Monumento normativo
Agregados de dudosa razonabilidad y coherencia desdibujan y empañan las necesarias reformas políticas y económicas de Milei.
Protestas sindicales frente a Tribunales.
El gobierno de Javier Milei inició su gestión con la presentación pública de dos poderosos instrumentos legislativos que al mismo tiempo suponen una transformación radical de las normas básicas que han ordenado la vida pública argentina en los últimos cien años, y una notable concentración de poder en sus propias manos. Esos instrumentos son un decreto de necesidad y urgencia titulado Bases para la reconstrucción de la economía argentina y un proyecto de ley llamado Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Los nombres evocan a Juan Bautista Alberdi, el padre de la Constitución liberal argentina, cuyo magisterio invoca reiteradamente el mandatario. Los dos instrumentos han sido sometidos a la consideración del Congreso, pero su tramitación no es la misma. Mientras el proyecto de ley puede ser debatido con minuciosidad, artículo por artículo como cualquier otra iniciativa, el DNU sólo puede ser aceptado o rechazado en su totalidad, sin discusión pormenorizada.
Ambos conjuntos normativos se caracterizan por su monumentalidad: el DNU incluye unas 350 previsiones, mientras que el proyecto de ley abarca otras tantas, que no pudieron ser incluidas en el primero porque su naturaleza exige el tratamiento normal del Congreso, donde la parcialidad política que respalda al presidente carece de mayorías operativas y está obligada a negociar apoyos. El presidente llamó a sesiones extraordinarias para el análisis de ambos documentos, pero esas sesiones se extienden sólo durante el mes de enero. El DNU puede ser aprobado, rechazado o ignorado (lo que implica una aprobación implícita), por lo que su trámite es relativamente rápido. Pero el proyecto de ley ómnibus es otra cosa: los legisladores deberían resolver sobre entre 15 y 20 normas en cada sesión. O bien ingeniárselas para patear todo hasta marzo, que es cuando comienza el año legislativo. Aquí hay un primer problema, porque las prescripciones del DNU rigen desde el 30 de diciembre, y siguen vigentes mientras el Congreso no se pronuncie explícitamente sobre su validez, lapso en el que pueden pasar muchas cosas.
¿QUE VOTO LA GENTE?
Cuando el presidente Milei prometió en campaña empuñar la motosierra para terminar con los privilegios de la casta política y devolverle a la gente la libertad de trabajar y ser dueña del fruto de su trabajo, el electorado entendió que lo que se proponía era podar del aparato estatal todas sus ramas innecesarias o enfermas, eliminar la maraña de regulaciones introducidas al solo efecto de cobrar coimas, terminar con los subsidios, liberar precios y tarifas, y reducir impuestos. Eso es lo que votó la gente, consciente de que, al menos en los primeros tiempos, las consecuencias de esas medidas iban a ser difíciles de soportar en su vida diaria. Pero lo que produjo el gobierno de Milei en esos dos paquetes de medidas, no sólo no cumple acabadamente con esos propósitos sino que introduce una amplia serie de modificaciones legales en aspectos laterales y alejados del debate público, en varios casos potencialmente riesgosos para la integridad nacional, y cuya necesidad y urgencia no parece encontrar justificación.
Los dos portentos normativos presentados por el gobierno parten de una descripción apocalíptica del presente económico argentino. Sin entrar en la discusión sobre su acierto, la realidad es que el diagnóstico le sirve al gobierno como argumento supremo para justificar sus iniciativas: una aplicación indisimulada de la llamada doctrina del shock, que recomienda aprovechar los momentos de gran conmoción, incertidumbre y angustia social para tomar decisiones que en un contexto de normalidad y serenidad serían inaceptables y prontamente rechazadas. Los dos proyectos, además, son tan multitudinarios y abigarrados que hacen posible introducir de contrabando cualquier cosa. El bosque impide ver los árboles. El elefante se esconde en la manada de elefantes. El diablo está en los detalles, y los detalles son difíciles de discernir.
Para peor, el conjunto de las medidas propuestas en uno y otro paquete legislativo no parece responder a un orden o un programa, razonablemente estructurado y jerarquizado, y rápidamente comprensible: amontona el redimensionamiento del Estado con el uso de las tarjetas de crédito, el régimen jurídico de los clubes deportivos y la vestimenta de los jueces. ¿Cuál es la necesidad y la urgencia de estas tonterías en el marco de la gigantesca crisis que, según el propio gobierno, se cierne sobre nuestras cabezas?
La impresión que se tiene al examinar esos documentos es que acumulan agregados caprichosos o interesados a las ideas rectoras y fundamentales de Milei, presumiblemente acercados por lobistas o grupos de presión, de difícil tránsito en el trámite legislativo normal, e introducidos más o menos subrepticiamente en el paquete reformista. Un estudio jurídico que asesoró en la formulación de estos paquetes, por ejemplo, es uno de los primeros que impugnó en su momento la ley de tierras cuya derogación propone el DNU.
INCOHERENCIAS
Algunas normas son incoherentes entre sí: ¿por qué eliminar el Instituto de Teatro, por ejemplo, y mantener los de cine y música, mucho más cuestionados? Otras son incoherentes incluso con los postulados doctrinarios básicos sobre los que Milei hizo su campaña. Veamos: la derogación de la ley de protección de tierras rurales, la eliminación del precio uniforme para los libros y ciertas normas relacionadas con el funcionamiento de las farmacias y el expendio de medicamentos tienden a favorecer la concentración económica, en beneficio de grandes fondos de inversión extranjeros en un caso y de grandes cadenas de comercialización (de medicamentos o libros) en el otro. Nada más contrario a la libertad económica y a la competencia defendidas por Milei que la concentración de la producción o de la comercialización.
Otras normas son directamente contrarias al interés nacional. La derogación de la ley de protección de tierras rurales y apertura de la pesca extranjera en el mar argentino comprometen la seguridad, el patrimonio y la integridad territorial del país a cambio de beneficios sólo conocidos por los lobistas que las introdujeron en el paquete.
Si bien la mayoría de la opinión pública coincide con los lineamientos generales de estos instrumentos, y ha expresado su disposición a acompañarlos soportando los rigores que implican, hay demasiados detalles en uno y otro que justifican, si no un debate prolongado y previsiblemente esterilizante, al menos una explicación detallada de su necesidad, urgencia y conveniencia. Desde esta columna recomendamos oportunamente al nuevo gobierno acompañar sus decisiones más drásticas con las explicaciones correspondientes, en principio como muestra de respeto hacia una sociedad a la que se le reclaman sacrificios. Como señalarían con el correr de los días varios analistas y comentaristas, el presidente pareció inclinarse hacia una actitud arrogante y coercitiva (como lo experimentaron los gobernadores), menos dispuesta a la persuasión y el diálogo que al “todo o nada” y el “ahora o nunca”.
LIDERAZGO
“Para que las estrategias inspiren a la sociedad, los líderes tienen que ser didácticos: comunicar los objetivos, mitigar las dudas y movilizar apoyos”, escribió Henry Kissinger en su último libro, Liderazgo
. “Si bien el Estado tiene por definición el monopolio de la fuerza, la dependencia de la coerción es síntoma de un liderazgo inadecuado: los buenos líderes despiertan en el pueblo el deseo de caminar a su lado.”
Milei mantiene el tono de campaña cuando ya la mayoría ha manifestado su decisión de acompañarlo. Sólo espera que le digan cuáles son los costos, cuáles son los tiempos y cuáles son los beneficios. Cuando anunció sus decisiones, el presidente se preocupó más de hacer una exhibición de autoridad y poder que de explicar razones y ganar voluntades. Después se recluyó en su hotel, y no volvió a buscar ese contacto con la gente del que extrajo las energías que le permitieron ganar la elección y que ahora debería devolver.
Ese vacío argumental, sumado a la dudosa razonabilidad de algunas de las decisiones anunciadas, explica en parte que en los despachos judiciales se hayan acumulado tres decenas de presentaciones tendientes a frenar la aplicación del DNU. Con el patrocinio de Eugenio Zaffaroni, el gobernador de La Rioja Ricardo Quintela pidió a la Corte Suprema que declare la “inconstitucionalidad manifiesta” del decreto, al que atribuyó “malignidad para hacer crujir los fundamentos del Estado.” El alto tribunal recibió el pedido pero postergó cualquier decisión para febrero, luego de la feria judicial. Los jueces prefieren que la política resuelva los problemas políticos: el planteo se volvería abstracto si el Congreso optara en extraordinarias por aprobar, rechazar o discutir el contenido del paquete. La senadora radical Carolina Losada propuso una Ley Espejo que replica el contenido del DNU para facilitar su discusión punto por punto. Todas las opciones están abiertas, pero mientras no haya una definición en el Congreso el decreto presidencial rige con fuerza de ley.
“Los líderes pueden verse magnificados -o disminuidos- por las cualidades de quienes los rodean”, escribió también Kissinger. Lamentablemente, la primera quincena de gobierno no ha sido rica en señales auspiciosas. La ministra de seguridad Patricia Bullrich refrendó y defendió un proyecto contenido en el paquete que exige pedir permiso policial para cualquier reunión de más de tres personas en una esquina. Y la canciller Diana Mondino avaló la negativa a formar parte de los BRICS, grupo al que pertenecen nuestros principales socios comerciales, al tiempo que viajó a París para acelerar el ingreso de la Argentina a la OCDE, grupo al que pertenecen quienes históricamente han puesto trabas desleales a nuestras exportaciones mientras nos reclaman apertura económica. Esta sobreactuación de alineamiento con el mundo “libre”, “democrático” y “occidental” siempre nos salió cara (con la dictadura, con Menem, con Macri) y nunca nos sirvió para nada. Hoy refleja una mentalidad anacrónica de guerra fría e indica una ignorancia extrema sobre la clase de amenazas que se ciernen sobre las naciones, apuntadas directamente contra su soberanía.
En el libro citado, Kissinger dibuja los perfiles de seis grandes líderes mundiales con los que tuvo trato personal. El último de esos retratos corresponde a una figura admirada por Milei: Margaret Thatcher. Dice de ella que “su excepcional dureza coexistió con un atributo pasado por alto, pero que es la esencia de su liderazgo: su amor por su país.” Subraya este punto al recordar que “el último himno que se cantó en su funeral reflejaba su visión: Juro por ti, patria mía, sobre todas las cosas terrenales, / entero, completo y perfecto, el servicio de mi amor.”
Todo “¡Viva la libertad!” necesita estar envuelto, contenido, en un “¡Viva la patria!”, porque es la patria la que asegura el espacio donde la libertad es posible, donde se la gana o se la pierde, donde se la defiende. Donde, para usar palabras de Kissinger, los líderes sabios pueden conducir a sus pueblos a donde nunca han estado.