Reclamaron la pronta sanción de la ley de responsabilidad fiscal
Nicolás Dujovne presentó en el Senado el acuerdo provincial para limitar al gasto público. El ministro reiteró que es la iniciativa es fundamental para atraer inversiones dado que éstas requieren estabilidad, reglas de juego claras y solvencia.
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, presentó en el Senado una iniciativa que pone límites al gasto fiscal de las provincias y la ciudad de Buenos Aires. El documento, ingresado como "oficiales varios", fue redactado por consenso en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, que reúne a los ministros de economía de todos los distritos. En vista del acuerdo político existente se espera que sea dictaminado rápidamente. Las únicas provincias que no adhirieron fueron San Luis y Neuquén.
En una breve ceremonia de la que participaron el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y el de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, el funcionario solicitó su pronto tratamiento y explicó que se trata de una iniciativa fundamental para que haya inversión, lo que requiere estabilidad, reglas de juego claras y solvencia fiscal. "Sin solvencia fiscal -aseguró- de una manera u otra terminamos generando una de las tantas crisis por la que atravesó en las últimas décadas el país".
Se estima que la norma propuesta será tratada en simultáneo con el presupuesto 2018 que el propio Dujovne presentará hoy en la Cámara de Diputados, aunque desde 2009 hay una ley con igual propósito suspendida. En el presente caso se prevé la aplicación de sanciones a los incumplidores.
Las sanciones comprenden el no otorgamiento de avales de la Nación a las provincias que quieran endeudarse y la restricción de aportes no automáticos del Tesoro Nacional.
De convertirse en ley la nueva iniciativa todas las jurisdicciones deberán mantener el gasto primario constante, es decir, con un crecimiento no superior a la tasa de inflación. Las que no tengan déficit podrán endeudarse. No podrán, en cambio, las deficitarias o con un servicio de la deuda superior al 15 por ciento de sus recursos corrientes.
Las provincias tampoco podrán aumentar de manera injustificada el empleo público existente al 31 de diciembre de 2017 y tampoco el gasto corriente en los dos últimos trimestres del fin del mandato del gobernador en ejercicio.
Otra cláusula propone un acuerdo entre la Nación y las provincias para la adopción de políticas tributarias tendientes a "armonizar y no aumentar la presión impositiva legal en aquellos gravámenes aplicados sobre el trabajo, la producción, el sector productivo y su financiamiento".