Poco antes de establecer que corresponde al Congreso de la Nación Argentina “proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio”, la Constitución Nacional señala que también es una obligación de la misma institución parlamentaria proveer lo conducente “al progreso económico con justicia social” (CNA, art. 75, inc. 19).
La mención expresa de la justicia social o justicia del bien común es por demás significativa. Ella comprende, conjuntamente, la justicia legal y la justicia distributiva, es decir, esa inclinación de la voluntad humana de dar a la comunidad todo lo que le pertenece (legal) y aquella que obliga a repartir los bienes y las cargas proporcionalmente entre los miembros de la comunidad (distributiva).
Además, importa destacar que la expresión “con justicia social” está vinculada al progreso económico. Como resulta conocido, el desarrollo de las actividades económicas y el crecimiento de la producción “están destinados a satisfacer las necesidades de los seres humanos. La vida económica no tiende solamente a multiplicar los bienes producidos y a aumentar el lucro o el poder; está ordenada ante todo al servicio de las personas, del hombre entero y de toda la comunidad humana. La actividad económica dirigida según sus propios métodos, debe moverse no obstante dentro de los límites del orden moral, según la justicia social” (Catecismo de la Iglesia Católica, 2426).
Tampoco debe perderse de vista que quien está obligado a proveer lo conducente al “progreso económico con justicia social” es el mismo Congreso de la Nación, es decir, uno de los poderes del Estado. Esto significa, entre otras cosas, que la mentada justicia social es un principio a partir del cual se debe legislar a fin de “afianzar la justicia” conforme el Preámbulo de la misma Constitución Nacional Argentina. La justicia social no es una opción partidaria, frentista o de coalición: forma parte de la identidad del Estado argentino con independencia de cuál sea el partido político que llegue al poder.
UN SISTEMA ECONÓMICO
De esta manera, puede apreciarse cómo no tiene sentido hablar de un capitalismo sin justicia social. El capitalismo es un sistema económico –otra cosa es concebirlo como un estilo de vida–. Como tal, cuenta con su propia lógica pero no resulta algo extraño a la vida humana que se regula –la ley es regla– por la moral. Suponiendo relaciones económicas, el capitalismo, en lo inmediato, debe ser regulado por la justicia conmutativa –dar al otro par lo que le corresponde: un kilo de pan por un pago justo–. En este intercambio, además de la llamada “ley” de la oferta y de la demanda, rige también la de la reciprocidad de los cambios. Estas relaciones económicas que se dan en el mercado se efectivizan en la sociedad no meramente comercial sino política cuyo fin es el bien común. Por esto las realidades económicas, sin perder su propia naturaleza, también son regladas por el bien común político. Quedan contenidas por la justicia legal y la distributiva. En definitiva, por la justicia social.
Así puede comprenderse mejor una distinción que debería marcar una diferencia al momento de diseñar políticas públicas que busquen el progreso económico con justicia social: una cosa es entender el capitalismo como “un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción, de la libre creatividad humana en el sector de la economía” y otra como “un sistema en el cual la libertad, en el ámbito económico, no está encuadrada en un sólido contexto jurídico que la ponga al servicio de la libertad humana integral y la considere como una particular dimensión de la misma, cuyo centro es ético y religioso” (Juan Pablo II, Centesimus Annus, 42).
Con un orden económico animado por la justicia social, el deber del poblamiento del territorio argentino que tiene el Congreso de la Nación resultaría algo más que una mera expresión al uso de los comentadores de textos. El progreso económico con justicia social implica, entre otras realidades, la difusión de la propiedad privada y familiar, la generación de trabajo, la vivienda familiar, la educación y, no menos importante, el arraigo. Como señala Ignacio Garda Ortiz en ‘Gobernar para las familias’, cuando se dice población se trata de “familias arraigadas en un territorio que establecen relaciones de vecindad, de oficio, de trabajo, que tienen afinidades sociales y culturales, que participan activamente en las cuestiones que tienen que ver con el bien común local y que pretenden estar bien representadas”.
Al servicio de las familias debe ponerse cualquier sistema económico incluido el capitalista. Solamente podrá hacerlo si en la vida de los pueblos reina la justicia social.
La mención expresa de la justicia social o justicia del bien común es por demás significativa. Ella comprende, conjuntamente, la justicia legal y la justicia distributiva, es decir, esa inclinación de la voluntad humana de dar a la comunidad todo lo que le pertenece (legal) y aquella que obliga a repartir los bienes y las cargas proporcionalmente entre los miembros de la comunidad (distributiva).
Además, importa destacar que la expresión “con justicia social” está vinculada al progreso económico. Como resulta conocido, el desarrollo de las actividades económicas y el crecimiento de la producción “están destinados a satisfacer las necesidades de los seres humanos. La vida económica no tiende solamente a multiplicar los bienes producidos y a aumentar el lucro o el poder; está ordenada ante todo al servicio de las personas, del hombre entero y de toda la comunidad humana. La actividad económica dirigida según sus propios métodos, debe moverse no obstante dentro de los límites del orden moral, según la justicia social” (Catecismo de la Iglesia Católica, 2426).
Tampoco debe perderse de vista que quien está obligado a proveer lo conducente al “progreso económico con justicia social” es el mismo Congreso de la Nación, es decir, uno de los poderes del Estado. Esto significa, entre otras cosas, que la mentada justicia social es un principio a partir del cual se debe legislar a fin de “afianzar la justicia” conforme el Preámbulo de la misma Constitución Nacional Argentina. La justicia social no es una opción partidaria, frentista o de coalición: forma parte de la identidad del Estado argentino con independencia de cuál sea el partido político que llegue al poder.
UN SISTEMA ECONÓMICO
De esta manera, puede apreciarse cómo no tiene sentido hablar de un capitalismo sin justicia social. El capitalismo es un sistema económico –otra cosa es concebirlo como un estilo de vida–. Como tal, cuenta con su propia lógica pero no resulta algo extraño a la vida humana que se regula –la ley es regla– por la moral. Suponiendo relaciones económicas, el capitalismo, en lo inmediato, debe ser regulado por la justicia conmutativa –dar al otro par lo que le corresponde: un kilo de pan por un pago justo–. En este intercambio, además de la llamada “ley” de la oferta y de la demanda, rige también la de la reciprocidad de los cambios. Estas relaciones económicas que se dan en el mercado se efectivizan en la sociedad no meramente comercial sino política cuyo fin es el bien común. Por esto las realidades económicas, sin perder su propia naturaleza, también son regladas por el bien común político. Quedan contenidas por la justicia legal y la distributiva. En definitiva, por la justicia social.
Así puede comprenderse mejor una distinción que debería marcar una diferencia al momento de diseñar políticas públicas que busquen el progreso económico con justicia social: una cosa es entender el capitalismo como “un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción, de la libre creatividad humana en el sector de la economía” y otra como “un sistema en el cual la libertad, en el ámbito económico, no está encuadrada en un sólido contexto jurídico que la ponga al servicio de la libertad humana integral y la considere como una particular dimensión de la misma, cuyo centro es ético y religioso” (Juan Pablo II, Centesimus Annus, 42).
Con un orden económico animado por la justicia social, el deber del poblamiento del territorio argentino que tiene el Congreso de la Nación resultaría algo más que una mera expresión al uso de los comentadores de textos. El progreso económico con justicia social implica, entre otras realidades, la difusión de la propiedad privada y familiar, la generación de trabajo, la vivienda familiar, la educación y, no menos importante, el arraigo. Como señala Ignacio Garda Ortiz en ‘Gobernar para las familias’, cuando se dice población se trata de “familias arraigadas en un territorio que establecen relaciones de vecindad, de oficio, de trabajo, que tienen afinidades sociales y culturales, que participan activamente en las cuestiones que tienen que ver con el bien común local y que pretenden estar bien representadas”.
Al servicio de las familias debe ponerse cualquier sistema económico incluido el capitalista. Solamente podrá hacerlo si en la vida de los pueblos reina la justicia social.