Política poblacional argentina y doctrina nacional
A fines de marzo de este año (2025), con ocasión del “Día del niño por nacer” (25 de marzo), en el Senado de la Nación se organizó una jornada académica en homenaje por la fecha. La anfitriona fue la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, presidente de la Cámara Alta.
En esa oportunidad, la vicepresidente planteó, directamente, la necesidad de una política poblacional para la Argentina. En este sentido, puede consultarse “Los pilares de la política poblacional argentina” (La Prensa, 6/7 de abril de 2025).
Nos encontramos, entonces, ante la necesidad de formular una doctrina nacional en orden a implementar las correspondientes medidas concretas mediante las cuales se plasme la política poblacional argentina teniendo en cuenta que ella es un plexo o un conjunto orgánico de medidas procedentes del Estado con el fin promover la natalidad, en primer lugar, y la inmigración, en segundo lugar, en el marco del desarrollo social integral, que reciben su justificación por su conformidad con el bien común político.
Esta política poblacional inspirada en una doctrina nacional correspondiente puede articularse, como se afirmó en otra oportunidad, en torno a cinco pilares: 1)- El arraigo (pilar sociológico). 2)- El territorio (pilar geográfico y geopolítico). 3)- La propiedad familiar (pilar económico). 4)- El federalismo de base municipal (pilar político) y 5)- La identidad nacional (pilar cultural).
Dicho esto –la parte propositiva– conviene adoptar una postura crítica respecto de otro modo de entender las cosas. En lo que respecta a la política poblacional, el liberalismo “no la ve”. Esta situación tiene una explicación teórica y práctica. No la ve teóricamente porque el liberalismo entiende la vida social en general y la política en particular a partir del individuo aislado, a-social. El liberalismo no puede contar con una adecuada noción de “lo común” porque parte de “lo particular”. La explicación práctica es la compartida por la mayoría de los mortales: nos movemos según la medida de nuestros intereses.
La doctrina nacional en materia poblacional debe responder, obviamente, al bien común político concreto de nuestro país. La regla debe ser procurar que este bien común beneficie a todos los argentinos sin olvidar, por otra parte, que la Argentina como país soberano forma parte de un orden internacional.
Con un índice de natalidad muy por debajo de lo razonable, la Argentina no tiene margen para retrasos en la implementación de políticas que promuevan la natalidad –y, por lo tanto, que promuevan y defiendan a la familia fundada en el matrimonio– en el marco del desarrollo social integral y de la inmigración conforme a nuestra identidad nacional.
Hace falta, para concluir, que la Academia cumpla con su cuota de colaboración con el bien común patrio poniendo también en agenda el tema de la política poblacional nacional, planteando los problemas fundamentales y encontrando las respuestas en la rica tradición histórica y cultural argentina.