Estados Unidos, la principal potencia capitalista del mundo, controla inversiones extranjeras cuando afectan su seguridad.
Por Fernando León *
Peter Lamelas, embajador de los Estados Unidos en la Argentina, puso sobre la mesa un problema que nuestro país todavía no ha respondido como Estado: quién define las reglas de seguridad nacional cuando están en juego Vaca Muerta, sus redes y sus datos.
Lamelas fue contundente. No puede haber inversiones estadounidenses de largo plazo en Vaca Muerta si las redes, la información y la infraestructura crítica quedan expuestas a tecnologías que Washington considera vinculadas a los intereses del Partido Comunista Chino. No habló simplemente de comercio. Habló de seguridad nacional. Las compañías norteamericanas, advirtió, necesitan redes confiables para invertir.
Desde entonces, el conflicto entre la Embajada estadounidense y CALF comenzó a desescalarse. Hubo diálogo e intervención política provincial. Bienvenido sea. Pero la distensión no resuelve la cuestión de fondo.
La pregunta es: ¿dónde está el Estado nacional?
Frente a uno de los grandes conflictos del siglo XXI -datos, telecomunicaciones, inteligencia artificial e infraestructura crítica- seguimos sin una doctrina clara sobre proveedores tecnológicos sensibles. Un Gobierno que comprende lo que está en juego y, sin embargo, practica esa vieja especialidad criolla de hacerse el distraído frente a una cuestión que cualquier potencia seria resolvería mediante reglas explícitas.
LIMITE DE LA MOTOSIERRA
Aquí aparece el límite de la motosierra. Una cosa es destruir burocracia, privilegios, cajas políticas y organismos inútiles. Otra muy distinta es destruir las capacidades que permiten al Estado cumplir funciones que ningún mercado puede asumir: defensa, inteligencia, ciberseguridad, telecomunicaciones, energía e infraestructura crítica.
Estados Unidos, la principal potencia capitalista del mundo, controla inversiones extranjeras cuando afectan su seguridad, restringe tecnologías sensibles y protege semiconductores, defensa, energía, datos y redes esenciales.
Eso no es estatismo. Es poder. El libre mercado es una formidable herramienta para generar riqueza, pero no tiene doctrina de defensa, no distingue aliados de adversarios, no protege secretos nacionales y no tiene bandera. Trump tampoco gobierna así. Estados Unidos no entrega su seguridad nacional al mejor postor ni permite que el proveedor más barato decida quién entra a sus redes críticas.
La Argentina debería aprender precisamente de su principal aliado: menos Estado donde sobra, sí; pero un Estado moderno, activo y extremadamente fuerte allí donde se juega la soberanía.
VACA MUERTA
Vaca Muerta no es solamente petróleo y gas. Es fibra óptica, centros de datos, sensores, software industrial, inteligencia artificial, comunicaciones y millones de datos sensibles. Por eso, la discusión sobre Huawei no consiste simplemente en determinar qué proveedor ofrece el mejor precio, sino quién puede acceder a la arquitectura digital de uno de los activos económicos y geopolíticos más importantes del país.
Y el debate ya excede Neuquén. La Provincia de Buenos Aires adjudicó a Huawei sistemas de almacenamiento energético vinculados a distintos nodos de su red eléctrica. El problema no es afirmar que una batería constituya por sí misma una amenaza, sino que la Argentina carece de criterios nacionales para determinar cuándo una contratación comercial, por su conectividad, software, acceso a datos o vinculación con una red crítica, pasa a convertirse también en una cuestión de seguridad.
Esa respuesta debería darla el Estado argentino. Pero frente al abandono y la reducción deliberada de capacidades que deberían ser indelegables -impulsada por un Presidente que llegó a definirse como “el topo” que destruye el Estado desde adentro- es de caballeros reconocer y agradecer que Peter Lamelas haya advertido sobre un riesgo que nosotros mismos deberíamos estar evaluando: la penetración tecnológica del Partido Comunista Chino, a través de empresas que Washington considera vinculadas a sus intereses, sobre redes capaces de transportar información sensible.
No se trata de aceptar sin discusión la posición de una embajada extranjera. Se trata de cumplir estándares mínimos de ciberseguridad que una Nación seria debería establecer por sí misma, mucho más cuando la Argentina se proclama aliada de Estados Unidos en seguridad y defensa.
OTRA PARADOJA
El episodio de Neuquén deja además otra paradoja. La política provincial pudo descomprimir el conflicto, pero una cuestión vinculada con infraestructura crítica terminó siendo advertida desde Washington antes de que existiera una respuesta clara del Estado nacional.
Las provincias tienen el dominio de sus recursos naturales y competencias que deben ser respetadas. Pero cuando decisiones sobre redes, energía, tecnología o activos mineros afectan la seguridad nacional, la relación con nuestro principal aliado o facilitan la penetración de China sobre sectores sensibles de nuestra economía, el problema deja de ser exclusivamente provincial.
Neuquén administra su conflicto. Buenos Aires contrata tecnología Huawei. La presencia china avanza sobre recursos mineros decisivos para las próximas décadas. Sin una doctrina nacional que establezca límites y criterios comunes, cada gobernador termina actuando como una suerte de pequeño presidente frente a empresas y capitales que, en el caso chino, forman parte de una estrategia de expansión económica, tecnológica y geopolítica mucho más amplia.
EL VERDADERO RIESGO
Ese es el verdadero riesgo: no el federalismo, sino la fragmentación de una responsabilidad nacional por ausencia de liderazgo del Poder Ejecutivo. Las provincias pueden ser dueñas de sus recursos; la vulnerabilidad derivada de su explotación, de las tecnologías que los administran o de quienes controlan su infraestructura puede comprometer a toda la Nación.
Estados Unidos debe encontrar en la Argentina un aliado confiable. China, en cambio, debe encontrar un país capaz de comerciar con ella sin permitir que esa relación derive en dependencia o penetración sobre activos esenciales. Porque cuando el Estado nacional renuncia a fijar criterios no aparece mágicamente la libertad: aparece un vacío. Y los vacíos de poder siempre son ocupados por alguien.
China lo sabe. Beijing integra financiamiento, infraestructura, telecomunicaciones, tecnología, recursos naturales y política exterior dentro de una misma concepción de poder. Mientras tanto, nosotros fingimos demencia.
La contradicción es especialmente incómoda para Javier Milei. El Presidente proclamó una alianza con Estados Unidos y construyó una relación privilegiada con Donald Trump. Entonces hay que hacer una pregunta elemental: ¿qué significa ser aliado?
No podemos abrazar a Trump, recurrir a Washington cuando necesitamos respaldo y luego jugar a no darnos por enterados cuando nuestro principal aliado advierte que determinada infraestructura puede comprometer sus inversiones y su seguridad. Las alianzas no se construyen con fotografías. Se construyen con confianza, previsibilidad y reciprocidad.
LA VIEJA POLITICA
Sin embargo, el Gobierno empieza a reproducir uno de los peores hábitos de la vieja política: proclamar Occidente mientras evita incomodar a China; invocar a Trump mientras aplica una versión del libre mercado que ni siquiera Trump aplicaría a la seguridad nacional de Estados Unidos.
Todo esto sucede después de que el Banco Central renovara con el Banco Popular de China el swap por 130.000 millones de yuanes y extendiera su vigencia a cinco años. Argentina puede y debe comerciar con China. El problema comienza cuando comercio, financiamiento, infraestructura, tecnología y recursos naturales se superponen hasta reducir nuestro margen de decisión. Entonces ya no hablamos solamente de economía. Hablamos de poder y dependencia.
Un Estado argentino debilitado frente a un Estado chino que utiliza plenamente sus capacidades políticas, financieras y tecnológicas no produce más libertad: produce asimetría. Desarmar nuestras capacidades mientras Beijing despliega las propias no es liberalismo. Es indefensión. Y la indefensión nunca puede ser una política de Estado.
Goethe dejó en Fausto una metáfora extraordinaria sobre el precio de ciertos pactos. El acreedor inteligente no siempre necesita ejecutar la deuda; a veces le resulta más útil conservar al deudor.
Argentina puede comerciar con China y mantener una relación madura con Beijing. Lo que no puede hacer es hipotecar su libertad de decisión para evitar incomodar al Partido Comunista Chino, mucho menos mientras reclama de Estados Unidos inversiones, respaldo político, seguridad regional y asistencia financiera. El conflicto entre CALF y la Embajada puede descomprimir. El problema de fondo permanece intacto.
Peter Lamelas ya hizo la advertencia. Ahora tiene que responder el Estado argentino. Y debería hacerlo antes de que descubramos, como Fausto, que el problema nunca fue cuánto debíamos a la China del Partido Comunista, sino cuánto de nuestra libertad habíamos entregado para seguir debiendo.
* Presidente de la fundación Diplomacia Ciudadana.