Lorenzetti pidió castigo penal para la "filtración" de escuchas

 

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, solicitò a un grupo de senadores nacionales encabezado por el presidente provisional del cuerpo, Federico Pinedo, la elaboración de un proyecto de ley que castigue penalmente la filtración de escuchas telefónicas realizadas por el Poder Judicial.

El magistrado concurrió a la Cámara alta acompañado por el responsable de la Dirección de Captación de Comunicaciones del Sistema Judicial, el camarista federal Javier Leal de Ibarra, y por el director ejecutivo de la dependencia, Ricardo Rodríguez Ponte. Fue recibido, además de por Pinedo, por un grupo de legisladores integrado por el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, los senadores Liliana Negre, Silvia Giacoppo, Juan Páis, Pedro Guastavino, Rodolfo Urtubey y Juan Abal Medina y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó.

El encuentro se realizó a pedido de Lorenzetti que también adelantó que la Corte Suprema trabaja en una iniciativa para distribuir federalmente la tarea de las escuchas judiciales, abriendo oficinas técnicas en todas las provincias, en vista de que muchos de los pedidos de interceptación son realizados por magistrados del interior del país.

En ese sentido el presidente de la Corte anticipó que está ya trabajando en la elaboración de un mecanismo para la distribución de la tarea con las provincias y pidió que se incluyese en la ley a elaborar un capítulo con sanciones penales para los responsables de la violación de la línea de custodia y de la difusión de las escuchas.

El problema de las filtraciones cobró relevancia pública con la filtración de comunicaciones telefónicas entre la ex presidenta Cristina Fernández y el ex jefe de la AFI, Oscar Parrili. El teléfono de Parrili había estado intervenido durante 60 días por pedido del juez federal Ariel Lijo en el marco de la investigación de encubrimiento del prófugo Ibar Pérez Corradi. La conmoción mediática generada por la difusión de los diálogos llevó a la ex presidenta a presentar una denuncia judicial todavía en curso.

Al concluir el encuentro Pinedo señaló que las filtraciones son de gravedad institucional por más que en algunos casos puedan generar hilaridad, ya que interfieren en la investigación judicial de delitos graves. Por su parte Pichetto sostuvo que "respaldamos la actuación que está teniendo la Oficina" y señaló la necesidad de avanzar en leyes tendientes a afianzar la tarea de esa oficina así como de garantizar la confidencialidad de esas escuchas y establecer sanciones duras a los que la vulneren.

Como conclusión de la reunió se acordó que el senador Urtubey redactaría un proyecto de consenso con el propósito de que sea aprobado antes que el presupuesto nacional 2018.