“Para compensar lo perdido tendrían que subir un 300 % las jubilaciones”

La llamada Ley Omnibus, que se debate en Diputados e incluye diversas modificaciones que afectan la vida económica, política, social, fiscal, de seguridad, entre otros tópicos, de los argentinos, impacta también en el sistema previsional, más precisamente afectará a los jubilados y pensionados de todo el país.

Así la negociación del oficialismo con los sectores dialoguistas, en respuesta a los pedidos de los legisladores del Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, desembocó en la presentación de una nueva versión del proyecto. Uno de los puntos sobresalientes es que desde abril se aplicará una actualización automática por inflación mensual, en base al último dato de inflación disponible del Indec.

Sin embargo, otro dato que ha generado polémica es el artículo por el cual el Gobierno propone traspasar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) al Tesoro. En este punto, la oposición propone que parte de los recursos del Fondo se utilicen para condonar las deudas de las provincias con la Anses y pagar los flujos adeudados y futuros de las cajas de jubilaciones no transferidas de 13 provincias. Con esto nuevamente el dinero de los jubilados iría a resolver el déficit fiscal en lugar de estar destinado a resolver su actual situación, en la que muchos están en un nivel de indigencia luego de más de 30 años de aportes.

Para hablar de la realidad llena de dificultades que atraviesa el grupo de adultos mayores, este diario dialogó con el Dirigente del Partido de los Jubilados de Mendoza, Edgardo Civit Evans quién se mostró preocupado por la situación.

-¿Qué percepción tiene de la ley ómnibus en cuanto a los jubilados?

-Creo que al continuar la movilidad jubilatoria traería algo muy importante, que es que se reemplazaría desde abril el índice que se venía aplicando. Este está compuesto por el 50% del Ripte, que es una mezcla de salarios y el 50% de la recaudación del Anses. Esto sería reemplazado por el índice inflacionario, que creemos que es un 30% más conveniente. Si tuviéramos ese índice o lo hubiéramos tenido en los últimos tres años no se habría perdido el 74% en el poder adquisitivo de los ingresos de los jubilados y como consecuencia del poder adquisitivo.

-Ante la urgencia del jubilado, ¿usted preferiría adelantar el cambio?

Preferiría que fuera antes, pero bueno, quienes están acordando lamentablemente no somos nosotros, sino los legisladores con el Poder Ejecutivo, los miembros del Congreso. Los jubilados no tenemos ninguna participación, no se nos consulta. Nosotros hacemos llegar nuestras opiniones por escrito a través de las denuncias judiciales y de los medios de difusión, que en este caso y como en muchos, actúan como un factor de presión o de poder muy importante a favor de los jubilados.

-¿El aumento mensual sería una instancia superadora de cómo se medía hasta ahora?

-Sí, mucho mejor. Porque una cosa es percibir la inflación existente en el mes que se produjo, por ejemplo, de enero y advertirla en febrero y otra cosa es, como sucede actualmente, que es cada tres meses. Evidentemente hay una situación muy mala para los jubilados argentinos porque pagamos las cosas a valor dólar y cobramos en devaluados pesos, lo que es una situación tremendamente grave debido a que hemos ido perdiendo poder adquisitivo. En los últimos tres años esta pérdida ha sido del 74%, lo que indica que tendrían que aumentar las jubilaciones el 300% para compensar lo perdido.

-Una cifra imposible de alcanzar, ¿no?

-Lo venimos diciendo desde hace años y no nos escuchaban, se hacían los distraídos o no querían ver la gravísima situación que están padeciendo los jubilados. La mayoría están en condiciones de pobreza y muchos en casos de absoluta indigencia, porque hoy quien está ganando menos de 400 mil o 500 mil pesos es considerado pobre según el Indec. La mayoría de los jubilados no llegan a ese monto, entonces están sumidos en la pobreza o en la indigencia. Esto tenía que tener un corte y, lamentablemente, ha habido mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha gente que no tenía no solamente para comer sino, que tenía que elegir entre comer o comprar sus medicamentos. Esto es terrible y no estamos hablando de dos o tres casos porque son cerca de 6 millones de personas que han aportado entre 30, 40 o más años.

Aclaro, no estoy hablando de aquellos que no aportaron nada, sino de los que hemos aportado y que la jubilación debería ser la devolución, la retribución a los años de nuestros aportes. Y sin embargo lo hemos perdido como también perdimos con las AFJP y con las devaluaciones.

GRAVEDAD

-¿Qué sucede con el Fondo de Garantía y Sustentabilidad?

-Es algo tremendamente grave. Fíjese que fue constituido por aportes de los jubilados de las AFJP. Nacionalizaron los recursos en el 2008 y lo transfirieron al Anses. En el anterior gobierno decían que el monto era de 72 mil millones de dólares y hace poco afirmaban que eran 5 mil millones. Además, se ha querido transferir los recursos al Tesoro de la Nación, pero no es plata del Estado sino de los jubilados. El Fondo es garantía del cobro de las jubilaciones y permite que sea sustentable el mecanismo de aportes para que continue.

- ¿Cómo vive un jubilado en otros países?

Un jubilado en España, que es el país europeo que menos paga, cobra aproximadamente 1.100 euros, es decir, 1.300.000 pesos de los nuestros. Comparado con la nuestra, de $100.000 son diez veces menos de lo que se percibe acá y eso revela la gravísima situación en que nos encontramos. Una situación similar sucede en los Estados Unidos donde están haciendo ciudades expresamente para jubilados que adquieren casas nuevas. Y que acá es absolutamente impensable, si no pueden llegar a fin de mes, ¡que vamos a pensar en las casas nuevas!

-¿Por qué cree que al jubilado argentino se lo ha dejado tanto de lado?

-Hay una suma de cosas. El jubilado argentino se ha dejado estar mucho, ha perdido. A nosotros nos queda un poquito de la condición de lucha, de defensa de los propios intereses. Nosotros dijimos en su momento, y afortunadamente no nos equivocamos, que creábamos el Partido de los Jubilados como una forma de luchar desde adentro del sistema, porque afuera no los escuchan ni nos atienden. Pero esto no sucede en todo el país, lamentablemente, por distintas razones sean personales, políticas, entre otras. Lo concreto es que no hay una forma de defender a los jubilados que no sea solo a través, como es en el caso de Mendoza, del Partido de los Jubilados, en donde estamos permanentemente haciendo una defensa de nuestros derechos, que no son los de cualquier persona. Pretendemos pasar los últimos años en condiciones dignas, como ordena la Constitución.

Lamentablemente no somos invitados a las mesas de las decisiones que están como siempre en Buenos Aires, manejando con un centralismo terrible todo.

EL PAMI

-¿Qué pasa con el PAMI en Mendoza?

- En el PAMI, en Mendoza, no hay autoridades y, además, si se presenta una nota en la oficina local, esta es dirigida a Buenos Aires, en donde la mesa de entrada está en la Capital Federal y un empleado que está a mil kilómetros de distancia resuelve qué trámite le da a su reclamo. Lo bueno es que la voz de los jubilados llega a los medios y esto les desagrada a algunos políticos que quieren que todo este tipo de cosas no se sepan.

En Mendoza he presentado dos proyectos que fueron aprobados en la Legislatura local referidos al PAMI. Uno donde se solicita la derogación de la Ley 25.751, por la cual el presidente del Poder Ejecutivo puede seguir nombrando interventores el tiempo que se le dé la gana. El PAMI está intervenido desde hace 22 años. La ley dice que debería ser conducido por un directorio integrado por 11 miembros, siete de los cuales deberían ser jubilados. No hay ninguno desde hace 22 años, claro. Eso lo hemos presentado como un proyecto de resolución para que se dirija al Congreso de la Nación. Y el segundo es que no existen los consejos asesores que están en la Ley de Creación del PAMI, mediante el cual los jubilados participan asesorando a las unidades regionales, es decir, las delegaciones en Mendoza, en San Juan, en San Luis, en San Rafael, en San Martín, entre otros. De esta forma se podría ejercer una auditoría sobre los manejos del PAMI. Eso no existe desde hace muchos años.

Entonces, los jubilados, que somos los dueños de la obra social PAMI no tenemos la menor participación en ella. Todo lo resuelve gente que está a mil kilómetros en Buenos Aires con este centralismo autoritarismo que denota falta de federalismo que viola la Constitución.