Pese a las promesas de Milei, no hay avances sobre la denuncia judicial del Gobierno contra Spagnuolo

El Gobierno no produjo avances sobre la denuncia que el presidente Javier Milei dijo que se haría contra el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo en la causa por presuntos pedidos de coimas en ese organismo, pese a las promesas del mandatario de las últimas horas.

Varios interlocutores del Gobierno coincidieron en la dificultad que supone denunciar a Spagnuolo tras la filtración de los supuestos audios en los que se lo escucha admitir pedidos de coimas de parte del Poder Ejecutivo.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales, no existe una figura legal que posibilite elevar a juicio al ex funcionario cuyos audios abrieron la primera gran crisis de la administración libertaria al involucrar de forma directa a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su mano derecha Eduardo ‘Lule’ Menem.

“Hasta el momento no tenemos los elementos necesarios para avanzar en la denuncia”, reveló a esta agencia una importante voz con acceso al despacho presidencial.

Si bien la idea era que Milei se mantuviera al margen de la polémica, sorprendió ayer cuando desatendió la recomendación de los equipos a cargo de instrumentar la estrategia para desactivar el conflicto y se expidió con sobre el tema.

“Todo lo que dice es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”, dijo sobre Spagnuolo, quien supo ser su amigo, durante la accidentada caravana de campaña que protagonizó por Lomas de Zamora.

Las palabras de Milei complicaron la estrategia de la Casa Rosada que, carente de una figura legal para contrarrestar la causa abierta por el abogado Gregorio Dalbón, estudia los artilugios posibles para responder el golpe abierto tras la filtración.

Por los pasillos de Balcarce 50 aseguraron que no habrá denuncia contra el ex funcionario “hasta no tener la auditoría completa” a cargo del médico que Alejandro Alberto Vilches, que integra el entorno del ministro de Salud, Mario Lugones, además de negar la existencia de sobreprecios en la compra de los medicamentos a cargo de la agencia.

“No sé las cuentas que hacen, está todo agarrado de los pelos. No hay nada comprobado”, sentenciaron desde las filas de la administración libertaria.

Lo cierto es que en las filas oficiales hay intención de colaborar en la causa judicial con documentación que aporte a la investigación que coordina el fiscal Franco Picardi, por lo que se presentarán los informes que releven en detalle las compras, contrataciones y revisiones técnicas del organismo.