Pichetto no resiste un archivo
Sr. Director:
“Una cabeza estúpida piensa eso”, dijo Pichetto, más conocido como el camaleón del Congreso, respecto de la propuesta de Milei de eliminar las jubilaciones de privilegio que cobran los presidentes en nuestro país.
Esta afirmación no me sorprende. Ya me hizo ruido cuando en su momento integró la fórmula presidencial junto a Macri. Nunca entendí esa alianza. Es que Pichetto no resiste el archivo. A título de mero ejemplo, vale recordar la feroz presión -más propia de un patotero que de un legislador- que en su momento ejerció contra el vicepresidente Cobos con motivo de la fracasada resolución 125.
Resulta paradójico que Pichetto se perciba como un viejo lobo marino de la política siendo que, a la postre, acabaría naufragando cual pejerrey del Río de la Plata. Prueba de ello es que en el final de su espiralado recorrido ha devenido en presidente de un desafinado partido político que hoy juega en la B. Sin embargo, tal es su arrogancia que, a viva voz, ha despotricado contra el artículo 16 de la Constitución Nacional, que reza “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley (...). La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.”
Decía el Dr. Eduardo Aguirre Obarrio, mi maestro, que únicamente los delitos contra el honor, es decir injurias y calumnias, están exentos de ser cometidos por los legisladores en el ejercicio de sus funciones. Y que la razón de esta excepción radica en que es muy probable que en el recinto se produzcan tanto insultos como imputaciones de cualquier tipo. Pero fuera del recinto los mismos legisladores sí pueden ser alcanzados por dichas figuras penales. En contraposición, la doctrina Pichetto postula que el presidente y los legisladores no pueden ser desaforados por la comisión de ningún delito, cualquiera fuera el bien jurídico vulnerado, en la medida de que no haya condena firme. Es decir que estos funcionarios públicos tendrían un cheque en blanco para delinquir.
Por supuesto que esta postura torna a los miembros del Congreso en cómplices -y en el mejor de los casos en encubridores- tanto de los representantes del pueblo como de los representantes de las provincias que cometan hechos ilícitos.
Por otro lado, sólo un cínico como Pichetto puede postular que ningún legislador pueda ser desaforado mientras no tenga sentencia condenatoria firme. O que un presidente no pueda ir preso por la misma razón. Porque es de público conocimiento que en nuestro país un juicio contra un funcionario público dura no menos de 10 o 15 años, sino más. Y que para ese entonces es muy probable que la causa muera siendo alcanzada por el instituto de la prescripción previsto en nuestro Código Penal, o por el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, que se encuentra reconocido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tiene rango constitucional. Volviendo a Pichetto, siendo que lo he escuchado en diversas entrevistas, es claro que nunca debió haber sido un lúcido estudiante de Derecho. Pero no creo que sea tan torpe como para creerse la legitimidad de la doctrina Pichetto. Para mí tercia una evidente mala fe que busca sostener de rodillas a la sociedad mientras los funcionarios públicos desfalcan a la Nación.
GONZALO MUJICA
Abogado y escritor