Nuevo procesamiento para De Vido: Casanello lo acusó de enriquecimiento ilícito y le trabó un embargo por $998 millones
El detenido ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo Julio De Vido sumó un nuevo procesamiento. El juez federal Sebastián Casanello lo consideró responsable del delito de enriquecimiento ilícito en una causa iniciada casi dos décadas atrás, en la que también quedó alcanzada su esposa, Alessandra Minnicelli. La resolución dispuso un embargo conjunto por 998 millones de pesos.
La investigación, impulsada por el fiscal federal Carlos Stornelli, se centró en el incremento patrimonial registrado por el matrimonio durante los años en que De Vido ocupó cargos públicos, en un período que abarca las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner.
Según la resolución judicial, el ex funcionario habría “incrementado su patrimonio de forma apreciable durante el período en que ejerció la función pública”, sin poder justificar ese crecimiento con ingresos legítimos o recursos lícitos declarados. El monto cuestionado asciende, de acuerdo al análisis judicial, a unos 690.000 dólares.
La investigación, según informó el portal Infobae, pasó por tres jueces y retomó distintos elementos investigados en otras causas, entre ellos los hechos que se debaten en el Tribunal Oral Federal 7 en el caso Cuadernos, donde a De Vido se le atribuyen 190 pagos de sobornos, y la condena por lavado de dinero dictada en un juicio oral contra Nélida Caballero, ex cocinera de la residencia del entonces ministro de Planificación Federal. En el nuevo procesamiento, el juez Casanello sostuvo que el informe del Cuerpo de Peritos Especializados de la Corte Suprema evidenció inconsistencias relevantes. Entre ellas, la imposibilidad de validar el dinero en efectivo -pesos y dólares- que el matrimonio afirmó poseer al inicio del período analizado, así como la ausencia de documentación que acreditara ingresos profesionales de Minnicelli.
Los peritos también remarcaron que ambos se inscribieron en el impuesto a los Bienes Personales recién en agosto de 2002, circunstancia que, para el juzgado, no resulta compatible con la tenencia de divisas extranjeras que declararon poseer.