Las políticas públicas que no se cumplen

“Hace falta ordenar un poco la acción del Congreso, como lugar en donde se gestan los acuerdos políticos y técnicos para gestar políticas públicas. Es decir, nos está faltando esa acción coordinada que surge de decisiones que se deben tomar colectivamente. El ámbito donde mejor se pueden tomar esas decisiones es el Congreso de la Nación, que tiene que recuperar la capacidad política de generar acuerdos mayoritarios, no unánimes, sí posibles, que tengan a la vez soporte técnico”, explicó a La Prensa el abogado Alfonso Santiago y autor del libro el “Derecho Constitucional y las Políticas Publicas”.

Desde hace 170 años la Constitución Nacional ha orientado a las autoridades hacia la formulación de un programa de gobierno que observe la realización de los valores contemplados en sus artículos traducidos ya en derechos.

La falta de viviendas señala la falencia de políticas adecuadas en el país.

Vivienda, educación, salud y ambiente sano, entre otros, son algunos de los basamentos para la realización del bien común y que la población se vea beneficiada por eso.

Pero es evidente que luego de tantos años,  miles de personas aún no han llegado a concretar sus derechos y es ahí donde, según Santiago, es necesario un cambio en la dinámica organizacional.

“El bien común tiene muchas dimensiones. Tal vez uno de los que más percibimos hoy es el tema de la estabilidad de la moneda. Lo que planteo es que, junto a la organización del poder, que es la parte orgánica de la Constitución, y junto a la parte dogmática, que son los derechos, entre medio hay un puente que son las políticas públicas. Estas crean las condiciones generales en las cuales se insertan los derechos constitucionales. Es decir, de poco nos sirve el derecho de propiedad si no tenemos estabilidad económica. ¿De qué vale decir tengo derecho al acceso a la educación o a la salud, si los sistemas que comprenden esas áreas no tienen calidad?”, reflexionó Santiago, quien es miembro titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y presidente de su Instituto de Derecho Constitucional “Segundo V. Linares Quintana”.

“Yo propongo -subrayó el especialista- un nuevo modelo que incluya entre la parte orgánica y la dogmática, una sección que yo llamaría la parte operativa, que contenga a las políticas públicas, que son las que se tienen que poner en marcha para que los derechos se cumplan”.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Las políticas públicas definen todo el accionar de los gobiernos, pero no siempre el ciudadano común conoce su implementación excepto que lo toquen en algún aspecto de su vida. Un nuevo puente, ruta u hospital sería algunas obras generadas por políticas públicas. “La defino como una acción coordinada del gobierno, es decir, las autoridades, la administración pública, pero también la sociedad civil y el sector privado para producir bienes públicos de calidad accesibles a todos. Entonces, ahí están todas las políticas públicas de seguridad, de salud, de educación, de cuidado del medio ambiente, de orden macroeconómico, de incentivos productivos, entre otros”, señaló el también director de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral.

Consultado sobre cómo el Derecho Constitucional aborda esta importante cuestión, el especialista resaltó que “hasta ahora, le había prestado poca atención a esta generación de las políticas públicas aunque sí lo había hecho a los derechos. Hemos tenido un micro derecho constitucional, porque hemos trabajado individualmente cada uno de los derechos, pero no nos hemos ocupado de los bienes públicos en los cuales se insertan estos”.

Durante la entrevista, el autor propuso un cambio que permita integrar acuerdos que sean factibles de mantenerse a largo plazo. Para ello, insistió, el mejor lugar donde se pueden trabajar en conjunto las políticas públicas que afectarán a miles de argentinos es el recinto donde mejor los representa: el Congreso.

“Es fundamental que haya una obligación de que el Poder Legislativo sesione todas las semanas y las comisiones también. Que tenga una agenda de tratamiento anual obligatorio que se deba cumplir. Entonces, eso exigiría modificaciones de los reglamentos y el modo de actuar del Poder Legislativo. Por ejemplo, que se determinen la cantidad de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que se trataran durante un año, pero no simplemente con buenos deseos o catálogo de ilusiones porque son mandas constitucionales. Y entonces, hay que juridizar la actuación del Congreso”, determinó el doctor en Derecho.

El jurista Alfonso Santiago señaló que muchos decretos del Ejecutivo, como la 125,

luego no fueron aprobados en el cuerpo legislativo.

TIEMPOS POLÍTICOS

En cada gestión gubernamental, pareciera que los intereses particulares partidarios prevalecen por sobre los de la población. Un claro ejemplo ha sido la Ley de Alquileres que estuvo varios meses sin ser tratada y ha sido duramente criticada por generar una situación insostenible para los inquilinos.

Ante este contexto, La Prensa consultó al facultativo si existía alguna forma de garantizar la concreción de las políticas públicas acordadas para un período.  “Sí -respondió-. Es posible una modificación de los reglamentos de las dos Cámaras en donde el Congreso se comprometa, en base a la reunión de los bloques, a tratar cada año desde el primero de marzo una serie de temas que necesariamente van a tener que tratar a lo largo del período en las comisiones o en el pleno”.

Luego agregó que “eso es forzar a que trabajen y que haya acuerdo y tener en claro los compromisos constitucionales y convencionales que hay que poner en marcha, con estándares que se van poniendo. Es decir, en materia de acceso al agua, decir: esta es nuestra realidad y estas son los estándares internacionales. ¿Cómo se hace este año para mejorar el sistema? Esto también se traslada a otras áreas como vivienda o lucha contra la corrupción. Muchos temas surgen de nuestra Constitución, pero también desde los tratados internacionales que permiten medir el avance que se realiza. Hay una profesionalización y un análisis cada vez más científico y mensurable de lo que deben ser los bienes públicos, que las políticas públicas están llevadas a poner en marcha”.

JUDICIALIZACIÓN

La falta de un desarrollo de políticas públicas sustentadas en un acuerdo a largo plazo, muchas veces provoca que sea la propia ciudadanía la que judicialice la falta de cumplimiento de un derecho. Sobre este punto uno de los hitos más sobresalientes fue el saneamiento del Riachuelo para la protección de la salud de decenas de personas afectadas por su contaminación.

“Hay un proceso que se llama la judicialización de la política y la Corte Suprema de Justicia ha demostrado, más allá de su buena voluntad, una impotencia en solucionar los problemas. Es decir, que no ha solucionado el tema del Riachuelo o la problemática de las cárceles en la provincia de Buenos Aires. Esto sucede porque el proceso judicial no está pensado para encarar esos problemas de política pública, está para resolver micro problemas de base. Me parece muy importante tener una visión de esto último y, según mi visión, sólo el Congreso lo puede realizar si trabaja eficientemente”, resaltó el académico.

En los últimos años, la emisión de decretos que determinaron políticas de salud o aspectos económicos, entre otros, hace resaltar la falta de consenso científico y técnico de múltiples sectores para el beneficio de la población. “Casi todas las decisiones que más impacto han tenido en la sociedad argentina en el siglo XXI han sido adoptadas por el Poder Ejecutivo y no a través del Poder Legislativo. Ejemplo de esto son el “corralito” y la pesificación de los depósitos. Después, tuvimos la 125, las retenciones que generaron un desorden, un caos muy grande. Además, el cepo cambiario y las regulaciones de pandemia, todas las cosas que más nos impactaron en los últimos años no fueron adoptadas a través del procedimiento legislativo, sino en sede del Ejecutivo. Son medidas muy fuertes que afectaron nuestra vida. No podíamos disponer de dólares, no podíamos salir de nuestra casa. Y en el caso de la 125, cuando fue al Congreso, en ese debate público, no salió. La pesificación de los depósitos no hubiese salido nunca si hubiera ido al Poder Legislativo”, sostuvo el facultativo.

Finalmente, a 40 años del regreso de la Democracia al país, aún persisten muchas deudas por saldar. Consultado al respecto, el especialista fue categórico al señalar que “todo gobierno moderno tiene desafíos en tres órdenes que son: calidad institucional, calidad de gestión e inserción en la realidad global. El primero se refiere a la división de poderes, independencia del Poder Judicial, libertad de expresión, lucha contra la corrupción y elecciones transparentes. Si para recibirse de democracia constitucional hay que aprobar 10 materias yo creo que estamos en dos o tres materias y nos faltan siete que tenemos que conseguir”.

Respecto del segundo desafío que se refiere a las políticas públicas que produzcan bienes accesibles a todos “ahí estamos muy en deuda, porque todos los parámetros de lucha contra la pobreza, de temas de productividad y de estabilidad económica, de salud, educación, entre otros, están muy pendientes”.

Al concluir, señaló que “el siglo XXI es un siglo de globalización donde las mejores posibilidades de las personas, de las organizaciones, de las empresas y del Estado no están dentro de la frontera, sino que están fuera de la frontera. Es decir, no es que nos tenemos que ir, sino que desde acá tenemos que conocer todas las posibilidades que ofrece el mundo e insertarnos con inteligencia. Ese es el tercer gran desafío”.