La historia política de las últimas cuatro décadas ha tenido como protagonistas no sólo a dirigentes y líderes partidarios, sino también al Poder Judicial. La primera muestra de esto fue el juicio a los jefes militares del denominado Proceso de Reorganización Nacional en 1985.
Lo llevó adelante una cámara federal designada por el presidente Raúl Alfonsín en momentos peligrosos, cuando la democracia daba sus primeros pasos y las Fuerzas Armadas constituían aún una amenaza para la frágil reconstrucción institucional que intentaba el gobierno civil.
Cuarenta años después, el juicio a las juntas representa un hito de la restauración del régimen de la Constitución. Condenó a los principales responsables de la represión ilegal del terrorismo y significó el primer paso del proceso de eliminación de los militares como factor de poder en la Argentina. Cerró así un ciclo de por entonces más de medio siglo, que se había abierto con el golpe de Estado de 1930.
Salvando las correspondientes distancias, la condena por graves actos de malversación de caudales públicos de la dos veces presidenta Cristina Kirchner también representa un hito de la actuación del Poder Judicial para consolidar la democracia, sistema que es incompatible con la corrupción en la escala practicada durante la “década ganada”. La justicia debe tutelar el sistema republicano y democrático mediante la aplicación de las leyes votadas por los representantes del pueblo en el Congreso sin excepción. En otras palabras, garantizar la igualdad ante la ley.
En ese sentido el fallo es exactamente lo opuesto del daño a la democracia del que habla el peronismo. La inhabilitación para ejercer cargos públicos de los culpables de la megaestafa al Estado funciona como garantía de que las instituciones cumplen con sus obligaciones aun cuando les toca enfrentar a los poderosos.
El pronunciamiento de la Corte, de un tribunal oral y de la Cámara de Casación Penal, más la participación de decenas de funcionarios judiciales que coincidieron sobre la conducta delictuosa de Cristina Kirchner no es sólo testimonio de neutralidad política, sino también de que la -en otros tiempos- “mujer fuerte” de la Argentina va cuesta abajo.
Si el poder es impunidad, como dijo una vez el controvertido empresario Alfredo Yabrán, a Cristina Kirchner le queda cada vez menos.
En cuanto a las consecuencias inmediatas de la inhabilitación de Cristina Kirchner, hay opiniones diversas, pero para ella constituye una ventaja. Iba camino a una derrota a manos del oficialismo y pondrá en su lugar a algún Alberto Fernández disponible. Por su parte, el peronismo se victimizará y hará campaña con el relato de la persecución política y la proscripción.
Para Javier Milei, por lo contrario, el fallo constituye una desventaja. Pensaba ponerle el último clavo en el ataúd de CFK, pero se le adelantó la Corte. También había intentado adelantársele Mauricio Macri con el proyecto de Ficha Limpia, pero fracasó. Hoy el escenario de derrota del peronismo en septiembre no cambió sustancialmente pero, por primera vez en muchos meses, Milei perdió la iniciativa, corre de atrás al pelotón.