PAMI y la crisis en la salud argentina: una advertencia que sigue vigente

James Madison, en The Federalist Papers, advirtió que ningún diseño institucional es suficiente por sí mismo para preservar la libertad. En el Federalista describe la “dependencia del gobierno respecto del pueblo” como un control primario, aunque declaró que también eran necesarias “precauciones auxiliares”.

Madison explicaba que el objetivo de toda Constitución es velar por la virtud de los representantes del pueblo mientras gozacen de la confianza pública. La confianza es el vínculo que mantiene a la sociedad y el sustento de la economía. Al final , Madison alertaba sobre el poder de las facciones, siempre inclinadas a torcer el bien común si no existe vigilancia ciudadana.

Uno de sus seguidores, Benjamin Constant, décadas más tarde,advirtió sobre el riesgo es la apatía política: ciudadanos cómodos en su vida privada dejan sin control a sus representantes. Esa pasividad es la llave de la decadencia. Ambos pensadores coincidieron en lo esencial: sin vigilancia social, las instituciones derivan hacia la corrupción, la negligencia o el dominio de intereses sectoriales.

El espejo argentino: fentanilo, discapacidad y PAMI.

La tragedia del fentanilo expuso crudamente esa falta de vigilancia. Más de 80 muertes vinculadas a anestésicos contaminados, la participación de laboratorios cuestionados, una ANMAT que reaccionó tarde (a pesar de la advertencia de la sociedad de anestesistas ) y un debate político más preocupado por acusar a opositores que por proteger a los pacientes.

La salud pública quedó a merced de la desidia regulatoria y la politización.

El sector discapacidad atraviesa otro escándalo donde se revelaron manejos irregulares en convenios y pagos, con denuncias de intermediación indebida, sobreprecios y falta de transparencia.

Familias y prestadores quedaron en el medio de disputas burocráticas que exponen la fragilidad de los controles y la ausencia de responsabilidad política efectiva.

En el PAMI, las señales de alerta también se hicieron sentir.

Más de 500 oftalmólogos denunciaron públicamente sobreprecios en la compra de lentes intraoculares, difundiendo su reclamo a través de los medios nacionales. Advirtieron que el cambio en la modalidad de adquisición derivó en gastos excesivos que comprometen la sustentabilidad del sistema y la calidad de la atención de los jubilados por lentes inadecuados cuyas consecuencia se apreciaron inmediatamente.

Es también probable que aparezcan más problemas en el futuro. Ya existen denuncias judiciales y pedido de rendición de cuentas por parte del poder Legislativo.

Distintas agrupaciónes de médicos oftalmologos encabezaron un reclamo y una negociación clave con PAMI, tras semanas de tensas gestiones.

De ese proceso, se obtuvieron algunos logros concretos como excluir las lentes multifocales y toricas que no son reconocidas en ningún país del mundo dentro de esquemas de salud como el de PAMI. Pero aún no se ha regularizado la situación como se hubiese deseado y todavía hay lentes de discutible valor y cuya logística aún no llega a satisfacer los requerimientos de la población produciendo atrasos en las cirugías .

De acá al corte de actividad por falta de una adecuación en el suministro y una transparencia administrativa, hay un paso. El sistema va camino a una parálisis.

Este accionar de los oftalmólogos, canalizado a través de las entidades que los nuclean, va exactamente en la línea de lo que Madison y Constant han sugerido: no confiar únicamente en el diseño institucional, sino ejercer vigilancia activa y organizada sobre quienes toman decisiones.

Sin embargo, para que estos controles sean verdaderamente efectivos y sostenibles, es imprescindible que la ciudadanía acompañe y respalde estas iniciativas, generando reclamos sociales y políticas que fortalezca la rendición de cuentas en forma libre y sin presiones ni amenazas que amedaranten al denunciante.

Lo que Madison describía como necesidad de “precauciones auxiliares” y Constant como riesgo de “apatía moderna” se traduce en la Argentina en un sistema de salud con espacios de poder opacos, donde las responsabilidades se diluyen y los ciudadanos quedan como meros espectadores y también como víctimas del sistema.

La lección es clara: ni las leyes ni los procedimientos formales alcanzan si no existe presión constante de la sociedad civil, los profesionales de la salud y los propios beneficiarios.