Una pregunta suele recorrer, hace tiempo, muchas mesas políticas: ¿Hay riesgo de estallido social? Las respuestas, sobre todo de quienes son jefes territoriales difieren pero tienen un vector común. Casi nadie se anima a predecir una situación similar a la crisis de hace un cuarto de siglo que terminó con el gobierno de Fernando De La Rúa. En diciembre de 2001, lo que hizo estallar todo no fue un dato macroeconómico abstracto: fue la imagen de la clase media golpeando cacerolas porque no podía sacar su propio dinero del banco. El corralito convirtió una crisis fiscal y cambiaria en una crisis de legitimidad. La bronca no nació en un gráfico del Ministerio de Economía; nació en la ventanilla del banco, en el bolsillo de cada uno. Detrás de la imposibilidad de acceder a los ahorros, pero además al efectivo, se propagó el corte de la cadena de pagos con los muchos empleos en negro que abastecían a las economías barriales. Si el propietario no pudo sacar efectivo para pagarle al jardinero, se cortó un circuito que alimentó el malestar en las capas medias y bajas de la sociedad de aquel entonces.
Veinticinco años después, la mecánica es distinta pero el resultado puede terminar pareciéndose demasiado. Hoy no hay un banco que retenga los ahorros de nadie. Lo que hay es un ejército silencioso de deudores que ya no puede pagar lo que debe, y que crece mes a mes sin que nadie toque una alarma. El tema ya es analizado en profundidad en los despachos territoriales desde hace tiempo. Un claro síntoma del deterioro del ingreso es la explosión de la “uberización” de la economía. En otras palabras, cuando en las calles del conurbano se multiplican las ventas ambulantes de lo que sea, algo está pasando.
UN TERMOMETRO QUE NO DEJA DE SUBIR
Los números del sistema financiero son elocuentes. Según el Banco Central, la irregularidad del crédito a las familias pasó de apenas 2,5% en octubre de 2024 a niveles de entre el 11% y el 12,7% hacia mediados de 2026, dieciséis meses consecutivos de deterioro ininterrumpido. Si se suman los créditos otorgados por billeteras virtuales y entidades no bancarias -el circuito donde recala buena parte de quienes ya fueron expulsados del sistema bancario tradicional-, la mora agregada roza el 15,5%, un máximo histórico que ya supera el pico de la pandemia. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) coincide en el diagnóstico de fondo: el problema no es "irresponsabilidad financiera", como suele sugerir el discurso oficial, sino la caída sostenida del salario real, que según ese mismo estudio se derrumbó entre 8,7% y 18,7% desde el inicio de la actual gestión.
No es un dato menor: cuando la gente se endeuda para llegar a fin de mes -y no para invertir o consumir por decisión propia- el crédito deja de ser una herramienta de progreso y pasa a ser un mecanismo de supervivencia. Ese es, exactamente, el terreno fértil para una crisis social.
EL CASO TESTIGO: LAS FUERZAS DE SEGURIDAD
Si hay un sector donde este fenómeno se ve con crudeza es en las fuerzas de seguridad, tanto federales como de la provincia de Buenos Aires. Los sueldos policiales llevan meses corriendo detrás de la inflación -los aumentos escalonados de 2026 apenas lograron empatarle al costo de vida, cuando no quedaron por debajo- y el resultado es visible en dos indicadores que deberían preocupar a cualquier funcionario responsable: el endeudamiento creciente de los efectivos y la fuga de personal.
Organizaciones como la Defensoría Policial -cuyos números todavía no tienen respaldo en una estadística oficial consolidada, pero que marcan una tendencia difícil de ignorar- reportaron 260 bajas en 2023, 715 en 2024, 1.130 en 2025 y ya 1.475 hacia junio de 2026. Los propios funcionarios provinciales admitieron públicamente que los sueldos policiales "son una miseria". La combinación es peligrosa: un efectivo endeudado, mal pago y con la seguridad privada tentándolo con mejores condiciones, no es solo un problema laboral. Es un problema de Estado, porque quien debería garantizar el orden es, cada vez con más frecuencia, la primera víctima del ajuste sobre el ingreso.
Además, se convierten esos efectivos endeudados en terreno fértil para sucumbir ante las tentaciones del crimen organizado. ¿Cuánto puede tardar el narco del barrio en ponerlos de su lado? La necesidad tiene cara de hereje. Y, además, muchos efectivos de las fuerzas provinciales conviven en los mismos barrios que los delincuentes a los que tienen que combatir. Vienen del mismo núcleo social.
Como recuerda un empresario que asistió a la reunión de su barrio privado luego de una ola de robos en las viviendas. Mientras se discutía qué tecnología aplicar para mejorar la seguridad del cotizado vecindario donde viven políticos y empresarios de alto nivel en Argentina, uno de los asistentes se levantó y dijo: “nosotros podemos llegar a comprar el mejor sistema de defensa área que exista en el mundo, pero mientras el vigilador privado gane lo que gane, va a estar a merced de cualquier tentación para ser cómplice de un delito”.
DEL CORRALITO AL DESCALABRO SILENCIOSO
La diferencia con 2001 es de forma, no necesariamente de fondo. Aquella crisis fue un shock: un fin de semana la gente se despertó sin acceso a sus ahorros. Esta, en cambio, es una erosión: nadie te confisca nada, pero cada mes la cuenta cierra peor, la tarjeta se usa para comprar comida y no zapatillas, y la deuda deja de ser una opción para convertirse en la única salida. Es un corralito sin paredes visibles, pero con el mismo efecto de fondo: una porción cada vez mayor de la sociedad -incluida la que porta un arma reglamentaria y jura sostener el orden- queda atrapada sin margen de maniobra.
La pregunta que en diversas mesas políticas se están haciendo es si esto va a explotar de la misma manera que en 2001. Es si un Estado con las fuerzas de seguridad endeudadas y renunciando en masa está en condiciones de sostener la gobernabilidad si la bronca social, alimentada por la misma morosidad que hoy asfixia a millones de familias, empieza a expresarse en la calle.
Sin dudas, el tema va a formar parte de la discusión electoral en Argentina. Al margen de las marchas que por estas horas se organizan, darle una salida política se torna inevitable para quienes quieran pensar en retener o captar el poder en 2027.
Son horas donde los tiempos se han acelerado de manera muy particular. La instalación de la posible candidatura presidencial de Sergio Massa en un esquema de unidad del peronismo contrasta con el armado que viene llevando adelante Axel Kicillof para converse en el candidato natural. ¿Puede haber acuerdo? O indefectiblemente se dirimirán en las PASO que el peronismo más que nunca no quiere suspender. En un escenario ultra polarizado, parece difícil la posibilidad de la instalación de una tercera vía, aunque no habría que descartarla. El terreno puede estar fértil, lo difícil es agrupar en un sólo espacio a todos los desencantados de un lado y otro.
Como sostiene un experimentado dirigente del peronismo bonaerense, el problema es la escasa densidad de dirigentes que puedan salirse de las roscas menores por cajas pequeñas que les imposibilitan ver más allá. Para esa mirada, el peronismo atraviesa la crisis más importante de su historia que conduciría a que las chances de renovación del La Libertad Avanza en 2027 no haya que descartarlas ni mucho menos.
EXTRAÑEZAS DE LA POLITICA
Mientras Karina Milei se comunica con Macri para sostener un acuerdo con miras al año próximo, los ejemplos más concretos pero menos visibles de sostener entendimientos los ha podido hacer la Libertad Avanza con sectores del peronismo. Porque aquello de la existencia de múltiples túneles que comunican a ambos lados del mostrador, son reales. Y mucho más habituales de lo que trasciende. En horas donde la noticia de la detención del asesor Fernando Cerimedo ocupa la plana de medios vinculados al kirchnerismo, quizá se sorprendan al enterarse que los servicios del consultor formaron parte de la estrategia de muchos alcaldes bonaerenses. Como suele decir Cristina Kirchner, todo tiene que ver con todo.