Requisitos para ser autoritario

Todo autoritarismo implica que quien lo comete considera que tiene la verdad en su poder. Eso le evita tener que persuadir, negociar y hasta tener que saborear el amargo disgusto que un rechazo a su voluntad significa. 

Pero aun si se asume la posición de un comprensivo y maquiaveliano exégeta, hay algunas precauciones que se deben tomar antes de tomar medidas de esas características. La primera es comprender en profundidad el problema que se intenta resolver, la segunda es el efecto negativo o positivo que puede desencadenarse a partir de la medida. Una tercera es la efectividad de las medidas. 

También hay que asegurarse de respetar la acción humana, es decir tratar de entender el comportamiento de la sociedad en cada tema donde se ejerce semejante poder. Y paralelamente, hay que tratar de que la decisión arbitraria no termine empeorando la situación. 

No parece que el Gobierno tenga en cuenta estos elementos de juicio en muchas de sus recientes medidas, más allá de que la comunicación las presente como grandes logros para el consumidor o el contribuyente. 

Escándalo de corrupción masiva

Para analizar algunos ejemplos, el más fácil es el reempadronamiento en el registro de discapacitados con el objeto de revisar lo que es claramente un escándalo de corrupción masiva. Una medida que era necesaria y esperada, porque hasta el más despistado imagina el fraude monumental, descarado, multipartidario y sin distinción de fronteras que se oculta (apenas) detrás de las pensiones otorgadas por ese concepto. 

Sin embargo, la incompetencia e ignorancia de quien redactó la norma (ahora chivo expiatorio) y de toda la cadena de supervisión, (salvada) hizo que se usaran términos que ninguna persona decente utilizaría para describir ciertos grados de discapacidades, una falta de respeto simplemente inaceptable. Con lo cual se logró que una decisión acertada y procedente, que merecería contar con el aplauso de todos, perdiera potencia y corriera el riesgo de diluirse, desvirtuarse o al menos regalar argumentos efectistas y dilatorios a los gerentes de la discapacidad que inventaron un negocio, o que inventaron discapacitados. La red de corrupción agradecida. 

Sin tener igual repercusión, también la decisión de permitir el pago en dólares entre titulares de cuentas o tarjetas en esa moneda es una medida simbólica, inútil y que tiende a confundir la opinión y las expectativas. Debe puntualizarse que tal medida no significa demasiado: el tenedor de dólares (con cepo) en una cantidad limitadísima, puede transferir esa moneda que posee a otra persona o entidad. 

La transacción, seguramente, no obedecerá a una lista de precios en moneda extranjera, sino al precio que pacten los interesados, lo que será una compraventa privada sin mercado alguno. Ni se saca el cepo, ni se libera el mercado cambiario, ni significa que el Estado deja de fijar el tipo de cambio. Con lo que quienes sueñan con que esta medida es un paso hacia algunos de esos logros, o una suerte de competencia de monedas o de dolarización, se engañan. 

El efecto es que mucha gente creerá que es un proceso de libertad y facilidad operativa, pero no lo es significativamente. Y quienes están en el tema sonreirán ante lo inocuo. Y quienes también se ilusionaron con que esos precios permitirían la comparación con los precios internacionales de los bienes, también pueden dejar de soñar.

No muy diferente fue la lucha contra el sistema de Registro Automotor, a concluyó con el cierre de varios registros, lo que saca del negocio a algunos, pero aumenta la ganancia de los que siguen en actividad, simplemente. La medida no cambiará demasiado el problema, porque lo realmente dañino es el concepto mismo de la existencia de un Registro Automotor y una ley que considera que no hay venta hasta que no se inscribe en dicho sistema, una aberración jurídica que no existe ni en el caso de los inmuebles. Una desilusión garantizada. 

Las comunicaciones sobre las liquidaciones de exportaciones agropecuarias también están siendo cuestionadas por el campo oficialmente y en cuanta oportunidad tienen sus entidades, aunque no tengan la difusión que esas quejas merecen, y la sola idea de retenciones que suben o bajan según el gobierno necesite o no dólares hablan de una inseguridad financiera y económica que seguramente tienen el efecto contrario al que se espera, o al menos se quiere hacer creer que se espera. 

El proverbial tiro en el pie

En varios casos de normas que parecían contundentes e importantes, al intentar aplicarlas se encuentran dificultades o el riesgo de que resulten contraproducentes al punto que se ha demorado o suspendido su aplicación. No muy distinto a lo que ocurre con algunas de las decisiones de Donald Trump en comercio internacional, cuestionadas por los supuestos beneficiarios. 

Otro ejemplo fácil es el caso de la designación de ministros de la Corte por decreto. Partiendo de los considerandos del decreto en que se ofrece como explicación principal el hecho de que “el Senado no trató las designaciones durante un año”, una suerte de acusación ignorante, además de omitir que el propio gobierno retiró su pedido de tratamiento en algún momento, que dibuja una urgencia donde no la hay, obliga a uno de los designados a mancillar su honorabilidad haciendo algo que execró hace pocos meses, y al otro, además de los apabullantes cuestionamientos en su contra, lo enfrenta a la provisoriedad de su designación y al miedo a quedarse sin el pan y sin la torta. 

Abre una discusión desgastante con el Senado, y prefiere ignorar el hecho de que el cuerpo no quiso aprobar su designación, lo que republicanamente lo obliga a ofrecer otros candidatos, y se expone a la crítica de la gran mayoría de especialistas, politólogos y del propio sistema judicial, manosea a la Corte y crea un ambiente de duda sobre la seguridad jurídica, y hasta ayuda a pensar que hay una conexión oportunista con la necesidad de tapar el caso $LIBRA, que ha sido momentáneamente olvidado por la prensa nacional no así por la internacional.

Pone más dudas sobre el capricho (¿?) Lijo, que nunca habría sido votado por nadie sensato ni decente, ni por una oposición que busca cómo oponerse, y sobre la propia vocación democrática del oficialismo. 

Y por último, corre el riesgo de que los nuevos jueces terminen durando en sus cargos una semana o peor, que les terminen debiendo un favor a quienes supuestamente tienen que juzgar. 

En un momento en que el Gobierno tiene varios temas de qué enorgullecerse, se parece bastante al proverbial tiro en el pie. Quién elaboró esta estrategia no parece capacitado para hacerlo, menos para hacerlo por decreto, basado en una norma que ni siquiera es tan taxativa, al referirse a “empleados”, tema que obligó a Macri, en circunstancias mucho menos escandalosas que ésta, a abandonar su idea salvífica de un decreto infalible y someterse a la Constitución. 

El reciente comunicado sobre la “desmonopolización” de Sadaic y similares tiene el mismo destino y fallas. Y antes de ocuparse de un tema que traerá más problemas que soluciones, si de desmonopolización se trata, habría que aplicar el concepto generalizadamente y legislar sobre el sindicato único, y la central obrera única, y aplicarle el mismo criterio de. por ejemplo, eliminar por lo pronto la obligatoriedad de pagar la cuota sindical aún sin estar afiliados, y la de retener por planilla esa cuota. 

También permitir la libertad de discusión de paritarias, y aún la de cada uno de trabajar por el sueldo que pacte con la patronal, lo que sería de gran ayuda para el desempleo. ¿O sólo esa libertad regirá para los autores o intérpretes? Pese a que el Presidente ha manifestado, en un giro a sus convicciones económicas, que los monopolios privados son buenísimos, no habría que olvidar los múltiples monopolios argentinos, apañados por el Estado, que merecerían cada uno una Causa de los Cuadernos, y que también deberían ser desregulados de un plumazo. 

¿Y qué tal el monopolio de Telecom-Personal-Fibertel-Flow-Cablevisión-Arnet, aun antes de la compra de Telefónica, que tiene millones de cautivos ante la mirada benevolente de todos los gobiernos? ¿O sólo se desregula lo que es fácil de desregular aunque no sea muy relevante?

El caso Sadaic

Volviendo a Sadaic, la realidad es que cumple una doble o triple función. La más importante es la de ser el organismo privado donde se registran todas las obras musicales. Justamente lo opuesto al Registro Automotor. En vez de que el registro sea estatal, es privado. 

Se recordará que, contrariamente a lo afirmado por el desregulador Sturzenegger, Sadaic no es un invento de Onganía -que sí inventó las Obras Sociales y se las regaló a los sindicatos- sino que fue creado en 1936, en el apogeo de la radio y la industria discográfica, por los autores y compositores más notables de su época, Discépolo por ejemplo, que no sólo eran utilizadas y reproducidas sin ninguna remuneración, sino que eran copiadas y robadas, como ocurría en París, que ante el éxito de público esperaba cualquier tango argentino para atribuírselo y cobrar derechos. 

El gobierno de Onganía reconoció a Sadaic y le dio exclusividad para recaudar los derechos (que fijó) de autor, y distribuirlos entre los autores. 

Su primer presidente y fundador fue Francisco Canaro, el gran maestro uruguayo que vivió en Argentina y que inventó el negocio del tango en Europa, acaso el primer emprendedor nacional, seguido por Gardel. También compró y donó el terreno de su sede original, que no se hizo con un aporte del Estado, curiosidad. 

Cuando usted vió a Philippe Noiret bailando un tango en la famosa película Il Postino, lo que baila es Madreselva, de Francisco Canaro, interpretado por su orquesta con la voz superpuesta de Gardel, ya fallecido.  

Sadaic comienza a registrar todas las partituras, y a defender los derechos de propiedad intelectual de los autores argentinos localmente y en el mundo. Luego se pliegan los autores uruguayos, que no tenían tal organismo. A partir de allí la música se vuelve negocio y modo de vida de miles de artistas, músicos, autores. 

La Sociedad pedía a las radios, los teatros, los cines, el listado de las canciones que se pasaban, cobraba un porcentaje sobre el bordereaux y un derecho sobre la reproducción y esa recaudación se distribuía entre los autores. Lo mismo que hace hoy, donde además tiene convenios con entidades afines del mundo y percibe también los derechos de autores extranjeros, que actúan recíprocamente. (Esto es el caso de Sadaic, pero las otras Sociedades de Gestión Colectiva no fueron convalidadas por Onganía). 

No hay manera de desregular esa actividad sin crear un caos inmanejable. O abrir la puerta a que el registro sea estatal, lo que sería trágico. ¿Cómo recaudarían las Sociedades de Gestión Colectiva los derechos que se perciben de los espectáculos y medios si hubiera varias en cada rubro?  Supóngase un espectáculo cualquiera donde algunos de sus autores o actores hubieran hecho arreglos con su productor sin SGC alguna, y otra parte fuera miembro de alguna de ellas. ¿Cómo se recaudarían los derechos? ¿Quién llevaría el registro de la propiedad intelectual de cada obra? 

Hay una gran confusión y hasta una contradicción entre la posibilidad de cada autor o intérprete de negociar los derechos con el productor y la existencia de muchas Sociedades de Gestión Colectiva. 

En festivales sería posible que cada actor o autor arreglaran sus derechos con el productor, pero si hubiera varias sociedades en cada rubro no habría manera de cobrar derechos sobre repeticiones cinematográficos o grabaciones y videos. Esa es la razón principal de la serie de duras huelgas de actores, autores, músicos, editores e intérpretes en Estados Unidos. 

Tratando de desregular, se va a crear un escenario de imposible operatividad. Hay productores que imaginan que se trata de una conquista y que esta medida les bajará los costos. La supuesta desregulación es tan imperfecta y no tiene en cuenta tantos aspectos que augura lo contrario, además de una conflictividad creciente. 

Supóngase que una Sociedad de Gestión Colectiva nueva compite con Sadaic. ¿Reducirá los derechos que cobra esta última a cada radio, televisora recital o teatro o a Spotify y similares?  ¿Y en consecuencia propondrá bajar los derechos de los autores? ¿Su publicidad para atraer más miembros sería “gane menos, únase a nosotros”? Con esta mescolanza se verá la acción humana en todo su esplendor. 

Kicillof, perdedor serial

Como último ejemplo está la última comunicación-exhorto al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el perdedor de juicios serial Axel Kicillof. El gobierno, luego de insultarlo prolijamente, le pide que renuncie para posibilitar la intervención a su provincia, lo que no tiene sentido porque la renuncia de un mandatario nada tiene que ver ni justifica la intervención a una provincia.

Luego le pide que consienta y permita la intervención, cosa que no es necesaria ni procedente. Hay defensores de cualquier cosa que sostienen que con esa frase se quiere significar que solicite la intervención de las fuerzas de seguridad, una confusión inadmisible en semejante comunicación. El resultado no será, seguramente, la reducción del delito en la provincia. Probablemente se busca un rédito político. 

La pregunta en todos estos casos es si se cree que con estas medidas, este lenguaje y estas actitudes se está transformando a la Argentina o se está generando un clima de confianza y seguridad jurídica. 

En esa línea de pensamiento obnubilado, el juez Lijo asistirá hoy al mensaje presidencial al Congreso porque el presidente sostiene que a partir de su designación por decreto ya es ministro de la Corte. Esta noche la vicepresidente no estará invitada a la cena por orden de la hermana presidencial.