Javier Milei llegó a la Presidencia prometiendo una fuerte reducción del gasto estatal, cumplió con ese compromiso y volvió a ganar en su primer “test” en las urnas. Contra todos los dogmas de la política criolla el ajuste a la principal billetera de los políticos, el Estado, resultó popular.
De acuerdo con el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la baja del gasto público entre 2023 y 2025 alcanzó los 38 mil millones de dólares. La cifra resulta monumental para los reducidos parámetros de la economía argentina, pero tan importante como la magnitud del tijeretazo es quiénes resultaron más afectados. Los que ganaron y los que perdieron, porque esa distinción explica en buena medida el comportamiento electoral.
En ese plano lo ilustrativo del último informe del IARAF es la variación de los ingresos de los distintos sectores entre 2023 y 2025. En ese período los más beneficiados, hasta el punto de duplicar su ingreso, fueron los destinatarios de la Asignación Universal por Hijo, el grupo social más vulnerable. La mejora de ese subsidio más la fuerte reducción de la inflación (31,5% en 2025) fueron decisivos para la caída vertical de la pobreza.
Otro sector que vio también crecer su ingreso un 9% fue el de los jubilados que cobran únicamente el haber de la Anses sin bonos. Por lo contrario, vieron perder valor a su retribución los jubilados de la mínima que reciben un bono, cuyo monto fue congelado por Milei. En su mayoría estos últimos “jubilados” no tenían los aportes exigidos por la ley y fueron beneficiados por “moratorias” que terminaron de destrozar el ya maltrecho sistema previsional. Un alto porcentaje de este grupo es votante de Cristina Kirchner, pero en octubre no alcanzaron para evitar su derrota.
Los empleados privados en “blanco” prácticamente no vieron variar su nivel de ingresos, pero los que soportaron la mayor parte de la “motosierra” fueron los empleados públicos que perdieron cerca de un tercio de su ingreso real. Los cañones del ajuste económico apuntaron principalmente sobre este grupo, no sólo con el congelamiento salarial, sino también con los recortes de personal que alcanzaron a casi 60.000 agentes, ahorrándole al fisco cerca de 3.400.000.000.000 de pesos anuales (3,4 billones).
Lo más elocuente es que después de semejante poda el aparato burocrático estatal siguió funcionando como si nada hubiera pasado.
Hubo casos como el del Correo en el que el plantel fue reducido en más de 5 mil cargos o el de Aerolíneas, que despidió cerca de 2 mil, pero tal vez el más emblemático fue el del Inadi, nave insignia del kirchnerismo que tenía más de 300 empleados y fue directamente eliminado.
A esto hay que sumar la eliminación o transformación de los “planes” que manejaban los piqueteros, razón principal por la cual desaparecieron los cortes de calles. Se dejó de subsidiar la “protesta social”, así como a los aparatos políticos armados con dinero de los contribuyentes, aunque esta última tarea está inconclusa y se estima que continuará en 2026.