Reclaman a Milei que proteja el empleo y evite el colapso de la industria textil

 

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López (STMVL), Victorio Pirillo, y el empresario textil Juan Carlos Blumberg advirtieron sobre las consecuencias sociales y económicas de la crisis que atraviesa el sector. Reclaman una política de importaciones que permita la competencia sin condenar al cierre a las empresas argentinas y a la pérdida de miles de puestos de trabajo.

La crisis de la industria textil argentina encendió una nueva señal de alarma. El deterioro financiero de importantes empresas, la caída de la actividad y el avance de los productos importados vuelven a colocar en el centro del debate el futuro de la producción nacional y la preservación del empleo. La quiebra de Algodonera Avellaneda, que pone en riesgo alrededor de 350 puestos de trabajo, constituye uno de los casos más preocupantes de esta situación.

Frente a este escenario, Pirillo y Blumberg le reclamaron al presidente Javier Milei que adopte medidas para cuidar las fuentes laborales, generar recursos y evitar que la crisis termine destruyendo empresas con décadas de historia industrial.

Pirillo sostuvo que “la apertura de las importaciones no debería convertirse en una sentencia de muerte para los fabricantes nacionales. Si bien importar puede ser una herramienta legítima para ampliar la oferta y promover la competencia, ese proceso debe desarrollarse bajo condiciones que no coloquen a los empresarios locales en una situación de desventaja insostenible”.

“Está bien importar, pero no a cualquier precio ni de cualquier manera. La apertura comercial no puede transformarse en un mecanismo que termine destruyendo a quienes producen, invierten y generan trabajo en la Argentina, ni provocar la pérdida de empleos de trabajadores que han transcurrido gran parte de sus vidas dentro de las fábricas”.

LAS IMPORTACIONES YA ABASTECEN UNA PARTE SUSTANCIAL DEL MERCADO

La preocupación del dirigente sindical y de muchos empresarios como Blumberg o Teddy Karagozian adquiere mayor relevancia frente a los datos difundidos por el sector que advierten sobre el avance de los productos importados de muy mala calidad y muy bajo precio y las denuncias empresariales acerca de prácticas que podrían distorsionar la sana competencia.

El dato que asevera que hoy en día las importaciones abastecen 70% del mercado textil plantea un interrogante relevante: ¿qué posibilidades tienen las fábricas argentinas de sostener sus estructuras productivas y a sus trabajadores cuando una proporción tan importante del mercado es abastecida desde el exterior, en muchos casos a través del dumping?

La discusión no se limita al origen de las prendas, también involucra las condiciones en las que se producen, los costos laborales, impositivos, alquileres, energéticos y financieros que afrontan las empresas argentinas, y los controles sobre las mercaderías que ingresan al país.

Importar no constituye, por sí mismo, una práctica desleal. El problema aparece cuando existen maniobras de subfacturación, declaraciones aduaneras falsas, incumplimientos normativos, dumping con la intención de que acelere la desaparición de la industria nacional u otras irregularidades que permitan comercializar productos en condiciones que no respetan las mismas reglas exigidas a los productores locales; esas situaciones deben impedirse y sancionarse cuando se comprueban.

Empresas con décadas de historia y miles de familias en riesgo

Uno de los aspectos que más preocupa es que muchas de las fábricas textiles afectadas llevan entre 20, 40 y hasta 80 años de actividad; son empresas que, a lo largo de generaciones, construyeron capacidades productivas, desarrollaron conocimientos técnicos y sostuvieron puestos de trabajo, además de contribuir al entramado económico de distintas regiones del país.

El grupo del famoso e histórico empresario de Teddy Karagozian que tanto aportó durante décadas a la industria nacional describió dificultades financieras, reducción drástica de actividades, y el cierre de algunas marcas de indumentaria que surge de distintos artículos de la prensa nacional. El caso refleja que los problemas no afectan únicamente a pequeños establecimientos, sino también a grupos empresarios con una extensa trayectoria y presencia industrial en distintas provincias.

A ello se suma hoy la situación de Algodonera Avellaneda, cuya quiebra, tras fracasar el proceso de salvataje, amenaza con dejar sin trabajo a unos 350 empleados, muchos de ellos que solicitaron la solidaridad de Pirillo para visibilizar esta grave situación que genera incertidumbre entre productores, trabajadores y otros integrantes de la cadena algodonera, especialmente ahora en el Chaco.

Detrás de cada crisis empresarial hay trabajadores que pueden perder sus ingresos, familias que dependen de un salario y comunidades enteras que ven amenazada una parte fundamental de su economía. Importar sin destruir la producción nacional debe ser el lema. Y convocar a las PYMES para una estrategia conjunta de producción y fortalecimiento de las mismas.

Para Pirillo, el desafío del Gobierno no consiste en cerrar la economía ni en impedir toda competencia externa, sino en establecer condiciones que permitan compatibilizar la apertura comercial con la continuidad de la industria argentina. En ese sentido, sugirió al presidente Milei que genere los recursos y promueva las herramientas necesarias para que las empresas nacionales puedan sostener su actividad, modernizarse e invertir sin quedar condenadas a desaparecer frente a productos importados.

Entre las cuestiones que merecen atención se encuentran el acceso al financiamiento productivo, la reducción de costos que afectan la competitividad, la simplificación de cargas burocráticas, el control de las irregularidades comerciales y la adopción de medidas que favorezcan la inversión y la innovación tecnológica. Todo tendiente también a garantizar las fuentes de empleo.

La finalidad no debería ser solo viabilizar la supervivencia de cualquier empresa con independencia de su eficiencia, sino evitar que unidades productivas factibles, con trabajadores capacitados y décadas de experiencia, desaparezcan por una combinación de factores que les impida competir en condiciones razonables.

El dirigente también advirtió que el problema no se limita al sector textil; las dificultades que afectan a distintos rubros industriales y comerciales forman parte de una preocupación más amplia por el sostenimiento de la actividad económica y el empleo.

La defensa de las fuentes laborales, cualquiera sea el rubro, no implica desconocer las dificultades de las empresas ni rechazar la competencia; significa evitar que el costo de una política económica recaiga principalmente sobre los trabajadores y sobre un entramado productivo construido durante décadas.

UNA ADVERTENCIA SOBRE EL COSTO SOCIAL DE LA CRISIS

La estabilidad económica no puede evaluarse exclusivamente mediante variables financieras o comerciales si, al mismo tiempo, se deteriora la capacidad de producir y generar empleo. La desaparición de una fábrica supone también la pérdida de proveedores, conocimientos técnicos, inversiones y oportunidades de desarrollo que difícilmente puedan recuperarse en el corto plazo.

Cuando una empresa cierra, no siempre existe otra actividad capaz de absorber inmediatamente a sus trabajadores ni de reemplazar el movimiento económico que generaba en su comunidad. Por eso, el reclamo conjunto de Pirillo, Blumberg y tantos otros busca instalar la necesidad de una política que contemple tanto la apertura de la economía como la preservación de la producción nacional, con reglas que permitan competir sin favorecer una destrucción indiscriminada de empresas y puestos de trabajo.

En definitiva, el mensaje dirigido a Milei es claro y el empresario Blumberg sentenció: “La Argentina necesita importar cuando resulte conveniente, pero teniendo en la Aduana el Control de Precios de Referencia Mundial que hoy no los tiene. Pero también necesita producir, invertir y trabajar. La apertura comercial no debería medirse únicamente por la cantidad de productos que ingresan al país, sino también por la capacidad de la economía para generar empleo, sostener empresas, locales comerciales y desarrollar su propia industria, porque detrás de cada fábrica que cierra no desaparece solamente una razón social: se pone en riesgo el futuro de cientos de familias y una parte de la capacidad industrial de la Argentina”.