Responsabilizan al Estado por la muerte de la niña Marcela Iglesias en el Paseo de la Infanta
Durante casi tres décadas, sus padres sostuvieron el reclamo judicial en busca de una respuesta.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró ayer la responsabilidad internacional del Estado argentino por la muerte de Marcela Brenda Iglesias Ribaudo, la niña de seis años que falleció en 1996 al ser aplastada por una escultura de hierro durante una excursión escolar en el Paseo de la Infanta, en el barrio porteño de Palermo.
La sentencia del tribunal regional se conoció tras una demanda presentada por los padres de la víctima, Eduardo Iglesias y Nora Ribaudo, quienes llevaron el caso al sistema interamericano luego de que la causa judicial en Argentina quedara cerrada sin condenados.
De acuerdo con la resolución, el Estado argentino incurrió en violaciones a derechos contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre ellos el derecho a la vida, a la integridad personal, a la protección especial de la niñez, así como a las garantías judiciales y a la protección judicial.
El tribunal consideró que existió responsabilidad estatal tanto por las circunstancias que rodearon el fallecimiento de la niña como por la falta de una investigación eficaz que permitiera determinar responsabilidades penales.
EL HECHO
Marcela Iglesias tenía seis años cuando, en febrero de 1996, participaba de una salida escolar en el Paseo de la Infanta, un espacio público ubicado en los bosques de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires.
Durante la visita, una escultura metálica de gran tamaño —de aproximadamente 300 kilos— se desplomó y cayó sobre la niña, provocándole la muerte.
La obra formaba parte de una exposición al aire libre instalada en ese paseo gastronómico y cultural, en un sector frecuentado por familias y grupos escolares.
El caso generó conmoción pública en ese momento y dio origen a una investigación judicial en la que fueron imputadas distintas personas vinculadas con la instalación de la escultura, entre ellas la galerista Diana Lía González de Lowenstein, el autor de la obra, el artista Danilo Danziger —fallecido en 2013— y funcionarios del entonces Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
A pesar de la gravedad del hecho, la causa penal nunca llegó a juicio oral. Según consta en el expediente, durante años el proceso avanzó entre apelaciones, recusaciones y planteos de las defensas que fueron admitidos por distintos tribunales.
Cuando el caso se encontraba en condiciones de ser elevado a debate oral, nuevas presentaciones judiciales volvieron a retrasar el trámite.
Finalmente, en 2006, la aplicación de la Ley 25.990 —que modificó los plazos de prescripción en materia penal— determinó la extinción de la acción penal y el cierre definitivo del expediente sin que se dictaran condenas.
Para los familiares de la niña, esa situación consolidó un escenario de impunidad que motivó la presentación del caso ante el sistema interamericano de derechos humanos.
Luego de agotar las instancias judiciales en el país, los padres de Marcela acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que admitió la petición y elevó el caso al tribunal regional.
En agosto de 2025 se realizó la audiencia pública en la sede de la Corte, en San José de Costa Rica, donde los familiares expusieron ante los jueces del organismo internacional los detalles del hecho y las irregularidades que, según sostuvieron, atravesaron la investigación.
La demanda planteó que el Estado argentino incumplió su deber de garantizar una investigación efectiva, así como de asegurar condiciones adecuadas de seguridad en el espacio público donde ocurrió el accidente.
En el marco del proceso internacional, el Estado argentino reconoció su responsabilidad por la falta de respuesta judicial adecuada en el caso.
La Corte Interamericana concluyó que el país violó derechos fundamentales protegidos por la Convención Americana y ordenó la adopción de medidas de reparación, que serán detalladas en los puntos resolutivos del fallo.
Entre ese tipo de medidas suelen incluirse indemnizaciones a las víctimas, acciones simbólicas de reconocimiento de responsabilidad y disposiciones destinadas a evitar la repetición de hechos similares.