Luego de dos años, el Gobierno acordó con las universidades
Luego de más de dos años de una puja que erosionó la relación entre la administración libertaria y la comunidad académica, el Gobierno y los rectores de las universidades nacionales lograron finalmente coincidir en un acuerdo económico para destrabar el conflicto presupuestario. Sin embargo, el conflicto por el financiamiento del sistema universitario continúa abierto en la Corte Suprema.
La propuesta acordada es un aumento salarial del 24,33% -21,33% para junio y un 3% adicional en octubre- y refuerzos para becas, hospitales y gastos de funcionamiento. El acuerdo se terminó de sellar en el Palacio Sarmiento, en una reunión encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, con rectores y representantes gremiales en donde todos firmaron el acta que formaliza los ajustes.
“Esta actualización contempla la recomposición del desfasaje del año 2025, la actualización en función de la inflación hasta mayo de 2026 y una recomposición del 7% a cuenta de la pérdida de poder adquisitivo del 2024″, precisa el acta firmada.
Allí también aclaran que, tras el encuentro, la paritaria pasará a un cuarto intermedio de hasta tres meses para continuar la discusión salarial “contemplando la variación acumulada del IPC de acuerdo al Indec y la continuidad de la recomposición salarial por el desfasaje”.
Esta es la principal diferencia con la ley aprobada y sostenida por el Congreso, en la que se reconocía la recuperación desde el 1° de diciembre de 2023.
Este desenlace llega luego de dos semanas de conversaciones y de un derrotero de casi tres años que incluyó cuatro marchas federales universitarias, clases públicas frente a la casa de Manuel Adorni o la Corte Suprema, tomas de colegios, semanas enteras de paros docentes, seis votaciones en el Congreso, vetos presidenciales y una judicialización que llevó la disputa hasta la Corte Suprema de Justicia.
Desde abril de 2024, cuando la primera movilización reunió a más de 400.000 personas en defensa de la educación pública, el conflicto universitario se consolidó como uno de los principales frentes de la “batalla cultural” libertaria. Y tuvo múltiples capítulos: acusaciones de “curros” en las universidades públicas, resistencia a las auditorías, denuncias de adoctrinamiento, cuestionamientos por falta de eficiencia, alumnos fantasmas y exceso de extranjeros.
Con la autorización de una partida de $800.000 millones por parte del Ministerio de Economía y la promesa de paritarias cada tres meses en lo que resta del año, el sector universitario vislumbra la posibilidad de un alivio en su principal urgencia: los salarios.
El acuerdo busca cerrar -al menos de forma parcial- uno de los conflictos más persistentes del primer tramo de la gestión libertaria, aunque el proceso judicial continúa abierto.