Otra causa judicial pone en más aprietos al gobierno de Pedro Sánchez


Madrid (AP y EFE) -La policía española allanó la sede madrileña del PSOE por orden del juez que instruye el llamado 'caso Leire', nombre de una militante socialista apellidada Díez y sindicada como figura clave de una “estructura criminal” financiada con plata del partido y dedicada a “desestabilizar cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses” del oficialismo.

El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga si el ex secretario general del partido en el gobierno Santos Cerdán le pagó a esa mujer con “fondos” de la agrupación para que "atacara la correcta dirección de las causas" abiertas a la mujer y al hermano del mandatario Pedro Sánchez.

Según el expediente, el inicio de estas actividades espurias se remonta a “los días de reflexión” que se tomó el dignatario en abril de 2024, cuando se supo que un tribunal capitalino tenía en la mira a la primera dama Begoña Gómez. En ese momento, Cerdán sostuvo en la sede del PSOE una reunión con Díez, a quien le encargó realizar el “trabajo sucio”, para lo cual le puso a disposición “la propia estructura” e incluso el dinero de la fuerza política.

Por ello, se amplió la pesquisa a Cerdán, a la gerente del partido Ana María Fuentes y al expresidente regional de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías.

BOMBAZO

El caso sorprendió a Sánchez en el Vaticano, donde fue recibido en audiencia por el papa León XIV. De hecho, retrasó su conferencia de prensa para poder estar informado de los allanamientos antes de hablar con los periodistas, ante quienes luego admitió la "gravedad" de los hechos, garantizó "total colaboración" con la justicia y descartó adelantar las elecciones, como reclama la oposición.

Sus socios en el Ejecutivo rechazan por ahora impulsar o apoyar una hipotética moción de censura pero avisaron que la línea roja para soltarle la mano sería que se constatara una financiación ilegal.

Esta nueva bomba estalló en la víspera del comienzo del proceso contra David Sánchez, hermano del mandatario, imputado por prevaricato y tráfico de influencias.