que la Corte Suprema se expida acerca de cuál es el derecho vigente y cuáles son las normas que resultan aplicables para cada caso".

Asimismo, el titular del Colegio Público defendió el rol de los profesionales del derecho frente a las acusaciones de promover una "industria del juicio".

En tanto, fue enfático al señalar que "los abogados y abogadas no somos los responsables de la pérdida del empleo, ni somos los responsables de la pérdida de la productividad".

También sostuvo que "Nosotros no hacemos la ley, tampoco la aplicamos. Nosotros defendemos los derechos que consagran las leyes y lo vamos a seguir haciendo".