La soberanía no se declama: se ejerce

Mientras el Senado argentino se dispone a debatir el proyecto denominado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, miles de kilómetros al norte, en Ceuta, España vuelve a recordar que la soberanía no depende únicamente de los textos constitucionales.

Bastó una presión migratoria extraordinaria para que una frontera exterior de Europa se transformara en un problema político, policial y estratégico. Sin disparar un solo tiro, reapareció un interrogante tan antiguo como el propio Estado: ¿Quién ejerce efectivamente el control del territorio? Esa misma pregunta, con otras formas y otras circunstancias, también debería acompañar el debate argentino.

No corresponde aquí discutir los aspectos técnicos del proyecto ni ingresar en la lógica de las disputas partidarias. Esa tarea pertenece a los legisladores y a los constitucionalistas. Lo que interesa es una cuestión más profunda: ¿Qué instrumentos debe conservar una Nación para ejercer plenamente su soberanía?

La propiedad privada constituye uno de los pilares de una sociedad libre y merece la máxima protección jurídica. Pero ello no impide reconocer que el territorio posee una dimensión estratégica que trasciende el interés individual y compromete al conjunto de la comunidad política.

EL BIEN COMUN

Desde Aristóteles sabemos que la polis existe para procurar el bien común. Santo Tomás de Aquino afirmará siglos después que la propiedad privada es legítima precisamente porque favorece un mejor orden social, aunque nunca pueda desvincularse del destino de la comunidad. La tradición occidental jamás concibió la propiedad como un derecho absoluto, aislado del bien común. Esa enseñanza conserva hoy plena vigencia.

Los geopolíticos del siglo XX profundizaron esa intuición. Friedrich Ratzel comprendió que el territorio es el soporte vital del Estado. Halford Mackinder mostró que la geografía condiciona las posibilidades del poder. Nicholas Spykman explicó que el dominio de determinados espacios modifica el equilibrio internacional. Más recientemente, Raymond Aron sostuvo que la finalidad del Estado consiste en preservar su libertad de decisión, mientras André Beaufre definió la estrategia como el arte de conservar esa autonomía frente a otros actores. Colin S. Gray recordó que ninguna revolución tecnológica ha conseguido abolir la geografía. La guerra en Ucrania, la competencia entre Estados Unidos y China, la disputa por los minerales críticos y las rutas marítimas parecen darle la razón.

Entre los autores argentinos merece una mención especial Patricio H. Randle. En su obra Soberanía global advirtió tempranamente que la globalización no debía analizarse únicamente como un fenómeno económico: también podía convertirse en un proceso de desterritorialización del poder.

Cuando las decisiones estratégicas dejan de adoptarse en el ámbito nacional y el territorio comienza a percibirse solamente como un activo económico, la soberanía corre el riesgo de vaciarse de contenido. Más allá de que puedan discutirse algunos aspectos de su diagnóstico, la pregunta que plantea sigue siendo pertinente: ¿Puede un Estado ejercer plenamente su soberanía si pierde capacidad para decidir sobre sus recursos estratégicos y sobre el dominio efectivo de su territorio?

La experiencia internacional demuestra que las principales potencias no han renunciado a responder ese interrogante. Estados Unidos controla las inversiones extranjeras en sectores sensibles; Canadá protege sus minerales críticos; Australia mantiene restricciones sobre determinadas tierras rurales; China conserva un estricto control sobre el suelo. El mundo no avanza hacia la desaparición de la geopolítica, sino hacia su afirmación como disciplina que contribuye a la estrategia nacional.

La Argentina tampoco puede eludir este debate. El Atlántico Sur, la Antártida, la Patagonia, la Hidrovía, Vaca Muerta, el litio, el Acuífero Guaraní, los pasos bioceánicos y las extensas fronteras terrestres no constituyen únicamente activos económicos: son componentes permanentes del poder nacional. Por ello, la cuestión de quién adquiere, controla o influye sobre determinados espacios estratégicos no debería analizarse exclusivamente desde el derecho privado, sino también desde la estrategia nacional.

No se trata de enfrentar propiedad privada y soberanía. Ese es un falso dilema. La primera protege la libertad de las personas; la segunda, la capacidad de la Nación para decidir su propio destino. Ambas son indispensables y deben fortalecerse mutuamente.

Un Estado que no vigila sus fronteras, que no preserva sus recursos estratégicos o que renuncia a ejercer autoridad sobre su territorio difícilmente pueda garantizar, a largo plazo, los derechos de propiedad de sus ciudadanos.

Quizá esa sea la discusión que verdaderamente merece la Argentina. No si debemos optar entre mercado o Estado, sino qué capacidades estratégicas debe conservar una Nación para seguir siendo plenamente soberana. Las leyes cambian, los gobiernos pasan y las coyunturas se suceden. El territorio, las fronteras, los recursos y el poder nacional permanecen. En un mundo donde los asuntos geopolíticos han vuelto a ocupar el centro de la escena, conviene recordar una verdad que las grandes potencias nunca olvidaron: la soberanía no se declama; se ejerce.