Por Bárbara Morelli *
Loan Danilo Peña lleva casi un año desaparecido. Once meses después, no hay certezas sobre su paradero, pero sí hay algo dolorosamente claro: el sistema judicial argentino parece moverse con una lentitud atroz frente al sufrimiento de una familia quebrada. Y como si eso no bastara, ahora asistimos a un nuevo capítulo que mezcla desconcierto, escándalo y desconfianza: acusaciones cruzadas entre la familia del niño y su exabogado, en medio de denuncias por un presunto desvío millonario de fondos que iban a destinarse a pericias claves.
Desde la Asociación Morelli, que acompaña la defensa de víctimas de violencia institucional, trata y maltrato infantil, no podemos quedarnos callados. La desaparición de Loan no es solamente un expediente judicial: es un símbolo. Un espejo crudo que refleja la desprotección estructural de nuestras infancias y el abandono legal que enfrentan las familias cuando el Estado, la justicia o incluso quienes deberían representarlas, fallan.
GRAVISIMO
La denuncia pública realizada por el hermano de Loan, Mariano Peña, es gravísima. Según él, la familia le entregó al entonces abogado querellante Juan Pablo Gallego la suma de 12,5 millones de pesos en una playa de estacionamiento, con el objetivo de financiar pericias informáticas sobre los teléfonos de los imputados. Poco después, sostiene, el abogado se habría desentendido del caso y bloqueado todo contacto. Gallego, por su parte, niega las acusaciones, las califica de “brutales y falsas” y anticipa acciones legales por calumnias. Mientras tanto, la causa permanece empantanada. Y Loan sigue sin aparecer.
A este panorama se suma una preocupación creciente sobre el rol de quienes, desde organizaciones o asociaciones civiles, intervienen en causas judiciales de alta sensibilidad pública. En este mismo caso, una causa paralela investiga a integrantes de la Asociación Lucio Dupuy, quienes habrían interferido irregularmente durante un operativo judicial en Corrientes. Nueve personas fueron detenidas por delitos como resistencia a la autoridad, falso testimonio y encubrimiento. Entre ellos, abogados y psicólogos que, bajo el paraguas de la defensa de la infancia, podrían haber entorpecido procedimientos clave y vulnerado aún más los derechos de los menores involucrados.
LLAMADO DE ATENCION
Lo que ocurre en torno a esta organización es un llamado de atención sobre los riesgos de la intervención no regulada y la utilización política o mediática de las causas. La justicia necesita celeridad, claridad y compromiso ético. La intervención de actores sin la debida preparación o que responden a intereses paralelos, lejos de ayudar, puede contaminar los procesos, desviar la atención y perjudicar a las familias que buscan respuestas. Las víctimas necesitan redes de contención serias, y las instituciones, herramientas para garantizar que la verdad no se diluya en una maraña de versiones o protagonismos.
La justicia, una vez más, parece mirar hacia otro lado. No sólo ante el entramado de encubrimiento, desaparición forzada y posible trata que se investiga, sino también frente a estas nuevas derivaciones que suman más confusión a un caso ya atravesado por la oscuridad. ¿Dónde están los controles? ¿Qué mecanismos existen para evitar que las víctimas sean utilizadas por actores que luego abandonan, se contradicen o incluso podrían haber actuado de mala fe?
La figura del abogado querellante -clave para representar y defender los intereses de la víctima- no puede convertirse en una zona gris. Es inadmisible que, en un caso de esta magnitud, con siete personas detenidas -entre ellas exfuncionarios y policías-, la querella quede atrapada en una maraña de versiones que ningún juez parece querer aclarar. ¿No es también deber del Estado proteger a las familias de nuevas formas de revictimización?
Esta falta de respuestas se suma a una realidad mucho más amplia y alarmante. Según datos de la ONG Missing Children Argentina, en las últimas tres décadas hubo al menos 112 casos de niños desaparecidos que aún siguen sin resolverse. Cada año se reciben alrededor de 1.460 denuncias por desapariciones de menores. Aunque muchas se resuelven rápidamente, los casos que no lo hacen dejan una marca imborrable. La mayoría de las denuncias recientes corresponden a adolescentes, principalmente mujeres de entre 12 y 13 años, y se concentran en el Gran Buenos Aires.
¿Cuántas veces más vamos a repetir la historia?
El caso Loan sigue abierto, con demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Dónde está? ¿Quién lo sacó de la casa de su abuela? ¿Cuántas personas sabían lo que pasaba? ¿Por qué nadie lo vio venir? ¿Y cuánto más va a pasar hasta que tengamos una verdad y una justicia que no duelan?
Pero hoy, además de esas preguntas, hay otra que nos atraviesa como un puñal: ¿quién cuida a las familias cuando todos los demás fallan?
* Presidenta de la Asociación Civil Morelli.