Como si fuera poca cosa dictar, en vísperas de una convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso, un Decreto de Necesidad y Urgencia de 366 carillas que deroga, reforma o impone 300 normas, Javier Milei envió esta semana a las Cámaras un llamado Proyecto Omnibus de ley de 664 artículos con disposiciones heterogéneas que incluyen desde una declaración de emergencia pública que delega en el Poder Ejecutivo las facultades legislativas que la Constitución Nacional (art. 76), atribuye al Congreso hasta la obligación del uso de toga por los jueces, pasando por asuntos sensibles como la privatización de empresas públicas, el cambio de régimen de evolución de las prestaciones previsionales (que quedarían sujetas al arbitrio del gobierno), la liquidación del fondo de sustentabilidad previsional del Anses y su pase al Tesoro, la restauración del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, la ampliación del concepto de defensa propia, la anulación de las elecciones primarias y el establecimiento de la llamada “boleta única” y también la ratificación del controvertido DNU presentado una semana atrás. Todos esos puntos deberían analizarse y votarse durante las cuatro semanas de enero en que el Congreso sesionará en extraordinarias. ¡Qué vértigo! ¡Qué modales!
POR SÍ O POR NO
Para bien o para mal, el presidente Javier Milei ha decidido compensar su extrema debilidad en el plano legislativo y la plena ausencia de expresiones libertarias en el elenco de gobernadores, con un intrépido protagonismo propio y una política ostensiblemente alejada de actitudes defensivas y rasgos negociadores. Milei no busca aliados (al menos, no a la luz pública), sino que suscita una polarización con la que apuesta a fortalecerse.
A tal punto que lanzó un comprometido desafío: aseguró que si no le aprueban sus proyectos en el Congreso convocará a un referendum (“Si me lo rechazan, llamaría a un plebiscito y que me expliquen porqué se ponen en contra de la gente”, dijo). En rigor, la Constitución sólo habilita al Presidente a llamar a una consulta popular no obligatoria ni vinculante). El arriesgado reto presidencial pretende arrinconar a “la casta”, pero ponerlo no deja de constituir un riesgo para la autoridad del propio mandatario. Como lo explicó en La Nación la muy ponderada Paz Rodríguez Niell: “convertiría a la consulta en un arma de doble filo: si lo que él llama plebiscito no obtuviera el resultado buscado o la gente no concurriera masivamente a las urnas, Milei estaría dañando el principal activo que tiene para gobernar, que es el apoyo popular que lo llevó a la Casa Rosada”.
¿DEMOCRACIA DIRECTA O CESARISMO?
Probablemente ese cálculo no alcanza para detener al Presidente. La primera expresión de la conducta que ha elegido fue su discurso inaugural, pronunciado lejos y a espaldas de las Cámaras del Congreso y escenificando la imagen de un diálogo directo con sus votantes. Aunque algún locutor describió esa práctica como “democracia directa”, más bien habría que observarla como un rasgo de cesarismo. Aquel primer gesto quizás deba ser considerado como una señal de lo que vendría de inmediato.
A partir del DNU del miércoles de la última semana, Milei amplió el arco de sus enfrentamientos y comenzó a recibir respuestas. Algunas explícitas; otras, que ya insinúan la perspectiva de un choque, así se presente como limitado a las formas.
El llamado Decreto de Necesidad y Urgencia fue rápidamente contestado, tanto en la justicia como en la calle. A los cacerolazos porteños de ese miércoles se sumaron otros en diferentes puntos del país: fueron muy numerosas las marchas en Rosario y en Ushuaia, y nutridas en Mar del Plata, Mendoza y Córdoba.
Por supuesto, los manifestantes no tuvieron tiempo de leer en detalle la norma que Federico Sturzenegger, el exfuncionario del Banco Central de Mauricio Macri, con la ayuda de grandes estudios jurídicos, había preparado, en campaña, para Patricia Bullrich y, en definitiva, para Milei.
La reacción estuvo motivada por algunos puntos específicos de ese enorme listado pero, sobre todo, por la sospecha de que el Presidente estaba cometiendo un acto de despotismo al arrebatarle al Congreso la función de debatir y aprobar o rechazar sus proyectos.
Si se considera que una porción significativa del botín electoral de Milei en el balotaje provino de sectores que se autodefinen “republicanos”, parece razonable que se despierte, incluso en estos sectores que podrían coincidir en el gobierno en sus objetivos desreguladores, una cierta incomodidad intelectual y hasta ética a la vista de gestos e iniciativas de impronta personalista y decisionista.
ASÍ NO
La legislación anunciada por Milei no sólo fue contestada en las calles, también fue ampliamente cuestionada por empinados juristas y por la academia encarnada por constitucionalistas como Daniel Sabsay y Andrés Gil Domínguez (presentó un recurso de incosntitucionalidad).
La llamada Ley Omnibus fue censurada por el doctor Ricardo Gil Lavedra, que la definió como “un mamotreto que el Congreso debe intervenir” y consideró que Milei “busca concentrar enormes facultades legislativas sobre él mismo” para “gobernar sin el Congreso".
Sobre el DNU coincidieron desde la CGT hasta líderes de lo que fue Juntos por el Cambio como Miguel Pichetto, Nicolás Massot, Martín Lousteau y dirigentes independientes como Margarita Stolbizer.
Se han presentado ya varios amparos contra el decreto y se avecinan otras decenas objetando aspectos particulares del proyecto. Como el DNU no está aún en vigencia, el juez Juan Ignacio Ramonet -el primero en pronunciarse sobre el úkase de Milei- denegó la cautelar solicitada por la CGT, pero admitió el recurso de inconstitucionalidad de la central obrera y lo pasó a la fiscalía.
La CGT pareció vacilar entre llamar a una movilización o convocar a un paro general. Empezó por movilizarse: evidenciando una lúcida disciplina, los gremios realizaron el miércoles 27 una manifestación autolimitada (predijeron que se moverían entre ocho y diez mil personas y ese fue el número) y se empeñaron en no cortar el tránsito (algo que sin embargo, ocurrió esporádicamente por el simple motivo del número de manifestantes) y en evitar enfrentamientos con las fuerzas de seguridad desplegadas por el ministerio de Seguridad y por la ciudad de Buenos Aires.
Sobre todo, dejaron claro que la finalidad de esta marcha no consistía en pelear con el gobierno sino en peticionar ante la Justicia. Todo en su medida y armoniosamente. Ayer, jueves, después de analizar la movilización del día anterior y de leer a fondo con asesores el articulado de la Ley Omnibus enviada por la Casa Rosada al Congreso, los directivos cegetistas decidieron dar otra vuelta de tuerca. Llamaron a un paro con movilización (al Congreso) con fecha 23 de enero, momento en el que se estima que la ley ómnibus de Milei se tratará en Diputados. Quince días antes se reunirán las seccionales de la central obrera de todas las provincias, de modo de exhortar a los legisladores de cada una de ellas cuál es el punto de vista sindical sobre las normas propuestas por Milei. En el curso del mes, la CGT tomará contacto “con todos los bloques legislativos” para intentar con ellos acuerdos sobre la actitud a adoptar por las Cámaras. La CGT va a un paro en enero porque no avanza la posibilidad de coincidencias que había prometido el ministro de Interior, Guillermo Francos. Es posible que encuentren esos puntos con algunos de los bloques opositores.
En el caso del DNU la mayoría de los legisladores de la desperdigada coalición Juntos por el Cambio no discute frontalmente su idea desreguladora, que es compartida -en general, no siempre caso por caso- por buena parte de la opinión política. Lo que se cuestiona principalmente es el modo: la iniciativa de legislar al margen (y eventualmente contra) el control legislativo y la consulta social Es improbable que se constituya ya mismo una plataforma compartida por Unión por la Patria y lo que queda de la excoalición macrista, pero quizás los tejedores de los diferentes bloques puedan idear estrategias que permitan al conjunto de la política hostigada por Milei mostrarle a éste la existencia de límites e impedirle la sanción de los puntos más propensos a la arbitrariedad o el cesarismo.
UN LIDERAZGO A PRUEBA
La elección de noviembre le premió a Milei su intensidad para sostener la necesidad de reformas hondas en el sistema. Ahora se le empieza a reclamar que compatibilice su liderazgo con las exigencias institucionales. Que lidere dentro del marco constitucional, no sobre sus márgenes. Y que no imponga al Congreso la opción de hierro de aprobar o desaprobar en su totalidad sus iniciativas (algo que impone el tratamiento de un DNU).
Desde el radicalismo y desde sectores del peronismo republicano, que no están en contra de la renovación que Milei propone (más bien al contrario) se le sugiere al gobierno que cambie el DNU por una serie de proyectos de ley, lo que seguramente permitiría aprobar, si no todas, muchas de las reformas y, sobre todo, les otorgaría a las normas una solidez y credibilidad mucho mayores que las que ofrece un decreto que mañana puede ser barrido con la misma lógica con la que hoy se lo procura imponer.
NO LA VEN
Algo ha ido cambiando desde el triunfo electoral y parece haber evolucionado más en los últimos días. Si bien el Presidente asegura contar hoy con el apoyo del 75 por ciento de los ciudadanos (un dato que no menciona fuente y una proporción que excedería largamente tanto el voto propio, obtenido en la primera vuelta electoral como el voto “engordado” del balotaje), hay algunos testimonios que indicarían otras trendencias.
En una medición registrada días antes del anuncio de su DNU, la encuestadora Circuitos ya observaba que Milei “tiene un diferencial de imagen positiva de apenas 5 puntos, algo inusualmente bajo para un gobierno que lleva poco más de una semana. Ese número resulta al sumar las imágenes muy buenas (23) y buena (20) y restarles la mala (11) y muy mala (27)”. Y agregaba, midiendo la reacción a la devaluación y a las disposiciones económica tomadas por Luis Caputo que: “Sólo el 41 por ciento de los encuestados se mostró de acuerdo con las medidas implementadas, dato que confirma el malestar entre sus propios votantes”.
La investigación de Circuitos se desarrolló antes del polémico decreto presidencial y antes también de la ola de cacerolazos y reacciones que ocurrieron en consecuencia. Todavía la sociedad no ha experimientado otros efectos que, si el gobierno cumple sus planes, deberá probar. Particularmente, los incrementos en las tarifas de la energía y en los transportes (la clase media que se atiende con medicina prepaga ya ha sido notificada de que desde enero sobrellevará aumentos del 40 al 50 por ciento).
La sociedad votó reforma. Algunos interpretan que votó una revolución, un cambio abrupto de cultura.
Ahora se empieza a analizar procedimientos, detalles y conductas. Se comparan declaraciones, intenciones, propensiones. El título se pone al final. ¿El fin justifica los medios? Los actos de Milei le imprimen urgencia a las definiciones.
POR SÍ O POR NO
Para bien o para mal, el presidente Javier Milei ha decidido compensar su extrema debilidad en el plano legislativo y la plena ausencia de expresiones libertarias en el elenco de gobernadores, con un intrépido protagonismo propio y una política ostensiblemente alejada de actitudes defensivas y rasgos negociadores. Milei no busca aliados (al menos, no a la luz pública), sino que suscita una polarización con la que apuesta a fortalecerse.
A tal punto que lanzó un comprometido desafío: aseguró que si no le aprueban sus proyectos en el Congreso convocará a un referendum (“Si me lo rechazan, llamaría a un plebiscito y que me expliquen porqué se ponen en contra de la gente”, dijo). En rigor, la Constitución sólo habilita al Presidente a llamar a una consulta popular no obligatoria ni vinculante). El arriesgado reto presidencial pretende arrinconar a “la casta”, pero ponerlo no deja de constituir un riesgo para la autoridad del propio mandatario. Como lo explicó en La Nación la muy ponderada Paz Rodríguez Niell: “convertiría a la consulta en un arma de doble filo: si lo que él llama plebiscito no obtuviera el resultado buscado o la gente no concurriera masivamente a las urnas, Milei estaría dañando el principal activo que tiene para gobernar, que es el apoyo popular que lo llevó a la Casa Rosada”.
¿DEMOCRACIA DIRECTA O CESARISMO?
Probablemente ese cálculo no alcanza para detener al Presidente. La primera expresión de la conducta que ha elegido fue su discurso inaugural, pronunciado lejos y a espaldas de las Cámaras del Congreso y escenificando la imagen de un diálogo directo con sus votantes. Aunque algún locutor describió esa práctica como “democracia directa”, más bien habría que observarla como un rasgo de cesarismo. Aquel primer gesto quizás deba ser considerado como una señal de lo que vendría de inmediato.
A partir del DNU del miércoles de la última semana, Milei amplió el arco de sus enfrentamientos y comenzó a recibir respuestas. Algunas explícitas; otras, que ya insinúan la perspectiva de un choque, así se presente como limitado a las formas.
El llamado Decreto de Necesidad y Urgencia fue rápidamente contestado, tanto en la justicia como en la calle. A los cacerolazos porteños de ese miércoles se sumaron otros en diferentes puntos del país: fueron muy numerosas las marchas en Rosario y en Ushuaia, y nutridas en Mar del Plata, Mendoza y Córdoba.
Por supuesto, los manifestantes no tuvieron tiempo de leer en detalle la norma que Federico Sturzenegger, el exfuncionario del Banco Central de Mauricio Macri, con la ayuda de grandes estudios jurídicos, había preparado, en campaña, para Patricia Bullrich y, en definitiva, para Milei.
La reacción estuvo motivada por algunos puntos específicos de ese enorme listado pero, sobre todo, por la sospecha de que el Presidente estaba cometiendo un acto de despotismo al arrebatarle al Congreso la función de debatir y aprobar o rechazar sus proyectos.
Si se considera que una porción significativa del botín electoral de Milei en el balotaje provino de sectores que se autodefinen “republicanos”, parece razonable que se despierte, incluso en estos sectores que podrían coincidir en el gobierno en sus objetivos desreguladores, una cierta incomodidad intelectual y hasta ética a la vista de gestos e iniciativas de impronta personalista y decisionista.
ASÍ NO
La legislación anunciada por Milei no sólo fue contestada en las calles, también fue ampliamente cuestionada por empinados juristas y por la academia encarnada por constitucionalistas como Daniel Sabsay y Andrés Gil Domínguez (presentó un recurso de incosntitucionalidad).
La llamada Ley Omnibus fue censurada por el doctor Ricardo Gil Lavedra, que la definió como “un mamotreto que el Congreso debe intervenir” y consideró que Milei “busca concentrar enormes facultades legislativas sobre él mismo” para “gobernar sin el Congreso".
Sobre el DNU coincidieron desde la CGT hasta líderes de lo que fue Juntos por el Cambio como Miguel Pichetto, Nicolás Massot, Martín Lousteau y dirigentes independientes como Margarita Stolbizer.
Se han presentado ya varios amparos contra el decreto y se avecinan otras decenas objetando aspectos particulares del proyecto. Como el DNU no está aún en vigencia, el juez Juan Ignacio Ramonet -el primero en pronunciarse sobre el úkase de Milei- denegó la cautelar solicitada por la CGT, pero admitió el recurso de inconstitucionalidad de la central obrera y lo pasó a la fiscalía.
La CGT pareció vacilar entre llamar a una movilización o convocar a un paro general. Empezó por movilizarse: evidenciando una lúcida disciplina, los gremios realizaron el miércoles 27 una manifestación autolimitada (predijeron que se moverían entre ocho y diez mil personas y ese fue el número) y se empeñaron en no cortar el tránsito (algo que sin embargo, ocurrió esporádicamente por el simple motivo del número de manifestantes) y en evitar enfrentamientos con las fuerzas de seguridad desplegadas por el ministerio de Seguridad y por la ciudad de Buenos Aires.
Sobre todo, dejaron claro que la finalidad de esta marcha no consistía en pelear con el gobierno sino en peticionar ante la Justicia. Todo en su medida y armoniosamente. Ayer, jueves, después de analizar la movilización del día anterior y de leer a fondo con asesores el articulado de la Ley Omnibus enviada por la Casa Rosada al Congreso, los directivos cegetistas decidieron dar otra vuelta de tuerca. Llamaron a un paro con movilización (al Congreso) con fecha 23 de enero, momento en el que se estima que la ley ómnibus de Milei se tratará en Diputados. Quince días antes se reunirán las seccionales de la central obrera de todas las provincias, de modo de exhortar a los legisladores de cada una de ellas cuál es el punto de vista sindical sobre las normas propuestas por Milei. En el curso del mes, la CGT tomará contacto “con todos los bloques legislativos” para intentar con ellos acuerdos sobre la actitud a adoptar por las Cámaras. La CGT va a un paro en enero porque no avanza la posibilidad de coincidencias que había prometido el ministro de Interior, Guillermo Francos. Es posible que encuentren esos puntos con algunos de los bloques opositores.
En el caso del DNU la mayoría de los legisladores de la desperdigada coalición Juntos por el Cambio no discute frontalmente su idea desreguladora, que es compartida -en general, no siempre caso por caso- por buena parte de la opinión política. Lo que se cuestiona principalmente es el modo: la iniciativa de legislar al margen (y eventualmente contra) el control legislativo y la consulta social Es improbable que se constituya ya mismo una plataforma compartida por Unión por la Patria y lo que queda de la excoalición macrista, pero quizás los tejedores de los diferentes bloques puedan idear estrategias que permitan al conjunto de la política hostigada por Milei mostrarle a éste la existencia de límites e impedirle la sanción de los puntos más propensos a la arbitrariedad o el cesarismo.
UN LIDERAZGO A PRUEBA
La elección de noviembre le premió a Milei su intensidad para sostener la necesidad de reformas hondas en el sistema. Ahora se le empieza a reclamar que compatibilice su liderazgo con las exigencias institucionales. Que lidere dentro del marco constitucional, no sobre sus márgenes. Y que no imponga al Congreso la opción de hierro de aprobar o desaprobar en su totalidad sus iniciativas (algo que impone el tratamiento de un DNU).
Desde el radicalismo y desde sectores del peronismo republicano, que no están en contra de la renovación que Milei propone (más bien al contrario) se le sugiere al gobierno que cambie el DNU por una serie de proyectos de ley, lo que seguramente permitiría aprobar, si no todas, muchas de las reformas y, sobre todo, les otorgaría a las normas una solidez y credibilidad mucho mayores que las que ofrece un decreto que mañana puede ser barrido con la misma lógica con la que hoy se lo procura imponer.
NO LA VEN
Algo ha ido cambiando desde el triunfo electoral y parece haber evolucionado más en los últimos días. Si bien el Presidente asegura contar hoy con el apoyo del 75 por ciento de los ciudadanos (un dato que no menciona fuente y una proporción que excedería largamente tanto el voto propio, obtenido en la primera vuelta electoral como el voto “engordado” del balotaje), hay algunos testimonios que indicarían otras trendencias.
En una medición registrada días antes del anuncio de su DNU, la encuestadora Circuitos ya observaba que Milei “tiene un diferencial de imagen positiva de apenas 5 puntos, algo inusualmente bajo para un gobierno que lleva poco más de una semana. Ese número resulta al sumar las imágenes muy buenas (23) y buena (20) y restarles la mala (11) y muy mala (27)”. Y agregaba, midiendo la reacción a la devaluación y a las disposiciones económica tomadas por Luis Caputo que: “Sólo el 41 por ciento de los encuestados se mostró de acuerdo con las medidas implementadas, dato que confirma el malestar entre sus propios votantes”.
La investigación de Circuitos se desarrolló antes del polémico decreto presidencial y antes también de la ola de cacerolazos y reacciones que ocurrieron en consecuencia. Todavía la sociedad no ha experimientado otros efectos que, si el gobierno cumple sus planes, deberá probar. Particularmente, los incrementos en las tarifas de la energía y en los transportes (la clase media que se atiende con medicina prepaga ya ha sido notificada de que desde enero sobrellevará aumentos del 40 al 50 por ciento).
La sociedad votó reforma. Algunos interpretan que votó una revolución, un cambio abrupto de cultura.
Ahora se empieza a analizar procedimientos, detalles y conductas. Se comparan declaraciones, intenciones, propensiones. El título se pone al final. ¿El fin justifica los medios? Los actos de Milei le imprimen urgencia a las definiciones.