Por Carlos Lionel Traboulsi *
El diagnóstico correcto, el remedio tramposo. La República Argentina se encuentra ante una encrucijada histórica. En las páginas del proyecto de ley INLEG 90507944 y en las planillas del Presupuesto General de la Nación remetidos al Congreso Nacional recientemente, el Poder Ejecutivo pretende vender una modernización doctrinaria que, bajo un examen técnico e independiente, no es más que una maniobra de distracción política: un humo ejecutivo diseñado para obtener aire electoral en el corto plazo, a costa de hipotecar la verdadera soberanía nacional en el Atlántico Sur.
A primera vista, la iniciativa ensaya un diagnóstico seductor. Pretende actualizar la Ley N.º 23.554 de Defensa Nacional de 1988 -pensada para hipótesis de conflicto bélico convencional del siglo XX- e incorporar las llamadas "amenazas híbridas": ciberdefensa, protección del espacio electromagnético y salvaguarda de infraestructuras críticas. Otorga respaldo legal al Comando Conjunto Marítimo para el control del paso inocente e intenta endurecer el marco de sanciones contra la exploración ilegal de recursos en las Islas Malvinas y la plataforma continental.
Sin embargo, detrás de esta fachada normativa se esconde una arquitectura incoherente, desfinanciada y normativamente peligrosa. El proyecto no otorga a las Fuerzas Armadas los medios ni el presupuesto para defender las fronteras marinas; por el contrario, crea un aparato burocrático centralizado en la Casa Rosada, le concede atribuciones a los servicios de inteligencia (SIDE) para operar hacia el interior del país y posterga indefinidamente la presencia real de la Argentina en su Atlántico Sur.
LA TRAMPA DEL PRESUPUESTO
Cualquier política de Estado se define en su partida presupuestaria. El articulado de una ley de defensa sin financiamiento asegurado es mero lirismo o, peor aún, propaganda engañosa.
El proyecto identificado como INLEG 90507944 impone en su Artículo 80 la obligación perentoria de identificar, clasificar y proteger la totalidad de las infraestructuras críticas del país en un plazo de 6 meses, creando un Sistema Integrado de Información, despliegues de ciberdefensa, cobertura de radar y presencia naval continua. No obstante, la Ley de Presupuesto contigua le asigna al área de Defensa un total de $5,2 billones (U$S 3.009 millones), de los cuales solo $1,3 billones (U$S 750 millones) se destinan al gasto operativo y de funcionamiento.
El colapso de la operatividad naval e hiperinflación en divisas: Pretender monitorear el espacio aéreo y marítimo nacional con U$S 750 millones anuales es una quimera. La mera operatividad, combustible y mantenimiento de los cuatro patrulleros oceánicos (OPV) y de las aeronaves de exploración P-3 Orion consumen la totalidad de esa partida. Mientras se anuncian autorizaciones de endeudamiento por U$S 3.500 millones para adquirir buques y submarinos, el presupuesto no destina un solo peso real para su pago en los años venideros.
El vaciamiento del capital humano: El incremento nominal en la partida de salarios para el personal militar representa menos de la mitad de la inflación acumulada en dólares. Esta asimetría erosiona dramáticamente el poder adquisitivo de los efectivos militares.
>PELIGRO INSTITUCIONAL
El aspecto más alarmante del proyecto no radica en lo que promete y no puede pagar, sino en lo que sí puede ejecutar de inmediato: la concentración de poder institucional.
La SIDE en el núcleo resolutivo: El Artículo 49 crea el Consejo de Seguridad Nacional, incorporando orgánicamente a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Le otorga la facultad de definir la Política de Inteligencia para las Fuerzas Armadas y los organismos públicos, pudiendo requerir información con carácter obligatorio a cualquier entidad pública o privada.
Medidas urgentes sin resguardo judicial: El Artículo 100 establece que las "medidas urgentes" dictadas por el Consejo no suspenderán sus efectos ante la presentación de recursos judiciales por parte de los afectados.
Desdibujamiento de la Seguridad Interior: El Artículo 102 altera la doctrina histórica que desde 1983 separó la Defensa Nacional de la Seguridad Interior, al encargarle a las Fuerzas Armadas la "protección de Infraestructuras Críticas de interés nacional frente a riesgos internos y externos".
Se configura así una paradoja constitucional: mientras el Estado declara no tener recursos para colocar buques en la Milla 200 o financiar buques oceanográficos para la ciencia marina, sí construye una superestructura con capacidad de control, fiscalización y sanción sobre puertos, pesqueras, empresas privadas y administraciones provinciales en el territorio continental. Se crea una ley para vigilar adentro, no para defender afuera.
LAS GRANDES OMISIONES
El texto presentado revela una profunda miopía respecto de la geopolítica del siglo XXI y las verdaderas dimensiones del territorio argentino.
El abandono de la Milla 350: Aunque la Argentina extendió formalmente los límites exteriores de su Plataforma Continental hasta la Milla 350 (tras el aval de la CONVEMAR y la Ley N.º 27.557), el proyecto limita la potestad de interdicción y sanción del Comando Conjunto Marítimo a la Zona Económica Exclusiva (Milla 200). Deja en una laguna jurídica la capacidad de detener y sancionar la depredación de los recursos del lecho y subsuelo marino (especies sedentarias y minerales) en la franja extendida.
Incapacidad frente a infraestructuras críticas en el mar: Al no proyectar la capacidad sancionatoria y de fiscalización naval hasta la Milla 350, la norma deja desprotegido al Estado ante proyectos de infraestructura submarina no autorizados - como el eventual tendido de cables de fibra óptica desde Montevideo hacia las Islas Malvinas atravesando el subsuelo de la plataforma continental argentina - que busquen consolidar la conectividad del enclave británico.
Ignorancia del patrimonio biotecnológico: En la era del conocimiento, la verdadera riqueza del fondo marino no se limita a la pesca o los hidrocarburos, sino que abarca la biodiversidad genética y la bioprospección. Las enzimas y organismos extremófilos que habitan el suelo bentónico son la base de la biomedicina y la farmacología global del futuro. El proyecto omite cualquier referencia a la bioseguridad marina o a la protección de los recursos genéticos, permitiendo que buques extranjeros secuestren información científica intangible sin contralor nacional.
LLAMADO A LOS LEGISLADORES
Señores Legisladores de la Nación: no se dejen encandilar por títulos grandilocuentes ni por promesas escritas sobre papel mojado. Votar este proyecto de ley junto con el presupuesto nacional presentado equivale a ratificar una política de Estado de sumisión y desmantelamiento operativo.
Argentina no es solo una pampa húmeda orientada al continente; Argentina es una potencia marítima y bicontinental. Argentina es marítima.
El camino no es la burocracia centralizada ni el control de inteligencia interna bajo fondos reservados. El único camino soberano es Argentina Azul:
1. Rechazar el proyecto INLEG 90507944 y exigir el retiro de las cláusulas que vulneran la separación entre Defensa y Seguridad Interior, o que subordinan las Fuerzas Armadas a la inteligencia estatal.
2. Crear un Fondo Nacional de la Defensa y del Mar, de asignación específica e inmodificable (porcentaje directo del PBI), destinado a garantizar días de navegación, horas de vuelo, recomposición salarial real de los cuadros y equipamiento disuasivo de última tecnología. Correlación entre la Conciencia Situacional y la verdadera respuesta de poder de las fuerzas armadas.
3. Dotar al Comando Conjunto Marítimo de facultades punitivas plenas hasta la Milla 350, protegiendo de forma efectiva el lecho, el subsuelo y las infraestructuras críticas del Atlántico Sur.
4. Financiar la ciencia oceánica (Inidep, Conicet, Pampa AZUL, etc), dotando a la Nación de buques de investigación y laboratorios de biotecnología para ejercer soberanía sobre los recursos genéticos de nuestra plataforma.
La Patria no se defiende con discursos ni con leyes administrativas de emergencia. Se defiende con presencia marítima, con ciencia rigurosa, con equipamiento militar disuasivo y con marinos personal de las fuerzas armadas bien remunerados navegando en el mar, surcando nuestros cielos y protegiendo nuestro continente. Rechacen la mentira del humo elctoral que manda el Poder Ejecutivo y voten, de una vez por todas, por la verdadera soberanía de una Argentina Azul y Bicontinental.
* Abogado, diplomado en Relaciones Internacionales; miembro del Instituto de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional; Fundador y Presidente de la Fundación Argentina Azul.