La reforma del BCRA bajo la lupa
Por Aldo Abram*
Los aspectos anunciados por el Presidente están alineados con los objetivos centrales de la propuesta que elaboramos desde la Fundación Libertad y Progreso.
La definición de un único objetivo para el Banco Central —preservar la estabilidad del valor de la moneda— constituye uno de los pilares fundamentales de nuestra iniciativa. Nosotros proponemos que ese mandato se instrumente mediante metas de inflación. En este caso, todavía falta conocer cómo se definirá concretamente el objetivo y qué mecanismos se utilizarán para evaluar su cumplimiento, pero la orientación general es correcta.
También resulta positivo que se prohíba al Banco Central financiar al Gobierno nacional. Desde la Fundación propusimos que esa restricción incluya, además, la imposibilidad de financiar o adquirir deuda de los Estados provinciales y municipales bajo cualquier modalidad.
El anuncio se refirió específicamente a la compra de deuda en el mercado primario, es decir, durante su colocación inicial. Consideramos que la prohibición también debería alcanzar la adquisición de títulos públicos en el mercado secundario, porque esa operatoria puede convertirse en una forma indirecta de financiar al Estado y facilitar futuras colocaciones de deuda.
La modalidad planteada para la remoción del presidente y de los directores del Banco Central también parece interesante. No es idéntica a la que propusimos, pero podría ser efectiva para proteger a sus autoridades frente a eventuales presiones del Poder Ejecutivo o del Congreso destinadas a apartarlas de su mandato de preservar la estabilidad monetaria y mantener la inflación en niveles normales.
Quedan aspectos por aclarar que seguramente conoceremos cuando se publique el proyecto completo. No obstante, en términos generales, la reforma parece avanzar en línea con nuestra propuesta.
GRILLETE FISCAL
También es interesante el denominado grillete fiscal. Su principal debilidad es que, al estar establecido mediante una ley, podría ser modificado o derogado por otra norma. Incluso una ley de presupuesto podría habilitar excepcionalmente un resultado deficitario.
De todos modos, mientras la disposición se encuentre vigente, la suspensión del pago de salarios a los funcionarios políticos del Poder Ejecutivo y a los legisladores funcionaría como una sanción frente al incumplimiento del equilibrio fiscal. Además, obligaría a quienes pretendan aprobar un déficit a explicarlo, debatirlo públicamente y asumir el correspondiente costo político.
Es importante destacar la aclaración realizada por el Presidente respecto de los servicios esenciales. Ante una situación de déficit, no se interrumpirían las funciones vinculadas con la seguridad, la defensa, la salud, las jubilaciones ni los subsidios. La suspensión salarial alcanzaría a los funcionarios políticos, a los legisladores y a los empleados públicos que no se encuentren afectados a tareas esenciales. Quedará por conocer si la medida también comprenderá a funcionarios políticos del Congreso que no ocupan bancas legislativas.
En cuanto a las restantes normas anunciadas, como las relacionadas con las colocaciones de bonos y el régimen de seguros, será necesario conocer más detalles.
En líneas generales, parecen avanzar en el sentido de la desregulación que desde la Fundación venimos proponiendo al Ministerio de Desregulación, en coordinación con la Comisión Nacional de Valores y los organismos encargados de supervisar a las aseguradoras y a otros inversores institucionales.
* Director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso.