A comienzos de 1986 el presidente Raúl Alfonsín estaba en su pico de popularidad y los radicales, desbordantes de optimismo. En las elecciones de renovación parlamentaria del año anterior habían derrotado al peronismo en todo el país como consecuencia del éxito inicial del Plan Austral. Por otra parte, como secuela de su derrota en las presidenciales de 1983, el peronismo se había partido en dos facciones en plena disputa: ortodoxos y renovadores.
El único foco opositor que no registraba ese drástico cambio de escenario era el sindical. En el primer trimestre del 86 le hizo al gobierno dos paros generales (antes ya le había hecho tres). Quería quebrar el plan económico y volver a la hiperinflación para recuperar el poder. Salvando las distancias, la versión contemporánea de ese mismo objetivo la expresó ayer con todas las letras el ferroviario Maturano cuando habló de retroceder el almanaque a 2001.
Pasaron cuatro décadas desde aquella etapa del gobierno radical, la mayoría de los protagonistas murió, el mundo salió de la Guerra Fría, el anticapitalismo despareció desde la caída del Muro como utopía verificable, el trabajo y la producción sufrieron metamorfosis entonces inimaginables a raíz de la revolución tecnológica, pero el sindicalismo y la política nativa siguen anclados en los mismos conflictos y la mismas conductas: el peronismo sindical promueve un paro general para oponerse a una reforma de la legislación laboral ya aprobada por una de las alas del Congreso.
La decisión resulta curiosa porque aparece después de que el proyecto oficial ya fue sancionado por el Senado, donde los sindicalistas consiguieron preservar sus “cajas”. El paro forma entonces parte del “folclore” sindical sin consecuencias para el trámite de la iniciativa en Diputados. Sin embargo, su “ritualidad” no puede ocultar la disfunción del sindicalismo peronista que una vez más expone su incapacidad para resolver los problemas de los trabajadores y tiene como única meta preservar sus medios de financiamiento.
En los últimos años el porcentaje de trabajadores no registrados creció en espiral sin que los gremialistas (muchos de los cuales devinieron en empresarios) movieran un dedo, el único “empleo” que creció fue el público, mientras el privado se estancó y los salarios no alcanzan para llegar a fin de mes como repiten alegremente los encargados de negociarlos.
A esta altura es innegable que los sindicalistas no sólo son ineficientes en la defensa de los trabajadores; se han convertido en una caricatura de sí mismos. Sólo representan sus propios intereses y juegan a la política en lugar de reivindicar los derechos de sus representados.
La reforma que puede cambiar esa situación no está en la ley de contrato de trabajo sino en la democratización de la actividad sindical. Una norma que deje atrás definitivamente la “Carta del Lavoro” heredada del fascismo italiano y que Alfonsín no pudo modificar por oposición del peronismo en el Senado en 1984.