Nuevas reglas para pilotos: el Gobierno reduce descansos y modifica vacaciones por decreto

La medida fue oficializada a través del DNU 378/2025. Afecta al transporte aéreo regular y no regular, y busca ajustar el régimen laboral a prácticas utilizadas en Estados Unidos.

El Gobierno nacional oficializó este miércoles una serie de cambios en las condiciones de trabajo del personal aeronáutico. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 378/2025, publicado en el Boletín Oficial, se reformaron los tiempos máximos de vuelo, los períodos de descanso y las licencias del personal de vuelo y de cabina, con el objetivo de “alinear la normativa local a los estándares internacionales, particularmente los de Estados Unidos”.

La medida fue impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado en conjunto con la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. Según el comunicado oficial, la nueva normativa “fue formulada en base a lineamientos técnicos aeronáuticos, despojándola de connotaciones gremiales o políticas que han obrado en perjuicio de la industria y del mercado”.

Entre los principales cambios, se destacan:

Tiempo de vuelo y de servicios de vuelo: Ya no se considera como parte de la jornada laboral el traslado del personal al aeropuerto ni el tiempo de espera previo al inicio de un vuelo. Estos períodos quedarán fuera del cómputo de horas trabajadas.

Descanso semanal: Se reduce de 36 a 30 horas consecutivas, equiparando la normativa local con la establecida por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos.

Horas máximas de vuelo: Se amplía el límite anual de 800 a 1000 horas, mientras que el tope diario pasa de 10 a 8 horas.

Vacaciones: Se establecen 15 días consecutivos de descanso anual, eliminando el esquema anterior que sumaba 30 días adicionales por convenio. Según el Gobierno, esta modificación busca “equiparar beneficios con lo que ocurre en mercados más competitivos”.

El alcance del DNU comprende tanto el transporte aéreo regular como el no regular. Quedan excluidos de esta normativa los servicios de taxi aéreo, operaciones con helicópteros, trabajos aéreos y transporte de carga, que seguirán regulándose bajo disposiciones específicas de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

“La medida tendrá un impacto favorable para cualquier línea aérea que quiera operar en la República Argentina”, indicó la Secretaría de Transporte, y agregó que el objetivo es “consolidar la apertura del mercado aerocomercial, favorecer el ingreso de nuevas compañías y atraer inversiones”.

Rechazo de los gremios y tensión

Los gremios aeronáuticos han manifestado un fuerte rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 378/2025, que modifica las condiciones laborales de pilotos y tripulantes de cabina. La Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), liderada por Juan Pablo Brey, expresó su preocupación por la reducción de derechos laborales y la falta de diálogo por parte del Gobierno. Brey calificó las medidas como autoritarias y señaló que atentan contra el derecho a huelga y la soberanía nacional. 

Brey señaló que “estarán presentando ante la OIT, conformado tripartitamente por el Estado, trabajadores y empleadores, una denuncia por el ataque sistemático del gobierno nacional ante los y las trabajadoras, particularmente los aeronáuticos, y nuestra libertad del derecho a huelga bajo el pretexto de la esencialidad”. 

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) también ha mostrado su descontento, anunciando un plan de lucha que incluirá paros parciales, asambleas y movilizaciones en defensa de los derechos laborales y contra la declaración de esencialidad del sector. 

Desde el Gobierno, el vocero presidencial Manuel Adorni defendió el decreto, argumentando que busca eliminar privilegios de la "casta aeronáutica" y alinear las regulaciones locales con los estándares internacionales, particularmente los de Estados Unidos.

La tensión entre el Ejecutivo y los gremios aeronáuticos continúa en aumento, con la posibilidad de medidas de fuerza y acciones legales por parte de los sindicatos en respuesta a las modificaciones impuestas por el DNU.