Argentina Economy
El texto vigente, aprobado en 2012, es parte integrante del desastre económico, social, moral y conceptual que provocó el kirchnerismo. Por eso, debe celebrarse su modificación.
La reforma propuesta parte de principios sanos: la política monetaria solo buscará preservar el valor de la moneda, prohíbe financiar al Tesoro, dificulta la remoción del presidente, vice y miembros del directorio del BCRA, restringe el pago de dividendos al gobierno y veta la trampa kirchnerista de las Letras Intransferibles con la cual vaciaron las reservas de la entidad monetaria.
Entiendo que el actual artículo 7 se mantendrá sin cambios (“El presidente, el vicepresidente y los directores serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado de la Nación; durarán seis años en sus funciones pudiendo ser designados nuevamente.”). Si fuera por mí, reafirmaría la independencia del BCRA con mandatos más extensos (10 años) y la renovación escalonada (uno cada dos años), para que ningún gobierno pueda tener “su” BCRA.
El proyecto fue presentado por el presidente como parte de una modificación global de la estructura financiera y fiscal: nueva Carta Orgánica + “grillete fiscal” (que es la práctica prohibición del déficit fiscal) + cambios en los mercados de capitales y de seguros, lo que aumenta su coherencia e importancia.
UN PAIS INCUMPLIDOR
Con todo, el proyecto adolece de un único, pero crucial, problema: está pensado para ser aplicado en Argentina, un país caracterizado por el incumplimiento de la ley, la incontinencia fiscal y el descontrol monetario.
En la presentación del proyecto, Milei señaló que la inflación acumulada desde la creación del BCRA es de 12,8 trillones por ciento. Eso equivale a una tasa media anual de inflación de 54,2% durante 91 años. Una inflación media inmoralmente elevada, que incluye un período de 20 años en el que la Carta Orgánica decía que “es misión primaria y fundamental del BCRA preservar el valor de la moneda”.
La nueva Carta Orgánica podría ser dentro de unos años otro intento fracasado de ordenar la cuestión monetaria: por buena que sea la reforma propuesta, una nueva ley podría derogarla. Dados estos antecedentes, necesitamos algo más sólido, algo que no pueda revertirse por un cambio circunstancial de mayorías parlamentarias.
Ese algo es la dolarización: fijar el dólar como moneda de curso legal. También serviría declarar que cualquier moneda pactada libremente entre las partes sea de curso legal, incluso para pagar impuestos (el matiz, en la Argentina de hoy, es teórico, porque la moneda que eligieron los argentinos, hace ya muchos años, es el dólar).
Cuando la gente cobre sus salarios y pensiones en dólares, y todos los depósitos bancarios sean en dólares, no podrá venir un nuevo Duhalde a pesificar, porque sería obligar a la gente a entregar sus dólares a cambio de papelitos de colores. Eso implicaría un costo político que ningún demagogo se atrevería a pagar. Ahí radica la “magia” de la dolarización: haría converger los intereses de la gente (usar y mantener sus dólares) con los de los políticos (no se atreverían a pesificar para no perder votos).
De hecho, el propio presidente Milei accedió al gobierno prometiendo dolarizar. Una meta que no sabemos si ha sido definitivamente dejada de lado o si solo está siendo postergada. Una alternativa que, aunque pronto tengamos una Carta Orgánica muchísimo mejor, convendría no olvidar.
* Economista.