El gobierno contó en la última semana con dos noticias de peso para intentar recuperar el centro de la conversación social, en la que viene campeando la peripecia turística e inmobiliaria del jefe de gabinete, Manuel Adorni, que le produce un daño persistente al oficialismo.
POBREZA Y ESTADISTICA
El Instituto de Estadística difundió un informe según el cual el índice de pobreza en Argentina bajó, el segundo semestre de 2025, al 28,2 por ciento, lo que implicaría el nivel más bajo en siete años y una reducción del 9,9 puntos respecto al semestre anterior. La cifra probablemente no concuerda con otros datos relevantes (pérdida neta de empleos, índices de morosidad que registran bancos y financieras) ni con la experiencia cotidiana donde resulta cada día más frecuente cruzarse con personas en situación de calle, pero es una vedad estadística. La línea de pobreza está trazada en función del precio de la canasta básica alimentaria pero, como señaló Agustín Salvia, del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, “una familia puede haber salido de la pobreza en términos estadísticos, pero después de pagar alquiler, luz, gas, transporte o comunicaciones, le queda menos dinero que antes”. Para el Observatorio un 48 por ciento de la población se encuentra sometida a ese estrés económico.
FURIA Y POLITICAS DE ESTADO
Si la información sobre la pobreza no consiguió sofocar el runrún sobre Adorni ni, en segundo plano, los ecos de las investigaciones sobre la criptomoneda $Libra, el gobierno tuvo otra fuerte oportunidad de lograrlo merced a la buena noticia que despachó la Justicia estadounidense . El fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York que un viernes atrás dio la razón a Argentina y revisó una sentencia arbitraria y sesgada de la jueza neoyorquina Loreta Preska que condenaba al país y a YPF a pagar 18.000 millones de dólares, fue una buena nueva en más de un sentido. Vale la pena apuntar uno de los que menos se han destacado: el pronunciamiento de la Cámara neoyorquina fue el resultado de una postura persistente sostenida por la Argentina que atravesño grietas y sobreactuiaciones de diferentes gobiernos, convirtiéndose en una discreta política de estado. Como señalaba uno de los postulados del Papa Francisco: “el todo es superior a las partes”.
La jueza Preska había beneficiado a la parte demandante, el fondo buitre Burford Capital, que compró los derechos litigiosos de la familia Eskenazi con el argumento de que: Argentina, en 2012,al expropiar el 50 por ciento de las acciones de YPF que estaba en manos de Repsol, había incumplido el estatuto de la empresa por no abrir una oferta pública de adquisición por el total de las acciones. La defensa argentina, cuyo contenido esencial mantuvieron los diferentes gobiernos fue que un estatuto de empresa no puede ponerse por encima de las leyes del país y que la operación de expropiación (que incluyó, por cierto, una indemnización acordada) estaba perfectamente encuadrada en el sistema legal argentino. En esa postura está basado el fallo que la Corte de Apelacione difundió el último viernes, que señala a Preska que “no entendió suficientemente la ley argentina”. .
en ese contexto, hay que considerar las declaraciones de partes locales que pretenden monopolizar el mérito de la decisión de la Corte de Apelaciones neoyorquina como intentos más o menos previsibles, de llevar agua al molino propio. El Presidente, por caso, declaró con furia que su gobierno tuvo que “venir a arreglar las macanas (empleó una palabra soez) que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”.y se vanaglorió del “mayor logro jurídico de la historia nacional”. Desechó, en cambio, la chance de subrayar el mérito de una coincidencia sostenida por distintas administraciones, una puertita apta para edificar otras coincidencias, que la gobernabilidad a menudo reclama.
En rigor, el Presidente podía legítimamente subrayar que el vínculo político que ha forjado con el gobierno de Donald Trump jugó un papel importante en el fallo favorable. Él prefirió usufructuar la decisión de la Segunda Cámara de Apelaciones de Nueva York con un argumento -fuerte en el contenido, forzado en la interpretación- para agudizar señales antikirchneristas considerando que así rescataría mejor la agenda pública de la contaminación a la que la someten sus propios funcionarios. Por ahora no está funcionando.
LA OPINION PUBLICA
Clarín difundió una encuesta muy significativa de Bloomberg-AtlasIntel, en la que por primera vez en meses aparece un opositor encabezando el listado de políticos presidenciables. El gobernador de la provincia de Buenos Aires pntea con 38 por ciento de opiniones favorables y 54 por ciento de rechazos. Aunque empata en votos positivos con Patricia Bullrich y Javier Milei (segunda y tercero, respectivamente), Kicillof consigue superarlos porque sobre los dos dirigentes libertarios pesan más rechazos (60 para Bullrich y 62 para el Presidente). No es la única mala noticia que los estudios demoscópicos le han deparado al oficialismo. Otra encuesta reciente de Bloomberg y AtlasIntel refleja otro costado de aquella tendencia . El Presidente obtiene un 61 por ciento de desaprobación de la opinión pública, lo que representa una desmejora de 8,8 por ciento en relación con enero de este año. En cuanto a la evaluación del gobierno, la desaprobación asciende a 57,4 por ciento, casi 10 puntos (9.8) más que en enero. Resulta interesante observar dónde obtiene el gobierno las notas más bajas. Por ejemplo, el rechazo de las mujeres (66,3 por ciento) supera largamente la media general. En una clasificación por edades, el segmento de las personas de entre 35 y 44 años es el más reticentre: 71,5 por ciento desaprueban, más de 10 puntos por encima de la media. En la clasificación por nivel de ingreso, Milei es rechazado en todas las categorías por encima del 50 por ciento, salvo en el sector que supera los 3 millones de pesos de ingresos mensuales donde, aunque no llega al 50 por ciento (49,5 por ciento) prevalecen los aprobadores. En la segmentación por regiones, sorprende el dato de que el gobierno es más rechazado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (66,4 por ciento) que en el Gran Buenos Aires que, con 61,5 por ciento de desaprobación corre bastante parejo con el Norte Grande (60,9 por ciento) y las provincias del Centro (59,5 por ciento).
En el índice de Confianza de Bloomberg-AtlasIntel la situación del gobierno de Milei decayó 11,5 puntos desde enero. La misma encuesta mide la importancia que la opinión pública asigna a distintos problemas. Allí se destacan, por orden de mención, la corrupción (43,3 por ciento), el desempleo (42,2 por ciento, 7 puntos más que en enero), altos precios e inflación (35,3 por ciento, 5 más que en enero) y el debilitamiento de la democracia (31,4 por ciento, 6 puntos más que en enero). Las flojeras del gobierno abarcan un arco amplio, que incluye lo económico, lo político y, si se quiere, lo moral.
Tal vez no sea suficiente persistir en posturas o decisiones que en otros momentos fueron redituables. A veces hay que mover el volante para conservar la dirección.