Motosierra inteligente

La tarea de desregulación que desarrolla el ministro Federico Sturzenegger debería convertirse en el accionar más importante de este gobierno, no ya en la función de eliminar trámites, penurias y trabas a la actividad productiva, sino sobre todo en la misión de identificar los cargos públicos y dispendios en el Estado que deben ser suprimidos. 

Justamente tal vez la deuda mayor del oficialismo es haberse limitado a suprimir un número muy reducido de empleos estatales casi al voleo, y no haber profundizado suficientemente en esa tarea. Aun cuando está claro que existen numerosos obstáculos para avanzar en ese plano eficazmente, como la inefable apelación al concepto de derecho adquirido. 
 
Porque la clave del ahorro en el gasto consiste en analizar profundamente cada una de las tareas del Estado y detectar dónde bajar las erogaciones con el mínimo de daño posible, teniendo en cuenta que el país no está hoy en condiciones de ofrecer puestos de trabajo privado para absorber una reducción masiva. Puede que el Gobierno crea que ya lo está haciendo, pero es sólo creencia. 

 Para eso, más que el simplista y urgente recurso de la licuadora y la motosierra, como el vulgo y el Presidente denominan a ese formato precario, se requiere sumergirse en las intimidades de cada dependencia estatal, analizar sus funciones, la creación sistémica de secretarías, subsecretarías, observatorios, departamentos, áreas y demás eufemismos con que se ha ido aumentando el organigrama del Estado pretendiendo hacer creer que con la conformación de esas estructuras totalmente inoperantes e inútiles se solucionaba algún problema de la sociedad, lo que ha quedado harto claro que es mentira.

Esos forúnculos han permitido crear nuevos cargos que han sido ocupados por familiares, amigos, socios, favorecedores y que han servido muchas veces, como en el caso de las cajas, (como se denominan las áreas que tienen funciones de alta recaudación o alto dispendio discrecional) para merecer la molesta crítica al haber revalorizado y empoderado a personajes desprestigiados que representan justamente los males que se pretende erradica, a veces responsables inmediatos de la actual situación. 

Contrapeso nefasto

Está claro que ninguno de los ministros de las carteras específicas tiene ni el conocimiento ni la voluntad para analizar esos casos y proceder a cortar los gastos de personal, y - mucho más importante – a reducir al mínimo el presupuesto que dilapida cada ente. Y hasta pueden ser un contrapeso para cualquier amague serio de análisis, auditoría y gestión. 

El ahorro que se puede obtener en muchos ministerios o secretarías reduciendo las erogaciones que realizan cumpliendo su supuesta misión, es mayor al total de los costos salariales de cada sector. Ahí está justamente el negocio de la estructura corrupta del estado, siempre en sociedad con alguien del sector privado o disfrazado de privado. De ahí la cantidad de empresas que supuestamente venden servicios al Estado que se han reproducido logarítmicamente en los últimos años. 

Eso debería ser el objetivo de cualquier plan o intento de desregulación. Y esa es la manera menos penosa y menos injusta de lograr superávit fiscal para poder bajar impuestos y costos al consumidor y al productor y aumentar la inversión, la competencia y el empleo. No es cierto que haciéndolo pausada y gradualmente a lo largo de 20 años se llegará a lograr la grandeza. Si no se eliminan las rémoras prontamente, se seguirá postergando el cambio verdadero.  

Reducir el gasto en personal es correcto, pero no es justo ni inteligente si simultáneamente no se elimina el dispendio del gasto superfluo de cada ministerio, que muchas veces es superior al costo laboral. Eso sería la verdadera lucha contra la casta, que para muchos todavía no se ha librado. 

Reducir el personal, por otra parte, también requiere una gran dosis de conocimiento tanto del sector específico como de la tarea en sí. Si se ordena en por valores decrecientes una planilla de sueldos que incluya todos los ingresos anexos, viáticos o como se les llame, se va a observar que el 15% de funcionarios al tope de la lista cuestan casi tanto como el resto del personal, sin contar el daño que hacen.  Ahí se debe poner la mirada crítica y donde se debe concentrar el ajuste. Porque, además de su costo, ese 15% es el que fomenta la burocracia y promueve el despilfarro, no sólo nombrando más gente, sino administrando a voluntad el presupuesto, el reparto y el déficit. 

El ñoqui es la función

Cuando se habla de “echar a los ñoquis”, se está errando el camino. Eso puede tener una cuota de justicia laboral, pero en las grandes estructuras del Estado, de cualquier Estado, todo el mundo es ñoqui, porque aunque alguien cumpla su horario de trabajo y aparezca atareado y laborioso, el 90% de la tarea es inútil. Lo ñoqui es la función, no la persona. 

Una buena idea es releer a C. Norcothe Parkinson, que en el siglo pasado escribió todo lo que hay que saber sobre la burocracia estatal. Por supuesto que el problema se agrava cuando esa burocracia es manipulada por la política moderna (de algún modo hay que llamarla) y su rostro oculto, la corrupción. Eso hace que la administración del Estado carezca de todo rumbo, de toda seriedad y de toda confiabilidad.

Como cada gobierno (y cada funcionario) instala a sus propios fieles, parientes, socios o recomendados, pero mantiene la dotación de los gobiernos anteriores, la resultante es un caos y una permanente obstaculización ideológica, con lo que la ineficiencia y el gasto inútil están garantizados. Sobre este tema no hace falta leer a Parkinson, basta con escuchar a cualquier funcionario intermedio. 

Esa debería ser la tarea de un Ministerio de Desregulación. Lo que lleva a la pregunta: este ministerio, ¿está haciendo lo que debe? En lo estratégico, se ha explicado por qué no. En lo demás, la columna tiene sus serias dudas. Como contagiándose del estilo de todo el oficialismo, el ministro hace anuncios. Pero ninguno de esos anuncios ha tenido hasta ahora concreción plena en la realidad. Y ciertamente, ninguno ha tenido que ver con lo que en este espacio se plantea. O ha generado más confusión. 

El caso Tierra del Fuego

Sturzenegger tuvo gran relevancia en la defensa y explicación de la reciente baja de recargos de importación sobre los productos extranjeros (que aún no se ha terminado de concretar) para que supuestamente compitan con los armados bajo subsidio en tierra del Fuego. Su argumentación de que la baja de recargos hará bajar los precios de los productos electrónicos es simplemente una afirmación. Tampoco tiene en cuenta los mil vericuetos de la Ley 19.640 y en particular la exoneración de ingresar a la ex AFIP el IVA que paga el usuario, que se les concedieron posteriormente gracias al lobby profesional, persistente y contundente de los dos fabricantes de la Isla.  

(De paso, la amenaza en este caso de los ensambladores fueguinos de demandar al país por incumplimiento o por algún formato de inseguridad jurídica muestra la soberbia de los prebendarios acostumbrados a usar al Estado o a comprarlo, y el desprecio absoluto por el consumidor). Los empresarios privados prebendarios también son gasto público. 

Justamente esa permanente apelación a la seguridad jurídica ante cualquier intento de parar el saqueo y el gasto alevoso es uno de los problemas que más amenaza al futuro nacional.  No importa cómo se haya conseguido, toda prebenda, toda dádiva, es esgrimido como un derecho adquirido. En esas condiciones, la desconfianza y el desconcierto están garantizados. La injusticia también. 

La explicación habitual de que para los cambios de fondo hace falta una o varias leyes, carece de sentido si no se conoce profundamente lo que se quiere cambiar. El anuncio apresurado de proyectos u objetivos que luego tardan en concretarse o se aplican tenuemente o suavizados, es un buen ejemplo de ello. 

El trabalenguas en que se ha metido el gobierno al anunciar apresuradamente el proyecto para fomentar el uso de “dólares del colchón” para aumentar el crédito en dólares y en consecuencia el consumo – además de tener algunas complicaciones conceptuales – muestra, como en tantos otros casos similares, que no se tiene confianza en la acción humana, uno de los principios centrales de la economía y de la filosofía liberal. Eso obliga a permanente postergaciones de las medidas con diversas excusas, que deberían haber sido “pulidas”, al decir de Adorni, antes de anunciarlas como un hecho. 

La promesa, también anunciada, de que habrá sorprendentes medidas para inducir al uso de dólares, habla de una especie de tipo de cambio diferenciado, un multi-tier preocupante.

Los anuncios vacuos mueven a la indecisión, la duda y la parálisis. 

Esa capacidad de analizar la realidad y de reflexionar antes de hablar y actuar es un requisito fundamental en cualquier proceso de recuperación de la lógica económica como el que se pregona. 

Recién luego de un completo análisis y planificación se puede comunicar sin riesgos. O usar la motosierra sin serrucharse un hueso.