Rechazo definitivo al veto de la ley de emergencia en discapacidad

La Cámara alta rechazó por 67 votos a favor y sólo 7 en contra el veto del presidente Javier Milei a la ley que había declarado la emergencia en discapacidad hasta fines de 2026, norma con un costo que el Poder Ejecutivo alegó que eliminaría el equilibrio fiscal.

Votaron en contra del Ejecutivo el peronismo, la UCR, el PRO y los partidos provinciales. A favor lo hicieron seis senadores de LLA y la macrista Carmen Álvarez Rivero.

Como la Cámara de Diputados ya había insistido en la sanción de la ley el 20 de agosto último, el veto quedó definitivamente rechazado.

El Congreso no rechazaba un veto total del Ejecutivo desde 2003. En aquel caso, los legisladores se pronunciaron en contra de la decisión del expresidente Eduardo Duhalde sobre la eliminación de aranceles al azúcar.

Se prevé que el Presidente recurra a la Justicia para frenar la norma que crea una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% de la jubilación mínima, dispone la actualización mensual de aranceles a prestadores, otorga más presupuesto para talleres y centros de día y autoriza una compensación extraordinaria a prestadores.

El costo fiscal de estas medidas fue calculado por la Oficina de Presupuesto del Congreso entre un 0,25 y 0,45% del PBI, lo que superaría, por ejemplo, el superávit de todo el sector público logrado por el Gobierno en julio pasado.

Durante un debate del que participó casi la mitad de la Cámara, la ampliamente mayoritaria oposición rechazó el argumento oficial de la falta de fondos e hizo hincapié en las denuncias de presunta corrupción difundidas a través de grabaciones del extitular de la Andis, Diego Spagnuolo.

También los oradores de Unión por la Patria contrastaron las rebajas de impuestos y de retenciones a las exportaciones decididas por el Gobierno con el recorte de recursos para las políticas asistenciales.

ACUSACIONES

El miembro informante, el peronista Daniel Bensusán, calificó de “mentira” la acusación del Ejecutivo de que se estaba aumentando de manera irresponsable el gasto público. Sostuvo que existen en la actualidad cinco millones de discapacitados y rechazó las bajas dadas a los subsidios a beneficiarios del sistema que no se habían presentado a las auditorías dispuestas por el Gobierno.

Hubo también otros discursos menos argumentativos, pero más enfáticos como el de la fueguina K Cándida López que calificó a los funcionarios libertarios y a sus “cómplices” de “coimeros, banda de chorros, miserables y corruptos”.

En tanto, la santacruceña Natalia Gadano, sostuvo que “no puede aceptarse un equilibrio fiscal que pesa más que la vida y las necesidades de la gente. ¿De qué sirve un país con cuentas ordenadas si está hecho de ciudaddanos abandonados?”, se preguntó.

A su turno, el radical Maximiliano Abad cuestionó el atraso de las prestaciones en discapacidad respecto a la inflación y sostuvo: “Con esta ley, el Congreso atiende un reclamo transversal de la sociedad y se pone del lado de los más vulnerables”.