La última marcha universitaria del 15 de octubre, que reunió a una multitud frente al Congreso de la Nación, volvió a poner de manifiesto la profundidad del conflicto entre el Gobierno y distintos sectores de la comunidad educativa. El debate central fue el financiamiento de las universidades, la calidad de la enseñanza y el futuro de la educación superior.
La universidad pública argentina constituye una de las instituciones más valiosas del país, pero no tiene sentido defenderla mediante la violencia en vez de debatir civilizadamente y con seriedad.
Romper bancos para arrojar piedras, dañar veredas o enfrentarse violentamente con las fuerzas de seguridad no mejora el presupuesto universitario, no eleva el nivel académico ni resuelve los problemas de los estudiantes, por el contrario, desmaya los argumentos y los reemplaza por la confrontación.
Una sociedad democrática debe distinguir entre el derecho a protestar y el supuesto derecho a imponer una posición mediante la violencia. Esto no significa ignorar que el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad también debe estar sujeto a investigación cuando existen denuncias de arbitrariedades. Tampoco sería justo atribuir los actos de unos pocos a todos los que participaron pacíficamente, pero no deben minimizarse los actos violentos cuando ocurren. Lo preocupante es que en la Argentina, con demasiada frecuencia, el enfrentamiento parece haber desplazado al diálogo como si la cantidad de personas movilizadas o la magnitud de los destrozos pudieran sustituir a razonar.
DEBATE
Una democracia madura no se mide por la ausencia de conflictos, sino por su capacidad para resolverlos dentro de las normas que todos debemos respetar. La universidad necesita recursos, autonomía, calidad académica y una discusión seria sobre sus necesidades y resultados.
El Gobierno tiene la responsabilidad de fundamentar sus decisiones y cumplir las obligaciones legales que le corresponden; y los dirigentes universitarios, sindicales y políticos, por su parte, tienen la responsabilidad de sostener sus reclamos sin alentar la violencia.
Defender la universidad pública no debe impedir que se investiguen posibles irregularidades; es razonable exigir transparencia absoluta a las universidades públicas, porque administran dinero de todos los contribuyentes; también es razonable exigirle al Gobierno que presente pruebas concretas cuando acusa, y explique sus decisiones con cifras verificables.
La educación debería ser, por su propia naturaleza, una escuela de convivencia democrática. Si quienes dicen defenderla terminan aceptando la violencia como método de acción política, convendría preguntarnos qué clase de cultura cívica se está cimentando en la universidad. Cuando la violencia reemplaza a los argumentos, pierde la sociedad entera, como lo vemos reflejado más nítidamente hoy en día en Francia.
El Gobierno preocupado por uno de sus objetivos principales, no aumentar el déficit, exige controlar cómo se utilizan los fondos públicos, sostiene que hay que mejorar la transparencia del gasto universitario. Tampoco está de acuerdo, como buena parte de la sociedad, con la politización de la Universidad, cuestionando la vinculación política de algunos sectores que convocaron a las marchas, los que aprovechan cualquier manifestación opositora para intentar desestabilizar al Gobierno.
LA LEY
El conflicto también es jurídico porque el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario: la disputa se centra en su aplicación, los recursos necesarios y las decisiones judiciales relacionadas. En la mesa de discusión el Gobierno pone sobre la mesa gastos irregulares, gastos discutibles y gastos legítimos que considera excesivos.
Pretende entonces que se gaste menos pero garantizando que los estudiantes tengan la oportunidad de terminar sus carreras, cree que haciendo uso mejor de los fondos podría mejorar la administración.
Por otro lado está el tema de las agresiones a las fuerzas de seguridad. Nadie niega que la policía en oportunidades se excede en su acción, nunca será perfecta ya que el policía, como cualquier ser humano, se puede equivocar o ser corrupto.
La tarea policial es difícil y muchas veces peligrosa, tanto física como psicológicamente. Despreciarla o desconocer su necesidad revela una comprensión insuficiente de la sociedad moderna. Defender la función policial no significa aprobar todos sus actos, sino reconocer su importancia y exigir que se ejerza con responsabilidad, dentro de la ley y bajo un control adecuado. Pero es innegable que sus funciones son necesarias para mantener el orden social y proteger la convivencia.
Si bien ninguna sociedad es perfecta ni está libre de conflictos, ello no significa justificar los abusos policiales, sino reconocer que el problema existe en todas las instituciones y que lo importante es reducirlo al mínimo posible. Para ello, hace falta encontrar un equilibrio: si la policía carece de controles suficientes, aumentan los abusos, pero si se le otorga un poder excesivo, también crece el riesgo de arbitrariedad.
El desafío consiste en mantener el orden sin renunciar al respeto por la ley y los derechos individuales; en este equilibrio la responsabilidad principal recae sobre el poder político, el cual debe establecer controles eficaces, mejorar la formación policial y evitar que la fuerza pública actúe arbitrariamente.
Creo que el conflicto entre el Gobierno nacional y las Universidades públicas podría empezar a resolverse si ambas partes aceptaran algo fundamental: no tener que pensar igual para poder llegar a un acuerdo. Si el objetivo es garantizar el funcionamiento de la universidad pública, cuidar los recursos del Estado y asegurar que el dinero se utilice correctamente, no sería difícil de lograr separando las diferencias políticas de los problemas concretos.
Ambas partes tienen algo de razón, lo que lo hace menos dificultoso: el Gobierno tiene derecho a exigir responsabilidad en el uso de los fondos públicos y la Universidad tiene derecho a defender su autonomía y a reclamar los recursos necesarios para cumplir sus funciones. La Universidad debería facilitar información clara, verificable y accesible sobre sus gastos. El Gobierno, por su parte, debería aceptar auditorías realizadas por organismos competentes e independientes.
Existe, además, un punto importante en la situación actual: el 6 de octubre de 2026, un juez federal ordenó el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario. Es un problema porque se pone en juego el presupuesto y ello atenta como dijimos al control del déficit fiscal, objetivo primordial del gobierno, pero todo se podría conversar si hubiera disposición para dialogar en buenos términos sin descalificaciones de ambas partes. La educación, el buen uso del dinero público y el respeto institucional deberían ser objetivos compartidos.
“El conflicto
también es
jurídico porque
el Congreso
aprobó la Ley de
Financiamiento
Universitario”.