Paro de colectivos: el Gobierno fiscaliza la baja de unidades y amenaza con quitar permisos
La CNRT inició controles en el AMBA tras detectar una caída en la circulación de unidades. El Ejecutivo advierte con multas millonarias y hasta la caducidad de concesiones si se confirma el incumplimiento del servicio, pese al pago de subsidios.
El Gobierno nacional desplegó este jueves un operativo de fiscalización masiva en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ante la fuerte reducción en la circulación de colectivos, en el marco del conflicto que afecta al transporte público. La medida es impulsada por la Secretaría de Transporte, a través de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que ya comenzó a labrar actas de infracción contra las empresas que no cumplen con los niveles de servicio establecidos.
Según informaron fuentes oficiales, la decisión responde a la detección de una “sensible baja” en la cantidad de unidades en la calle, lo que impacta de lleno en la frecuencia y disponibilidad del servicio para los usuarios. La situación genera especial malestar en el Ejecutivo, que remarca haber cumplido con el pago de los subsidios correspondientes dentro de los plazos previstos, concretados al cuarto día hábil de abril.
Desde el área de Transporte sostienen que las empresas se habían comprometido a sostener e incluso mejorar las frecuencias tras recibir esos fondos, un acuerdo que -según denuncian- no se estaría respetando. En ese marco, el Gobierno endureció su postura y recordó que las multas por incumplir el régimen diario de frecuencias pueden alcanzar valores equivalentes a 15.000 boletos mínimos.
La advertencia oficial va más allá de las sanciones económicas. Las autoridades señalaron que, de comprobarse situaciones de abandono del servicio o reiteración de faltas graves, se podría avanzar con la caducidad de los permisos de explotación, una medida extrema que implicaría retirar la concesión a las empresas involucradas.
Además, la normativa vigente establece que la interrupción del servicio durante cinco días consecutivos o diez alternados en un mismo año calendario habilita al Estado a revocar las licencias de operación.
Mientras tanto, las inspecciones continuarán a lo largo de toda la jornada con el objetivo de monitorear la situación y garantizar la normalización del servicio en el menor plazo posible. El conflicto mantiene en vilo a millones de usuarios que dependen diariamente del transporte público para movilizarse en el AMBA.