Recuperan una casa usurpada en la que funcionaba un taller ilegal en Floresta
Del operativo participaron también efectivos policiales y de distintas áreas del Gobierno de la Ciudad.
El Gobierno porteño recuperó una vivienda usurpada en el barrio de Floresta donde funcionaban un taller textil clandestino y un hotel informal.
El inmueble había sido alquilado en 2018 y, según denunciaron sus propietarios, los ocupantes dejaron de pagar en 2022 y nunca abandonaron el lugar pese a existir una orden judicial de desalojo desde 2023.
El operativo se realizó en una casa ubicada en la esquina de Bahía Blanca y Bacacay y estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad.
Durante el procedimiento, los ocupantes intentaron desarmar cinco máquinas de coser utilizadas en el taller, mientras que personal de la Guardia de Auxilio clausuró la propiedad por riesgo de derrumbe.
La vivienda pertenecía a la familia Castro desde 1968. Patricia Castro, una de las herederas, explicó que su padre había alquilado la propiedad a ciudadanos bolivianos y que tras la muerte de él, en 2021, comenzaron las dificultades para recuperar el inmueble.
Según relató, tras múltiples reclamos y cartas documento, la familia avanzó con una demanda judicial que finalmente derivó en una sentencia firme de desalojo.
“Intenté recuperar la casa por vía judicial, pero un fiscal quiso avanzar y otro decidió archivar la causa hasta que logramos la sentencia”, sostuvo Castro.
Fuentes oficiales señalaron además que en el lugar se subalquilaban habitaciones y que la Red de Atención del Gobierno porteño asistió y censó a las personas presentes durante el operativo.
MACRI
El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, afirmó que “estos delincuentes no solamente tomaron la casa, también montaron un negocio ilegal con un taller textil clandestino”.
Además, destacó que se trata de la propiedad número 800 recuperada durante su gestión.
Del operativo participaron también efectivos de distintas áreas del Gobierno de la Ciudad, entre ellas los ministerios de Seguridad y Desarrollo Humano, la Agencia Gubernamental de Control y el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.