Revés para la AFA: Casación ordenó que la causa por la mansión en Pilar pase a la Justicia porteña
La Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto, por mayoría, la decisión que había enviado a la Justicia bonaerense la investigación sobre la casaquinta de Pilar. De este modo, la causa ya no tramitará en los tribunales federales de Campana y volverá a quedar bajo la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, donde será analizada por la Cámara Nacional en lo Penal Económico.
El expediente sobre la mansión —valuada en 17 millones de dólares y atribuida a presuntos testaferros de dirigentes de la AFA— quedará en manos de ese tribunal de alzada, tal como resolvió por mayoría la Sala I de Casación.
La decisión se produjo a partir de un planteo del fiscal Mario Villar, quien cuestionó la resolución dictada en enero pasado por la Cámara Federal de San Martín. En aquella oportunidad, ese tribunal había remitido el expediente al Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, que continuará interviniendo hasta que se adopte una nueva definición sobre la competencia.
Además de la mansión ubicada en Pilar, la denuncia también alcanza a una colección de autos de alta gama, un helipuerto y caballerizas.
La pesquisa busca determinar si esos bienes pertenecen, en realidad, a dirigentes de la AFA. La sospecha es que la sociedad Real Central, vinculada a Luciano Pantano y a su madre, Ana Conte, adquirió la propiedad —escriturada en 1,8 millones de dólares— como supuesta pantalla para ocultar activos de autoridades de la entidad, entre ellas su presidente, Claudio 'Chiqui' Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino.
La decisión de Casación vuelve a modificar el rumbo del expediente y posterga, una vez más, una definición sobre el caso.
A partir de ahora, la apelación presentada por la fiscalía será resuelta por la Cámara Nacional en lo Penal Económico, integrada por los jueces Gustavo Hornos y Carolina Robiglio. Ese tribunal también analiza si confirma los procesamientos de Tapia, Toviggino y de la AFA en una causa por la presunta retención indebida de aportes de la seguridad social y obligaciones impositivas.
Entre los argumentos para sostener el cambio de jurisdicción, el fiscal Villar señaló que el fuero Penal Económico era el ámbito adecuado para tramitar la causa, ya que el último juzgado que había intervenido fue el Juzgado Penal Económico N.º 10, entonces subrogado por el juez Marcelo Aguinsky.
El juez Mariano Borinsky, en disidencia, consideró que el recurso del fiscal debía declararse inadmisible porque no se trataba de una sentencia definitiva y no se había acreditado una cuestión federal que justificara la intervención de Casación.
Además, sostuvo que no se había demostrado “acabadamente una afectación sustancial a la garantía del juez natural” y advirtió que el planteo implicaba un “excesivo rigor formal en desmedro de una eficiente administración de justicia”, lo que derivó en una “solución dilatoria que atenta contra los principios de economía y celeridad procesal”.
En cambio, el juez Guillermo Carbajo votó a favor de que la causa sea tratada por la Cámara Nacional en lo Penal Económico, postura que reunió la mayoría necesaria para definir el nuevo rumbo del expediente.