Legitimación anticipada de la sedición

En nuestro artículo Bienio Crítico, aparecido recientemente en este medio, señalábamos el riesgo cierto de que, en caso de acceder alguna de las figuras de la actual oposición el Ejecutivo Nacional y retener el presente oficialismo el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, se configurase un estado de "guerra civil fría''. Declaraciones producidas en los días subsiguientes no han hecho sino consolidar esta perspectiva.­

En efecto: en la clase magistral pronunciada por la vicepresidenta en la Universidad de Río Negro el 9 de marzo se deslizaron tres afirmaciones sobre las cuales entiendo que no se ha vertido la atención necesaria por parte de los analistas. Según una de ellas, CFK ha manifestado "acaban de proscribirme''. Según otra, con el fallido atentado a su persona "se rompió el pacto democrático''. Finalmente, "no estamos en un Estado democrático constitucional''.­

Veámoslas sumariamente. Cuando CFK se refiere a su proscripción desnaturaliza la sanción de la que ha sido objeto. La Real Academia Española establece que tal calificación corresponde a la pena que implica "echar a alguien del territorio de su patria, comúnmente por causas políticas''. Otras definiciones ponen el acento sobre la designación del proscripto como "enemigo público'', en todo caso de una pena eminentemente política para quienes aparecen como peligrosos para el orden constitucional. Es notoria la inadecuación de tal concepto a la pena de "inhabilitación'' que se le ha aplicado, máxime cuando esta resulta meramente accesoria de un reproche de naturaleza penal relativo a la administración de los dineros públicos.­

No menores implicancias distorsivas tiene la referencia a una presunta "rotura del pacto democrático''. Sea lo que fuere que signifique tal pacto, resulta obvio que el mismo no puede tener expresión más cabal que la contenida en la misma Constitución Nacional. Denunciar su ruptura implicaría, inexorablemente, sentirse liberado de su cumplimiento.­

Last but not least, la denuncia suprema: no estaríamos, dados los antecedentes, viviendo en un Estado democrático constitucional. Y, según los dichos de Máximo Kirchner dos días más tarde, "las elecciones tienen un tinte amañado''.­

Todos estos asertos concurren a sustentar la tesis de una deslegitimación anticipada del Gobierno que se haría cargo el próximo 10 de diciembre. O, dicho de otro modo, de una legitimación preventiva de la sedición contra el mismo.­

Seamos claros. No estamos usando el vocablo `sedición' en el sentido tipológico restrictivo del Código Penal. Lo hacemos en el sentido lato que le da la Constitución Nacional en su art. 22, cuando estatuye inequívocamente que "toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticiones a nombre de éste, comete delito de sedición''. En el artículo citado al comienzo del presente, planteamos la hipótesis de que la actual oposición ganase el Poder Ejecutivo Nacional mientras el actual oficialismo retenía el control de la provincia de Buenos Aires. Y describimos la situación emergente de tal circunstancia como la de una virtual guerra civil fría.­

¿A qué queríamos apuntar con ello? Ni más ni menos que al horizonte al que nos estamos asomando en virtud de las consignas más arriba glosadas: un estado latente de sedición que puede volverse agudo a través del fomento de todas las organizaciones que resistan o puedan eventualmente resistir a la autoridad federal, a través de los múltiples recursos fiscales, administrativos y de seguridad de los que el gobierno bonaerense pudiere disponer. El punto de inflexión se alcanzaría si se llega a cuestionar eficazmente el monopolio de la coacción inherente al Estado. Ciertamente, la Argentina tiene aún muchas y variadas reservas para superar tal eventualidad. Lo que importa es que, entre quienes la integran, nadie crea que podrá desentenderse de las circunstancias.­